Bajo el nivel del mar

Abril sigue pendiente

Cuánta tela por cortar. Cuántas cosas por decir. Cuánto que desmentir. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántas sentencias hacen falta para reivindicar a los caídos? ¿Cuántos padres y madres… cuántas esposas y cuántos hijos siguen llorando a sus muertos? Cuántas cosas sucedieron de verdad aquel abril de 2002… cuántas de mentira. Se habla de Golpe de Estado, aunque por ello no se haya podido enjuiciar a nadie. A los tres primeros condenados se les culpa de homicidio. Pero… ¿Qué hay del resto de las culpas? Esta es la pregunta. La oposición ya tiene sus santos… Las tres divinas personas: Forero, Simonovis y Vivas. Como diría Alberto Nolia: “estudiantes y deportistas”. Sugiero que todos –los que estamos y los que no estamos de acuerdo- reflexionemos en frío la decisión de sentenciar a estos tres. La oposición con ese inmenso rabo de paja no debería acercarse a la candela y los que, no se consideran oposición deberían guardar la lástima para los muertos; lisiados; huérfanos; viudas y viudos; madres y padres sin hijos… y demás víctimas de estos tres hampones y el resto de los responsables de la decena de delitos que describo a continuación.

     Empecemos por hablar del complot. Según la Academia de la Lengua Española significa “Acuerdo secreto para hacer algo, especialmente si es ilícito o perjudicial para otros”. Todos sabemos que esto fue lo que se inició desde diciembre del año 2001 con aquella manifestación opositora en contra de las medidas de la Revolución para reivindicar el derecho a la tierra. Desde entonces la oposición venezolana comienza a trabajar de forma ilícita. ¿Conspiración? Veamos que dice el mismo diccionario: “Aliarse contra alguien o algo, especialmente contra una autoridad”. ¿Quiénes son y dónde están entonces los conspiradores?

     Estamos seguros que casi todos los que participaron en esta conspiración lo hicieron de manera activa… sin embargo, otorguemos el beneficio de la duda y pensemos que algunos sólo fueron cómplices.  Complicidad: “Cooperación o participación en la comisión de un delito”, es lo que aparece como definición de este término. ¿Dónde está la sanción para estos cooperadores de delitos? O es que, ¿todavía no se sabe quiénes son? El sol nos encandila  y seguimos creyendo que es de noche. Los cómplices siguen conspirando a la luz de todos, mientras muchos siguen con sus gafas oscuras pretendiendo evitar la claridad de los hechos.

     Mientras tanto, persiste la incitación al delito de violentar la estabilidad del país, desconociendo a la autoridad legal, legítima y democráticamente escogida; vilipendiando nacional e internacionalmente al Gobierno y manteniendo una permanente “guarimba” de distintas formas para intentar   derrocar al Presidente Chávez y al pueblo que lo acompaña… como sucedió el 11 de abril de 2002, cuando gracias al bien armado complot la conspiración apoyada en la complicidad de las empresas mediáticas logró su cometido y sacó al Jefe de Estado del cargo. El derrocamiento se consumó cuando el Comandante Chávez abandonó el Palacio de Miraflores secuestrado por los conspiradores. Unos dieron las órdenes… otros las cumplieron. Ambos son responsables del delito de Secuestro, es decir, “Detener y retener por la fuerza a una o a varias personas para exigir dinero u otra contraprestación a cambio de su liberación”. La lengua española es clara en su definición: “detener y retener por la fuerza”. Eso fue lo que sucedió. El Presidente no se fue por iniciativa propia. No fue una situación de rehén… fue un secuestro, porque la contraprestación solicitada fue la renuncia. Además de que se amenazó con bombardear el Palacio de Gobierno. El presidente cedió a entregarse “para evitar mayor derramamiento de sangre”, como él mismo lo dijo ese día… y como ya lo había hecho el cuatro de febrero de 1992. La pregunta ahora es: ¿Dónde están los secuestradores a los que un grupo de jueces sin escrúpulos  atribuyó la virtud de estar “preñados de buenas intenciones”? La “gestación” anuló la evidente comisión del delito de secuestro. ¿Qué pasaría si un tribunal dijera que las FARC están preñadas de buenas intenciones, porque su objetivo es solicitar que se instaure en Colombia la igualdad de oportunidades y el equilibrio social y económico? Se acabaría entonces el problema en nuestra hermana República.

     Una vez secuestrado el Primer Mandatario Nacional, se planificó su asesinato, es decir el Magnicidio. Eso lo ha declarado el propio Presidente en varias ocasiones. ¿Dónde están las investigaciones al respecto? ¿O es que acaso en las leyes nacionales e internacionales se tipifica sólo el delito de Magnicidio, pero no el de “intento de magnicidio”? De eso está de testigo no sólo el Presidente, sino los soldados y civiles que presenciaron y participaron por instrucciones superiores en la planificación de la ejecución. ¿Dónde están los responsables de esta cobarde decisión? ¿A quienes se ha interrogado para procesar esta denuncia hecha pública por el propio Comandante Chávez?

     ¡Pero bueno! gracias a algunos soldados patriotas y valientes que arriesgaron sus vidas para salvar la del Jefe de la Revolución, el Magnicidio no se llevó a cabo. Pero… ¿dónde están los procesos judiciales por usurpación en contra de los que se autodenominaron Ministros; Viceministros; Embajadores; Fiscales; Contralores; presidente de PDVSA; y demás cargos? Porque el de Presidente de la República no fue el único cargo usurpado. La misma fuente académica que hemos venido citando dice que: Usurpar es “1.- Apoderarse de un bien o derecho ajeno, generalmente por medios violentos. 2.- Apoderarse de la dignidad, empleo u oficio de otro y usarlos como si fueran propios”. Estos delincuentes cometieron el delito en su doble acepción: apoderarse de un gobierno ajeno a ellos de forma violenta y burlarse de la dignidad del pueblo.

     La perla mayor de esta serie de delitos cometidos en tan sólo cuarenta y siete horas, es sin duda el Golpe de Estado que, se cumplió cuando precisamente se eliminó la institucionalidad y el derecho de elección popular, diciéndole a la gran mayoría de electores que, su voto quedaba confiscado y que los alcaldes, gobernadores y diputados que había elegido quedaban destituidos de manera arbitraria. Todos recordamos  -y debemos seguirlo haciendo-  a aquella señora que se preguntaba “ ¿…y qué hago yo con mi voto?”. Gracias al video tenemos ese y miles de testimonios más que reclaman justicia por aquel Atentado a la Democracia. Gracias a la tecnología audiovisual tenemos también  la prueba de aquel delito de Dictadura en la que no sólo Carmona participó. En la responsabilidad hay que incluir también al montón de traidores que lo aplaudió y avaló aquella aberración. Como alegato acusatorio en contra de “Pedro el breve” es suficiente el concepto de Dictadura: “Gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad sin limitaciones en un país y cuyo poder se concentra en una sola persona”. Para sus aduladores-cómplices, la segunda acepción de Traición que ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Delito que se comete contra la Patria o contra el Estado, en servicio del enemigo”. La tercera acepción también les queda como anillo al dedo: “Alta traición. La cometida contra la soberanía, la seguridad o la independencia del Estado”. 

     Conspiración; complicidad; incitación al delito; derrocamiento; secuestro; intento de magnicidio; usurpación; Golpe de Estado; dictadura; traición a la patria. Un decálogo de delitos… quien sabe cuántos muertos y solo tres presos. Los resultados siguen favoreciendo al enemigo.

               "La impunidad de los delitos hace que estos se cometan con más frecuencia; y al fin llega el caso en que el castigo no basta para reprimirlos".

         Simón Bolívar.  

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Darvin Romero Montiel


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