La Paz, 20 de mayo. El presidente boliviano, Evo Morales, firmó hoy un decreto que permite la confiscación expedita de bienes a personas vinculadas con grupos terroristas, sediciosos o separatistas, en una medida duramente criticada por la oposición, a la que se ha acusado de estar involucrada en acciones de ese tipo.
La medida establece la retención de fondos y la incautación de "patrimonio, bienes e instrumentos" que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión o financiamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, "que pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices" de estos delitos.
La decisión se tomó luego de que la semana pasada la Fiscalía que investiga el caso de una célula desarticulada en Santa Cruz –con saldo de tres muertos y dos detenidos– de presuntos terroristas bolivianos, húngaros, croatas e irlandeses, que habrían pretendido la división del país, diera a conocer declaraciones de los detenidos que involucran a destacados empresarios y políticos cruceños opositores al gobierno, como financiadores de sus acciones.
El presidente Morales declaró que el decreto busca vigorizar acciones tomadas tras el desmantelamiento de la citada célula, y advirtió que "no es posible que algunos jueces y fiscales puedan perdonar a la gente que quería dividir Bolivia". Aseveró que "la unidad del país no se debate", y que si se encuentra a empresarios financiando tales actos se les va a castigar.
El presidente del Senado, Oscar Ortiz, del derechista opositor Poder Democrático y Social, calificó el decreto de "terrorismo de Estado" porque, dijo, la confiscación es una medida que hace varias décadas se eliminó como pena en países democráticos.
"No se pueden establecer normas en las cuales por la sola sospecha se aplique una pena" sino que tiene que haber un juicio previo”, subrayó Ortiz, y aseguró que el objetivo "es eliminar toda posibilidad de oposición mediante acusaciones discrecionales".
En paralelo, el gobierno boliviano aprobó la apertura de todos los archivos de las fuerzas armadas para que se pueda proporcionar información a familiares de unos 159 desaparecidos durante la época de las dictaduras militares de las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, confirmó el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
La norma señala que el comando en jefe autorizará el ingreso de los peticionarios a las instalaciones donde se encuentren los archivos militares, registros públicos y otros documentos de las fuerzas armadas en presencia de un representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Justicia y un notario.
En tanto, para esta noche estaba previsto el inicio de pláticas entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos en una nueva etapa para un acercamiento diplomático que busque superar los diferendos que surgieron durante la pasada administración de George W. Bush. La delegación estadunidense es encabezada por el secretario adjunto de Estado para el Hemisferio, Thomas Shannon.
