La existencia de un campamento paramilitar en la ciudad de Caracas conformado por mercenarios colombianos con amplia experiencia en la ejecución de actos terroristas, representa un hecho de suma gravedad que debe llamar la atención de toda la sociedad venezolana independientemente de sus simpatizas políticas, por lo que su banalización no puede sino representar una declaración de complicidad tácita con la violencia y el golpismo.
Durante la primera semana de marzo, el plan "guarimba" de la oposición intentó "paralizar totalmente el país - crear un caos anárquico a nivel nacional… a fin de obligar al régimen castro-comunista de Venezuela a que ordene el ‘Plan Ávila’… [y provocar] la insubordinación constitucional creando la necesidad de una acción cívico-militar", según palabras de su "ideólogo" Robert Alonso, anticastrista recalcitrante con amplios nexos con sectores ultra-reaccionarios de Miami, Colombia y Venezuela. Las dantescas imágenes transmitidas por VTV mostraron la quema de vehículos, cauchos y basura, incautaciones de armamento, utilización de fales, granadas, chopos, y bombas molotov, presencia de francotiradores, y el descarado apoyo financiero, logístico, parapolicial y mediático de la dirigencia opositora, gobernación de Miranda, alcaldías de Baruta, Chacao y Mayor de Caracas, y medios de comunicación privados.
La "guarimba" fracasó, pero en lugar de denunciar a quienes actuaban de manera criminal contra la tranquilidad y paz ciudadana, la oposición puso en marcha una feroz campaña mediática en la que acusaba al gobierno de violar sistemáticamente los derechos humanos, siendo el caso de los soldados quemados en Fuerte Mara el último episodio de una grotesca manipulación que fue desnudada por el propio soldado Barroso, su "testigo excepcional", cuando confesó haber sido secuestrado y amenazado por Globovisión y la gobernación del Zulia para acusar falsamente al gobierno de castigar a un grupo de soldados con lanza llamas por su supuesta participación en el "firmazo" contra el presidente Chávez. (Panorama, 9 de Mayo de 2004)
El golpismo siguió su curso, y los preparativos para una nueva "guarimba" fueron denunciados oportunamente por los organismos de inteligencia. Sin embargo, la oposición prefirió acusar al gobierno de montar una "olla" para la ejecución de un eventual "autogolpe" en lugar de denunciar públicamente a su ala extremista. La "guarimba" fue pospuesta mientras un ejercito paramilitar se preparaba en una finca de El Hatillo, propiedad de Robert Alonso, para atacar diversos puntos militares de la capital y de esta manera provocar una intervención "represiva" de las fuerzas del Estado que produjera caos, anarquía y la intervención extranjera.
Una vez capturados los paramilitares, la oposición volvió a guardar un escandaloso silencio esperando que los medios de comunicación dictaran la pauta, asumieron la defensa de los paramilitares a través del bufete Heredia (RNV, 10 de Mayo de 2004) y terminaron calificando este grave hecho como un "montaje", "show", e incluso "manipulación", como lo llamaría Teodoro Petkoff para evitar que el paramilitarismo colombiano dañara la imagen golpista de su querida oposición.
Mucha razón tienen entonces aquellos que vinculan la oposición venezolana con el campamento paramilitar desmantelado por el gobierno. La banalidad con que la oposición ha asumido un hecho que reviste de tanta gravedad para la democracia y el orden institucional, demuestra que en Venezuela no existe una oposición democrática, responsable y realmente apegada a los derechos humanos fundamentales. Con su respuesta, la dirigencia opositora ha demostrado mas bien perseguir una agenda golpista que sacie su enfermiza obsesión por salir de Chávez, así sea mediante un ataque paramilitar que inunde de muerte y sufrimiento a la familia venezolana, tal y como hoy ocurre de la manera mas sangrienta en nuestra hermana Colombia.
Antonio Guillermo García Danglades
Internacionalista, MA
