Una vez concluido el proceso electoral de este 6-D, conocido los resultados y configurada la nueva Asamblea Nacional, podemos señalar que los retos son enormes, se abre un nuevo escenario político con muchas incertidumbres. La necesidad de reinstitucionalización se hace evidente, y las expectativas ciudadanas deben ser atendidas y canalizadas a través del diálogo, la sensatez, pero sobre todo de rectificaciones, cambios de rumbo, y algo muy importante, el surgimiento de un nuevo modelo en la gestión gubernamental.
Las condiciones socio económicas del país son difíciles, estamos en presencia de una crisis sin parangón en la historia republicana. Las sanciones impuestas por los EEUU y la UE, el bloqueo y asfixio financiero y comercial al país son catastróficos, el robo y congelamiento de los bienes de la República por parte de una elite imperial y sus lacayos nacionales son una muestra enorme de la rapiña y daño que se le ha hecho al país. Esa política criminal que no cesa, ni cambiará aún cuando Trump ya no siga al frente del gobierno de los EEUU, obliga a la clase política dirigente y distintos actores de la vida social, política y económica del país a buscar espacios de acuerdos sobre la base de un nuevo plan para el desarrollo nacional. Estamos ante una economía asediada, debilitada y mal manejada. Las políticas adoptadas por el ejecutivo tampoco han tenido éxito, no existe una estrategia consensuada, pensada científica y técnicamente. No hay reconocimiento a la ciencia económica y social (en el gabinete económico del gobierno no existe ni el conocimiento, ni la experticia en el área). Tampoco existe una reflexión y análisis para poder promover un cambio en el modelo de gestión pública, aún mantenemos un aparato administrativo y burocrático clientelar, corrupto y sin niveles de control y evaluación. Lo que hace que el panorama general a futuro no sea vislumbre nada halagador.
A pesar de estas situaciones, los venezolanos nos dispusimos a defender nuestra soberanía, acudiendo a las urnas para renovar la Asamblea Nacional. Y aún cuando el nivel de participación fue bajo, es necesario evaluar las condiciones que se presentaron para que el electorado no haya acudido a las urnas, y son varios los factores, entre los cuales tenemos: una gran parte de la oposición no acudió ni participó en el proceso; las presiones y vilipendio mediático nacional e internacional hacia los ciudadanos para no validar el acto electoral; la desconfianza y desesperanza en la clase política dirigente del país; las condiciones socioeconómicas y crisis por la que atraviesa la sociedad en la prestación de los servicios públicos, entre otros, que sin duda desaniman a los ciudadanos a participar en cualquier consulta política.
Ya diversas encuestas días antes de las elecciones nos alertaban de un panorama con poca participación y un desanimo muy presente en los ciudadanos. El modelo de democracia participativa y protagónica contemplados en la Constitución Nacional y desarrollado desde el año 2002 muestra debilitamiento, existe una fractura del ciudadano con el sistema político, hay altos niveles de desafección política, una crisis de representación, una pérdida de conexión entre los ciudadanos y la clase política dirigente. También otro de los factores que explica tal comportamiento en los ciudadanos se debe al sectarismo, la falta de reflexión, y el comportamiento poco honesto de parte de la dirigencia en su conjunto. Hay un agotamiento moral y ético, que son valores democráticos muy cuesta arriba de recomponer. Son los grandes problemas estructurales que está sufriendo nuestra democracia y se convierte en el mayor de sus retos a resolver.
Ahora bien, una vez conocido los resultados electorales, la clase política debe reflexionar profundamente en que los ciudadanos, las bases sociales, las clases populares cuentan muy poco con su liderazgo, ya que no los valora y los integra, y para ello deben redirigir su acción política para arroparlos con un planteamiento de certidumbre ante la crisis que vivimos, que los aliente y les otorgue una hoja de ruta creíble para el futuro próximo. En la medida que la élite política cada vez se encierre en su propia burbuja, fundamentalmente quienes ostentan el poder político, hace que los niveles de desconexión sean mayores con el pueblo y por ende profundizará la crisis.
Por otra parte, a lo interno de las organizaciones políticas, y sobre todo de aquellas que se definen como revolucionarias y de izquierda, en la medida en que se esté adoptando un modelo organizativo cada vez más vertical, tipo estructura militar, deja muy poco margen para que exista la deliberación democrática, que se discuta y sobre todo que haya escogencia desde las bases de sus cuadros dirigentes. La imposición de directrices y el escaso margen para la critica, acallándola con el remoquete de traidor, estará destinado el fracaso. De allí se explica, en parte, porqué en las filas de la militancia de los partidos afines al gobierno comienza a dibujarse en los últimos procesos electorales una caída sustancial de su votación, aún a pesar de los triunfos electorales, pero la reflexión debe tener una mirada amplia, integral y a futuro. Como lo señala el sociólogo Damian Alifa: "hay un hartazgo en la manera de hacer política, en la falta de soluciones y en el desprecio a las bases…cada año que pasa hay un desgaste", ya la dirigencia no convence, se produce un quiebre anímico muy elevado en la voluntad política de la población.
Para ir concluyendo en este análisis, uno de los retos mayores que tiene ahora la revolución bolivariana y su gobierno es producir una narrativa con sentido, de esperanza, convincente, con una muestra de cambio y de ajustes en el modelo administrativo, se deben generar cambios concretos y positivos hacia la gente. Se deben establecer mecanismos institucionales, alianzas y acuerdos en materia política, económica y financiera a nivel nacional e internacional que ayuden a superar el bloqueo y las sanciones, que aspiren solventar los problemas cotidianos. Hay hacer una reingeniería institucional importante para establecer los criterios de gestión a fin de ordenar y poner en buen funcionamiento los servicios públicos, adoptar criterios de planificación más óptimos, sin contratiempo ni burocratismo, agilizando los trámites administrativos, estableciendo a su vez, criterios de control, supervisión y evaluación de los mismos. Es de carácter urgente y perentorio asumir un sacudón en las estructuras de dirección y gestión del Estado. Hay que adoptar niveles de mayor eficiencia y calidad, transparencia y honestidad, reinversión en lo público en lo que sea necesario y estratégico, hacer alianzas y contratos con el sector privado de forma transparente, que sean capaces de coadyuvar en el mejoramiento de la economía y la producción. Otro paso fundamental es poner acento en las capacidades técnicas y profesionales de los directivos públicos, más que en lealtades y vínculos partidistas, se requiere de capacidades probadas, asumiendo las ciencias administrativas, entre otras, como elementos centrales para hacer una buena gestión. La regeneración no sólo de la dirigencia política es necesario para poder refrescar el sistema político y sus actuales falencias. Ya es hora, (aunque aún en algunas candidaturas a la AN se volvieron a equivocar), de otorgarle responsabilidades a nuevos cuadros políticos, más jóvenes, mas honestos, probados éticamente a fin de tomar las riendas en la conducción de las instituciones del Estado. Hay dirigentes y figuras políticas que deben ser jubiladas y pasadas a la asesorías y consultas si se desean.
Se necesita construir una identidad política colectiva, promover la conexión con el pueblo, los problemas existentes no serán resueltos porque se haya elegido una nueva Asamblea Nacional, y más si ha sido el partido de gobierno quien las haya ganado y revierta el mamotreto que existía, que propició las sanciones y el bloqueo hacia la nación. Se requiere un nuevo pacto social, una nueva forma en de conducción política, la construcción de una nueva narrativa, una regeneración de la dirigencia, elevar y tomar en cuentas las capacidades gerenciales de nuestros profesionales para asumir la gestión gubernamental, asumir el compromiso de una convivencia sana aceptando las divergencias y diferencias en los enfoques y visiones sobre la política, aceptando el juego democrático y respetando el marco constitucional.
