No es fácil escribir objetivamente sobre estos temas, tan teñidos por el enfrentamiento actual del Gobierno y la oposición. Son tan parecidos el uno al otro que cuesta llegar al fondo de la verdad de los sucesos, a menos que uno se encuentre personalmente presente en alguno de ellos. Encapuchados entrenados y equipados han ametrallado e incendiado instalaciones ucevistas en forma parecida a las sufridas el siglo pasado. En el período rectoral 1988-1992, en más de una ocasión encapuchados policiales, la DISIP en ese entonces, ingresaba a la Ciudad Universitaria y disparaba y secuestraba, muchas veces en horas nocturnas. Nuestras denuncias caían en el vacío burocrático de los organismos responsables y se nos acusaba, no de haberlas ejecutado pero sí de que eran producto de enfrentamientos internos de distintos grupos ultraizquierdistas.
Fui testigo de todo el proceso de la toma de los locales del Consejo Universitario ucevista a comienzos del año 2000, de las lujosas carpas, cedidas por un ministerio, utilizadas por los tomistas; de su posesión y uso de bombas lacrimógenas y del claro apoyo que tenían de ciertos funcionarios gubernamentales. Aquel evento fue organizado y dirigido por el Gobierno Nacional e, independientemente de estar como Director de la OPSU, hice saber mi opinión interna y externamente. No he estado presente en los actuales atentados, pero sí he visto los vídeos de los ataques contra el mural de Vigas del Rectorado, en los que es fácil identificar a los autores. Con pruebas como éstas, la universidad debe abrir los expedientes respectivos y, si el proceso no estuviera afectado por ninguna otra motivación, estoy totalmente de acuerdo en que se proceda según los reglamentos disciplinarios vigentes.
Por otro lado, en el Núcleo de Maracay se le ha levantado un expediente a una profesora, aparentemente por el “delito” de ejercer la libertad de cátedra al “mostrar unas fotos del Presidente”. Se estaría criminalizando la disidencia dentro de la UCV, una acusación que se le hace al gobierno del presidente Chávez. Lo curioso es que gobierno y universidad se acusan mutuamente de hacer las mismas cosas y, en la práctica, proceden de manera similar. Claro, no es un enfrentamiento entre fuerzas igualmente poderosas. Si la profesora García Márquez se lanzó a sí misma una bomba molotov y se tienen las pruebas de ello, pues procédase legalmente contra ella. Si no es el caso, aplíquese el Gobierno la misma medida que le está aplicando a Álvarez Paz por calumniador, con la que estoy de acuerdo. No puede ser que se acuse a la rectora impunemente, se la calumnie, sin que esto traiga las consecuencias que las acusaciones temerarias contra el gobierno traen. “La salsa que es buena para el pavo, también es buena para la pava”.
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