El reciente informe de Human Rights Watch (HRW) donde se acusa directamente al presidente Chávez de pretender controlar el Poder Judicial con fines político-electorales y recomienda la aplicación de la Carta Interamericana Democrática contra el gobierno venezolano, está plagado de contradicciones, distorsiones, medias verdades y del mismo lenguaje oposicionista que utilizan los partidos políticos de derecha, medios de comunicación privados y organizaciones reaccionarias.
La primera gran contradicción de este informe, escrito por Daniel Wilkinson bajo la égida del antichavista José Miguel Vivanco, es que mientras clama por un Poder Judicial independiente, rechaza una eventual modificación de su composición numérica aunque admita "que el Tribunal está profundamente dividido entre opositores y aliados del Presidente Chávez", con lo cual además insulta la honorabilidad y transparencia de aquellos magistrados que no han aceptado prebendas, presiones y vejámenes por parte de la oposición, como ha sido el caso del actual presidente del TSJ, Iván Rincón, quien es descalificado y desmentido con frecuencia en este informe. Por el contrario, HRW asume como una verdad absoluta todas las opiniones sesgadas que ofrecen los representantes de la oposición, como cuando señala irregularidades administrativas y convivencia entre participantes y jurado en la escogencia de jueces, basado exclusivamente en la opinión de la Red de Veedores, una organización abiertamente antichavista a la cual se le ha negado incluso su participación como observador independiente en los procesos participativos por mantener una posición partidista en línea con los intereses de la oposición.
El informe desestabilizador de HRW hace especial énfasis en la decisión que tomó el TSJ de eliminar la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual se había dado a la tarea de sabotear los programas sociales del gobierno. Aunque el informe señala que en medio de las averiguaciones del caso, el chofer de uno de los magistrados de la oposición fue detenido por la Disip cuando le entregaba secretamente un documento judicial a un tercer magistrado, HRW ignoró las pretensiones de esta corte en eliminar de facto el programa Barrio Adentro que lleva atención medica integral a las familias mas necesitadas, y contrario a su misión, fines y objetivos, justificó su actuación colocando los intereses privados de la oposición por encima del interés público, los derechos humanos y la seguridad humana de la población de menos recursos.
Este informe además realiza una obscena injerencia en los asuntos internos de Venezuela al reclamar que la Asamblea Nacional, en el ejercicio legitimo de sus atribuciones, realizara cambios y fusiones en la nueva Ley Orgánica del TSJ con el objeto de acelerar su aprobación, tomando para sí los argumentos que esgrime la oposición contra le ley y omitiendo la obstrucción sistemática que se ha implementado contra la promulgación de la ley. Asimismo, el informe manifiesta con horror que la Asamblea Nacional decida por mayoría simple quienes serán los nuevos jueces del TSJ, pero desestima el proceso democrático, publico, abierto y participativo en el que se discuten las credenciales de los aspirantes a jueces para su posterior elección, donde la mayoría simple solo se aplica cuando se haya agotado la posibilidad de ser escogido por mayoría absoluta. No contento con tergiversar el proceso de escogencia de magistrados, el informe se eroga a sí mismo el derecho ilegitimo de representar a los ciudadanos venezolanos cuando asume las funciones naturales de los poderes públicos para determinar que la mejor manera de aliviar el volumen de trabajo de las salas del TSJ es "asignándoles más funcionarios o creando tribunales adjuntos encargados de casos en los que la jurisprudencia ya esté claramente establecida".
Asumiendo los argumentos de la oposición como propios, el informe desestabilizador de HRW señala que la nueva ley está destinada a neutralizar a la Sala Electoral del TSJ porque sus magistrados "votaron a favor del recuento de las firmas rechazadas en la petición del referendo", cuando en realidad esta sala ordenó la validación de todas las firmas objetadas por el CNE pisoteando las atribuciones constitucionales del Poder Electoral y violando expresamente el equilibrio de poderes que el HRW dice defender.
Después de 30 paginas de retórica oposicionista el informe desestabilizador de HRW implora que sus "criticas" no sean malinterpretadas, le pide a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno de Venezuela sobre la base de suposiciones y apreciaciones subjetivas, le exige al presidente Chávez de la manera mas grosera que le ordene a sus partidarios en la Asamblea Nacional la suspensión de la implementación de la nueva ley, exhorta al TSJ para que revise la ley y suspenda las destituciones de los magistrados de la oposición, y conmina a los organismos internacionales a que condicionen sus ayudas al gobierno venezolano en materia judicial al cumplimiento de las recomendaciones de este informe. No obstante, para la oposición obstruccionista no hay ningún tipo de recomendación, con lo cual queda establecido que HRW ha asumido una clara posición partidista en contra del proceso bolivariano y que su informe no es mas que un panfleto de propaganda antichavista destinado a erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas y a la desestabilización del gobierno nacional.
(*)Internacionalista, MA
