A propósito de la realidad de las estafas inmobiliarias cometidas por “empresas constructoras” que en función de su más basta voracidad especulativa y lucrativa han destruido la esperanza de muchos venezolanos de tener una casa propia. Y visto la voluntad política que el Comandante Presidente le ha puesto al tema, ordenando el apoyo de los entes del Estado para investigar y resolver los distintos casos al pueblo, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué pasa cuando han sido organismos del Estado y sus funcionarios, quienes en complicidad con empresas constructoras han estafado al pueblo?. ¿Hay celeridad en la investigación, castigo a los culpables?, ¿Se le atenderá y resolverá los problemas?

Este es el caso de un gran número de educadores en Mérida, del Conjunto Residencial Educadores de La Fortaleza en la ciudad de Ejido, quienes han sido estafados por altos funcionarios del IPASME y la Constructora El Cobijo. Desde hace más de 6 años, un gran número de familias han vivido un calvario y sufrimiento, al ver que sus residencias no han sido culminadas (128 viviendas), y no conforme en muchos casos, a los mismos educadores ya le están descontando de sus nóminas el pago de las cuotas de un apartamento que ni siquiera han construido.

Los educadores ya tienen años organizados en una OCV (Educadores de la Fortaleza), tal como lo ha solicitado el jefe del Estado, han establecido todos los vínculos institucionales posibles, denuncias en la Asamblea Nacional, en la Contraloría General de la República, en la Gobernación del Estado, en la Alcaldía de Ejido, al IPASME, a INDEPABIS, inclusive han elevado la denuncia a la misma Presidencia de la República, han tenido asambleas, reuniones con dirigentes políticos, diputados, etc. Y no ha habido respuesta alguna. Todo un silencio institucional y absoluto.

Pero lo paradójico de este mundo y revolución al revés, es que cuando por fin un órgano del poder público se aboca al tema (La Fiscalía General de la República), lo hace con un grupo de fiscales ineptos, inexpertos y poco preparados, cometen en sus locuras investigativas, la brillante orden de imputar a miembros de la comunidad organizada, a la OCV, específicamente al presidente de la misma, el Ing. Hugo Cerrada, que en un viacrucis casi que heroico, ha ido recorriendo en vano el país buscando apoyo para todas las familias a fin de poder obtener los recursos (a entes del Estado) que permitan la culminación de las obras de su conjunto residencial.

El Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público del Estado Mérida, Abg. José Gregorio Lobo Rangel ha iniciado sus “investigaciones” sobre la base de denuncias de varios miembros de la propia OCV (12 personas de 128), y este fiscal sin hacer una investigación seria y responsable, alegremente comienzan a imputar a personas y a solicitar privativas de libertad, y sus actuaciones son siempre siguiendo “las órdenes y lineamientos que recibimos desde Caracas”, “no podemos hacer más nada”, es decir, una falta de seriedad y responsabilidad por parte de los entes encargados de las investigaciones. Y los verdaderos responsables, la institución gubernamental que ha cometido las irregularidades, bien gracias, ni con el pétalo de una rosa, pues es un ente del Estado.

Situaciones como las comentadas, (tenemos más que pruebas y documentos que así lo avalan y la Fiscalía los conoce), hacen que el desconsuelo, la desesperanza de un pueblo organizado pierda la empatía con un proceso “revolucionario que se está desarrollando para ayudar al pueblo”.

¿Por qué no se habla públicamente de los abusos e irregularidades que en materia de proyectos inmobiliarios ha cometido el Estado y sus instituciones?, ¿Hay también celeridad en las investigaciones para estos?, ¿Está realmente preparada la Fiscalía para asumir tal reto?, ¿Serán los “lineamientos que vienen desde Caracas” válidos también para este tipo de casos?

En fin, volvemos al tema de la ineficiencia gubernamental, del mal gobierno en muchos casos, de la corrupción y la falta de transparencia en la rendición de cuentas. Este tema es precisamente el que se discute en las bases nuestro partido, y es el gran dolor de cabeza del pueblo (porque las sufre) y del gobierno (porque no lo resuelve).

Todo parece indicar que la orden es meter preso al que sea, deben dar la imagen de que se está actuando. El gran detalle, es que están violando sistemáticamente los derechos de muchos de los mismos compatriotas que hemos apoyado este proceso, y hoy se ven privados de libertad, por culpa de Jueces y Fiscales que no tienen ética ni moral, mucho menos responsabilidad profesional. Son unos mercaderes de la justicia.

Esperemos que la justicia en un verdadero proceso de revolución se lleve a cabo, aún guardamos la esperanza de que se inicien las investigaciones y que se haga hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y pague quien tenga responsabilidad. Pero de igual forma, esperemos que el Estado de una vez y por todas asuma la responsabilidad de apoyar y terminar de construir las viviendas de estos docentes merideños. Basta de corrupción e impunidad. De lo contrario, la factura que nos pasará el pueblo en diciembre del 2012 puede ser muy severa. 

Hasta la Victoria siempre….seguimos luchando, pero No estamos venciendo!!. 

josermendoza@hotmail.com

(*) Politólogo.