Es importante precisar que el número de militares presos durante este año, que se tenga conocimiento, supera la cantidad de cien almas. quienes están en una situación de vulnerabilidad aún mayor que los civiles. Son 51 del Ejército, 20 de la Guardia Nacional, 17 de la Aviación y 12 de la Armada. El tratamiento que han recibido es el que se dispensa en las tiranías a los súbditos castigados por no seguir las directrices del monarca, y no a los ciudadanos que han escogido libremente la carrera de las Fuerzas Armadas.

Hoy todos los efectivos de los diferentes componentes son sospechosos por la comisión de delitos de Conspiración, Terrorismo o Traición a la Patria, entre otros. De este modo, se rompe el tejido de confianza indispensable entre oficiales generales, oficiales superiores, o subalternos, e incluso entre los civiles auxiliares que rinden servicio a la defensa de la Nación. Además, en otro orden, se deja de lado el principio universal de la Presunción de Inocencia, y se instaura como cultura que todos son culpables salvo que demuestren lo contrario. El valor de la altivez se sustituye por el vicio del arrodillamiento,. El Valor de la subordinación por el de la sumisión, y el de la inteligencia estratégica por la más indigna adulancia.

No se presumió la inocencia, para citar un ejemplo, del Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, quien se desempeñaba para el momento de su captura, como Comandante de la Unidad Táctica Grupo de Caballería Motorizada Juan Pablo Ayala con sede en Fuerte Tiuna. Se trata de un Oficial de hoja de servicios intachable: egresado en el año 1999, ostenta el mejor índice académico en la historia de la Academia Militar de Venezuela. Primero en su promoción. Brigadier Mayor. Alférez Mayor y profesional militar de insigne condición. Ningún mérito valió. Sencillamente, la tiranía lo presumió culpable y lo tiene secuestrado en la Dirección de Inteligencia Militar. De los otros compañeros de nuestro Ejercito, hoy detenidos no existen dudas de su profesionalismo, etica, entrega y respeto por la constitucion.

Los Tribunales Militares en la Venezuela bajo este régimen, no gozan de márgenes de autonomía e imparcialidad en el conocimiento de las causas, desnaturalizándose la función propia de los mismos. De hecho, adoptan decisiones sin atender a la honorabilidad como principio y, bajo estas condiciones, por supuesto, tampoco definen los asuntos que conocen, valorando los hechos que tendrían que debatirse en un proceso judicial militar. Es una declinación de la administración de justicia, que ha conducido a que el señor Maduro sea quien defina los términos cómo se ejerce la libertad en todas sus acepciones, de los efectivos militares.

Prácticamente el presidente en este estado de facto, combinado con los órganos de policía que le son sumisos, inicia y prosigue persecuciones, allanamientos a las casas de habitación u otro sitio donde se encuentre el militar escogido por él, siempre bajo sospecha, y fija las condiciones de reclusión. Son muchos los casos que ponen en evidencia esta situación arbitraria desde todo punto de vista. Además, convierten en víctima no sólo al imputado sino también a la familia y los allegados. Son numerosos los casos de militares y familiares de militares que hoy están presos o desterrados. Una vez que se suceden estos hechos, los tribunales sin ningún escrúpulo los convalidan "por órdenes superiores", desatendiendo los principios que, en esta materia, contiene nuestra Constitución y leyes de la República.

Un caso reciente que ilustra bien lo que estamos comentando, es el del General de Brigada Hernández Dacosta, quien también es reconocido como un militar que ha rendido servicios desde 1989 cuando se graduó con las mejores calificaciones en la promoción Pantano de Vargas. Pues bien, bastó que el señor Maduro le endilgara el atentado del 4 de agosto, para que la policía entrara salvajemente a su casa sin orden judicial. Cuando ésta fue exigida por el propio General, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, lo que respondieron los funcionarios es que ellos actuaban en nombre del Presidente de la República, y que si no se entregaba tumbarían la puerta de su casa. Hace tiempo que el señor Maduro viola la Constitución, y este caso es un buen botón de muestra.

Este estado de cosas enrarecido ha provocado situaciones muy dolorosas. Me produjo una enorme tristeza e indignación cuando me enteré del caso de los tenientes Ronald Ojeda, Luis Berbesí, Eliécer Vásquez, José González, Briceño Camacho, Josué Hidalgo, Luis Mogollón, Francisco Rodríguez y Rafael Arreaza Soto. Justamente, ante el diferimiento de los actos del tribunal, la burla con la historia de que "no hay despacho" y la desatención a las quejas sobre incomunicación, tratos crueles y degradantes e incluso tortura, decidieron fugarse. En esa circunstancia perdió la vida el teniente Arreaza Soto, hijo de un entrañable y ejemplar compañero de armas, el General Arreaza Castillo. Los sentimientos de solidaridad y afecto de la mayoría sensible y sensata, afloraron sin escándalo pero con fuerza en la piel de los efectivos militares venezolanos.

Debemos subrayar que los juicios militares bajo esta administración tiránica del estado, no están guiados por los principios y normas que gobiernan el Debido Proceso. El aislamiento del prisionero es la regla que se ha impuesto y así, se impide la visita de familiares y la asistencia de abogados. Durante el aislamiento, muchas veces sin día de finalización, la sociedad venezolana ha conocido casos de tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como la aplicación de métodos de tortura. No podríamos decir hoy que se trata de casos accidentales, sino que es patrón de conducta de un régimen despótico, que sufrimos todos los venezolanos, independientemente de nuestra condición civil o militar. Se pudo conocer que el señor Maduro en una exposición que hizo a oficiales en el Fuerte Tiuna, alentó la separación de los militares de sus familiares cuando éstos manifestaran discrepancias con el modo como él administra la República.

Otra situación absurda en los procesos que se siguen a los militares, es el desconocimiento del Habeas Corpus. Como se sabe, es la garantía ofrecida por la Constitución y Tratados Internacionales, a todas las personas, independientemente de su condición, a ser vista y oída por su defensor, un fiscal, o un juez, en el sitio donde esté verificándose una situación de reclusión, y que además, obliga a la autoridad competente, a explicar las razones de la privación de libertad, y obliga también al juez, a decidir sin dilación si la medida está o no ajustada a la ley. En ninguna norma constitucional vigente en Venezuela, se excluye a los militares de esta garantía que es de aceptación universal.

Se impone una conducta definida de los componentes de la Fuerza Armada para lograr la libertad de los compañeros de armas que actualmente son víctimas de un régimen que no respeta ni la Constitución ni norma alguna, arrolla sin piedad el honor militar, y procura debilitar la defensa de la Nación.