El Presidente Maduro anunció una próxima ofensiva económica, lo cual es muy importante porque implica pasar de la defensiva a la ofensiva y porque supongo yo, incluye la adopción de una nueva política tributaria y la aprobación de la Ley del Impuesto sobre la Renta que le debe el país al pueblo venezolano.
Resulta increíble que a casi 16 años del triunfo del Comandante Chávez, la política tributaria de Venezuela todavía sea la impuesta por el FMI. La Ley vigente fue aprobada en 1989 con el fin de asegurarle una mayor apropiación del excedente petrolero a la burguesía local y foránea, aterrada por la insurrección popular contra el paquete neoliberal.
Como viene señalando reiteradamente el profesor Carlos Lazo esta Ley brinda protección a los activos empresariales en detrimento del trabajo. No sólo reduce el impuesto aplicable a las compañías anónimas y demás asociaciones asimilables a esa categoría, a unas tasa entre el 15 y el 34%, sino que además contempla un “ajuste por inflación” deducible del monto a cancelar.
De allí que nuestra burguesía parásita y dependiente se dé el lujo de provocar una espiral inflacionaria para tratar de tumbar el Gobierno o al menos de reducir su apoyo popular. Espiral que muy sucintamente funciona así:
Los empresarios aumentan arbitrariamente los precios de los bienes (nacionales o importados) que coloca en el mercado.
El Gobierno incrementa los ingresos de los trabajadores.
Los trabajadores consumen un mayor número de bienes y servicios a precios inflados.
Los empresarios pagan menos impuestos porque deducen de sus ganancias un ajuste creciente por inflación.
Los trabajadores pagan cada vez más IVA.
El SENIAT recauda más dinero.
Los impuestos recaudados, en su gran mayoría de los trabajadores, tienen una participación mayor en el financiamiento del presupuesto nacional.
Los empresarios se benefician de una porción significativa del presupuesto a través de los subsidios totales o parciales que aplica el gobierno a los bienes y servicios básicos, de los contratos con entidades públicas, de las colocaciones del Estado en sus entidades financieras, de los préstamos y divisas a tasas preferenciales y de los demás estímulos a la producción e importación de bienes que no se producen en el país.
En síntesis, gracias a la LISR y a la inflación artificial provocada por el sector empresarial, nosotros - ustedes y yo – terminamos financiamos una parte significativa del presupuesto nacional, pues el incremento de la recaudación de impuestos depende más del IVA que del aporte tributario de las empresas. ¿Qué tal?
