La Paz, 1 mar (PL) El gobierno boliviano insiste hoy en que las condiciones de prefectos opositores a un diálogo sobre autonomías son inadmisibles pues asocian el importante proceso a un juicio contra implicados en una masacre de campesinos.
El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, calificó esa acción de chantaje, al cual no se someterá el Ejecutivo.
Arce explicó a Prensa Latina que la matanza de labriegos, en septiembre del pasado año, es un delito de lesa humanidad que investiga la justicia y el Ministerio Público, y en el que las evidencias confirman la responsabilidad del ex prefecto Leopoldo Fernández, encarcelado en La Paz.
En ese sentido, descartó las exigencias de las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca de liberar a Fernández y ratificó la segunda sesión del Consejo Nacional Autonómico para este martes 3 de marzo.
Los opositores también exigieron la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que es destinado al pago de la Renta Dignidad, ayuda económica a mayores de 60 años.
Al respecto, el vicepresidente del Estado plurinacional, Álvaro García, también coincidió en que la principal demanda no está en manos del Ejecutivo sino del poder judicial.
García condenó además que algunas autoridades regionales quieran “encubrir la acusación e investigación a involucrados en hechos de muerte”.
Asimismo consideró que si los prefectos tienen compromiso con sus regiones y voluntad de acelerar las cosas, y con propuestas, estarán presentes en la mesa de negociaciones.
Señaló además el compromiso de ir dando pasos sustanciales para la implementación de las autonomías y de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en vigencia desde el pasado 7 de febrero.
Por su parte, los prefectos opositores iniciarán consultas en sus regiones para decidir futuras acciones en conjunto y llegar a conclusiones el próximo miércoles en Sucre, según anunciaron.
Mientras, los dirigentes cívicos esperan reunirse mañana en Santa Cruz para estructurar una propuesta que apunte a un gran acuerdo nacional.
El Ejecutivo también abrió la posibilidad de que el encuentro, previsto para el próximo martes, pueda ser aplazado hasta el 10 de marzo, en razón a una solicitud que hizo la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).
La víspera, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, dijo que esa probabilidad tendrá que ser definida por los actores involucrados, para lo cual consultarán a las organizaciones sociales y gobiernos departamentales afines al gobierno.
Una decisión sobre si el encuentro se desarrolla el martes o una semana después será comunicada, según la autoridad, a primera hora de mañana lunes.
