Si hay algo que nos une a todos sin excepción, es el rechazo a la violencia que desangra las familias venezolanas en todos los estratos sociales, con mayor intensidad en las barriadas más pobres. El desarrollo social y humano, además de requerir garantías legales que regulen la convivencia civilizada, requiere condiciones objetivas que lo hagan posible. Al ampliarse la brecha entre el derecho y el hecho, van perdiendo legitimidad las instituciones del Estado y cualquier proyecto político con propósito transformador. Se ha venido creando una peligrosa percepción colectiva de inseguridad y vulnerabilidad permanente ante las acciones cotidianas del hampa, generando escepticismo y desesperanza.
La inseguridad es un monstruo de mil cabezas, para cuya destrucción se requieren voluntad política, constancia, recursos y la aplicación de una estrategia que tenga en cuenta sus causas estructurales. No obstante, como ha sugerido la Fiscal General, en ese esfuerzo es esencial la coordinación de todos los componentes del Estado y la participación de la sociedad en su conjunto sin distinciones políticas e ideológicas. Es por ello que el tema de la violencia debe asumirse como un asunto de estado, colocándolo al margen de la diatriba política y la manipulación mediática.
Es un problema que no pueda “esperar” hasta que se logren las condiciones sociales óptimas que lo minimicen. Aunque, por su naturaleza debe abordarse progresivamente en sus dimensiones preventivas y correctivas, en el corto y largo plazo, atacando sus causas estructurales, pero a la vez, enfrentando sin tregua los focos y las cadenas reproductoras del cáncer del delito, particularmente las del narcotráfico, el sicariato y el secuestro.
La consolidación de la revolución pasa por la reducción de la violencia. Un triunfo temprano en la confrontación contra el crimen, ampliaría considerablemente su base política y social, al lograrse la estabilidad para hacerla viable. Necesitamos con urgencia la aplicación de una política de seguridad integral y eficaz, sustentada en el Poder Popular y en un amplio movimiento social que nos agrupe en una lucha de “todos por la vida”.
