- Corromper: 1. Alterar y trastocar la forma de algo. 2. Echar a
perder, dañar, pudrir.
- Corrupción: 4. En las organizaciones, especialmente en las
públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y
medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus
gestores.
(Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición)
Una de las cosas que ha hecho más daño a la sociedad venezolana y
latinoamericana en general es la utilización del tema de la corrupción
como arma política para señalar al adversario, sin que antes haya el
proceso de revisión propio y el castigo ejemplar que permita señalar a
otros involucrados en hechos punibles de uso de la cosa pública.
No en el presente momento político, sino de manera histórica, brincan
a la palestra pública “escándalos” sobre hechos calificados como de
corrupción, que obtienen centimetraje en la prensa hasta dar paso a
nuevas denuncias, o peor aún, hasta ser archivados sin resolución
alguna, mucho menos castigo a los presuntos involucrados.
Es necesario recordar que en su primera campaña electoral el
presidente Chávez ofreció atacar la corrupción hasta sus raíces,
incluso “freir” las cabezas de los adecos, ya para entonces
identificados como emblema de la corrupción por el mismo Gonzalo
Barrios con aquello de “en Venezuela no hay razones para no robar”.
Hace falta un abordaje realmente serio del tema, más allá de los
“debates” en la Asamblea Nacional donde las bancadas políticas se
acusan entre sí de malversar fondos públicos, mientras que muchos
observamos con tristeza que probablemente ambos bandos tienen razón,
lo cual configura la llamada sociedad de cómplices, después del
escándalo la cosa sigue igual, para perjuicio del pueblo que ve como
se dilapidan y roban recursos que deberían ser invertidos en el
desarrollo del país y el rescate de las grandes mayorías
históricamente excluidas.
Una de las causas por lo que la corrupción campea enseñoreada por
estos predios es que no hay distinción de bandos políticos en su
aplicación, aquí se asocian para delinquir unos con otros, hasta
haberse naturalizado el hecho como parte intrínseca de la
administración pública y de la cultura de nuestra sociedad.
No es un secreto que la ausencia de instituciones fuertes y
eficientes, sumado al burocratismo exacerbado propio de la
administración pública han resultado el caldo de cultivo ideal para el
hecho corrupto, al hablar de este tema cito siempre a un buen amigo y
colega: “el sistema está hecho para que no funcione”, de modo que
parece que la única manera de conseguir un trámite o realizar una
gestión (que deberían ser muy sencillas de realizar) debe mediar el
pago de comisión, el “chapeo” con algún funcionario amigo o la vulgar
extorsión.
Reportaba un periódico de circulación nacional en días recientes como
la Contraloría de la República tarda más de 10 años para dar respuesta
a casos de su conocimiento sobre ilícitos administrativos, cuando ya
los funcionarios involucrados hace mucho tiempo que dejaron de ejercer
las funciones públicas durante las cuales incurrieron en esos
ilícitos, dándose la parodia de “condenar” a 6 meses de
“inhabilitación administrativa” a un funcionario que estuvo en alguna
alcaldía por allá en 1999.
Ni hablar de nuestro “sistema de justicia”, el anecdotario está lleno
de historias de la gente de a pie que sufre día a día con policías
corruptos, fiscales inoperantes y jueces tarifados, actuando en
conjunto y mano a mano con la delincuencia organizada.
El debate sobre la corrupción es mucho mayor a lo planteado en la
Asamblea Nacional, y mucho más complejo de encarar en sus múltiples
aristas. ¿Quién lanza la primera piedra?
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