Este articulo fue publicado en el año 2003 en la prensa del estado Bolívar y en eventos de Autonomía Sindical Socialista realizados en Ciudad Guayana y Caracas, como este tema es de suma importancia para los trabajadores venezolanos, es importante que por este medio lo conozcan una mayor cantidad de trabajadores, dirigentes y activistas sindicales.

Los trabajadores venezolanos conjuntamente con la dirigencia sindical revolucionaria y socialista deben impulsar una ley de “Cogestión y Participación de los Trabajadores en la Gestión Empresarial”. Se hace necesario este instrumento legal donde se impulse "la gestión obrera de las empresas mediante la expropiación de las máquinas, de los edificios, del capital de las empresas y su entrega a los trabajadores", esta ley no solamente se aplicara a las empresas privadas, también debe extenderse a las empresas del Estado deficitarias, cerradas y en quiebra.

El modelo de relaciones laborales en nuestro país, no se ha caracterizado por promover formas participativas. Los patronos han ofrecido una fuerte resistencia a la injerencia de los trabajadores en la gestión empresaria, a raíz del paro golpista del 2 de diciembre, la dirigencia sindical clasista y el gobierno nacional se plantean la ocupación de las empresas paralizadas por los patronos afectos al paro convocado por Fedecámaras y la CTV.

Este tema ha venido tomando auge, no solamente con las empresas cerradas por los patronos, sino que el país existen numerosas industrias cerradas por diversos motivos, entre ellas algunas controladas por el Estado. Es por esto que consideramos que se deben construir instrumentos no solamente que sirvan para la defensa de los derechos del trabajador, sino para que transformen al trabajador de su condición de asalariado a la condición de productor colectivo. La participación de los trabajadores en la gestión empresarial es una noción amplia que abarca una diversidad de modelos de codecisión; de codeterminación; concertación, cogestión, autogestión, cooperativas, etc.

En su afán golpista los empresarios amenazan con el cierre de las industrias alimentarias y manufactureras. En una situación coyuntural tan critica donde la burguesía criolla ha iniciado una fase de sabotaje y amenazas en contra de la economía, sobre todo en los alimentos; en donde los despidos se generalizan y las industrias están paralizadas por “la falta de divisas”. Esto pone a la orden del día la necesidad de una transformación social, en la que los trabajadores estamos llamados a jugar un papel protagónico. El principal obstáculo para la producción es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, mientras la superexplotación fue llevada a su máximo nivel. La política de flexibilidad laboral no sirvió, sin embargo, para que las empresas salieran a flote.

No se trata de fábricas autogestionarias, donde el obrero viva la ficción de que se ha transformado en patrón y salga a probar suerte y termine destruido por la competencia capitalista. Tampoco somos partidarios de la estatización capitalista. La mera estatización no sólo es una medida económica de rescate del capital privado. Es también una intervención política del Estado capitalista en defensa del sistema de explotación de los trabajadores. La cogestión y participación de los trabajadores no debe limitarse a las áreas marginales del proceso productivo es necesario desarrollar el concurso en los aspectos medulares de la productividad, los trabajadores reclamamos espacios para la participación global en la vida de las empresas.

La Ley tiene que ser muy diáfana y no debe tener condicionamientos que se interponen en el desarrollo de una gestión obrera. Los trabajadores no podemos hacernos cargo de las deudas de los empresarios –que se convierte en una hipoteca ilevantable– y, encima, pongamos dinero, renunciemos a nuestras indemnizaciones o las deudas laborales que la patronal nos adeuda por atrasos y diferencias salariales.

Otra debilidad de los trabajadores es, la falta de capital de trabajo (materias primas, servicios, salarios) termina convirtiendo a los trabajadores en rehenes del propio dueño o de otro grupo económico, que es el que adelanta los fondos para el pago de insumos.

Frente a la situación expuesta, planteamos un conjunto de medidas imprescindibles para el porvenir de la gestión obrera:

o Expropiación de los activos y su entrega gratuita a los trabajadores en un plazo no mayor de 60 días.
o Las deudas deben ser asumidas por los dueños, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal, para evitar el proceso de argentinización de la participación donde los trabajadores cargan el pesado lastre de la inrecuperabilidad por deudas impagables.
o Otorgamiento de un subsidio no reintegrable, que permita a los trabajadores contar con el capital de trabajo necesario para hacer arrancar el proceso de producción.
o Transformación de todas las fábricas en manos de los trabajadores en proveedores privilegiados del Estado, de modo que los productos elaborados en ellas sirvan para abastecer las necesidades de hospitales, escuelas, asistencia social, vivienda y otras áreas públicas.

1) Llamamos a ocupar toda fábrica que despida, suspenda, que esté en proceso de vaciamiento, y a ponerla nuevamente a producir.

Debemos adelantarnos a los acontecimientos. Cuando se decreta la quiebra o se llama a un concurso de acreedores, la destrucción de la empresa ya está avanzada o totalmente consumada. Los trabajadores tenemos que intervenir ante el primer síntoma que detectemos e impedir que este proceso de vaciamiento avance.

Exigimos la apertura de los libros, cuentas e inventarios de todas las empresas y su supervisión por parte de los trabajadores. Cualquier atraso salarial o diferimiento en el pago de las cargas sociales es una causa suficiente para que dicha supervisión se extienda al movimiento diario de fondos de la empresa. Esa fiscalización obrera debe tener como función principal garantizar que la recaudación vaya en primer lugar al pago de los salarios obreros.

Cuando el atraso en el pago de las remuneraciones o las jubilaciones o la obra social se extienda por más de dos meses y en dos oportunidades en el a–o en forma discontinua, se suspenda o despida, o haya manejos irregulares que hagan presumir un vaciamiento (traslado de maquinarias, falta de provisión de materia prima, etc.), estos hechos deben ser tomados como indicadores de la incapacidad empresaria para continuar al frente de la empresa. La patronal debe ser relevada de sus funciones y la gestión de la empresa debe ser asumida por los trabajadores como un punto de partida y un tránsito en la lucha por la expropiación.

2) La lucha por la reapertura de las fábricas debe extenderse inclusive a las plantas que ya están cerradas. El Encuentro llama a elaborar un listado de establecimientos inactivos y reclamar el auxilio del Estado para ponerlos en funcionamiento, lo que, concurrentemente con un plan de obras públicas, permita absorber la mano de obra desocupada.

Este reclamo termina por fusionar a trabajadores ocupados y desocupados en un único movimiento común de lucha por la defensa y recuperación de puestos genuinos de trabajo.

La salida comercial de los productos de las empresas bajo control de los trabajadores plantea otro terreno de lucha para las fábricas ocupadas, dirigido a enfrentar la competencia capitalista y transformar "el compre control obrero" en una gran causa política de los explotados y el pueblo.

Planteamos la creación de una central única de empresas ocupadas o bajo gestión obrera. Impulsamos que las fábricas en manos de trabajadores se federen, se unan a los sindicatos clasistas y elaboren en común un plan de lucha para promover la ocupación de toda fábrica en proceso de vaciamiento, que adeude salarios o que suspenda o despida, y crear, de esta forma, un polo centralizador de la acción de los trabajadores para luchar contra el capital y contra el Estado capitalista.

Una federación de fábricas ocupadas y en lucha permitirá librar a otra escala la lucha contra la presión capitalista y darle una dimensión nacional a la lucha por el auxilio económico del Estado a las fábricas bajo gestión obrera, lo que plantea la nacionalización de los bancos y la creación de una banca estatal única, capaz de facilitar el acceso al crédito a las fábricas autogestionadas y en cuyo directorio deberían incorporarse representantes de las fábricas ocupadas, elegibles y revocables en cualquier momento por el colectivo de trabajadores.

Desde el punto de vista socio-político, la democratización en la empresa, reivindica el derechos de los trabajadores en hacer oír su voz en el proceso de toma de decisiones que les conciernen inmediatamente y asociar a los trabajadores en las decisiones favorece la posibilidad de mejorar cuantitativa y cualitativamente la producción, con el aprovechamiento pleno de la mano de obra, de los equipos, de las materias primas y la adaptación más fácil a las nuevas tecnologías.

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