A la par de quienes específicamente en esta materia difieren ideológicamente del autor (lo cual respeto), debe sumarse a algún o más de un “jala bolas” consuetudinario, quien o quienes se apresurarán a despotricar contra este viejo psiquiatra por el contenido de este artículo, calificándolo como retrogrado y reaccionario, pero estoy seguro también que más de uno me dará en silencio la razón, y algunos hasta me apoyarán abiertamente.
Amigos, los que creemos en la desaparición del Estado como meta final en la instauración del comunismo, no dejamos de entender la necesidad en estos momentos y por un plazo largo, de la presencia de este en el ejercicio del poder, con su función reguladora dentro de las anomalías existentes, producto de la desigualdad aberrante del sistema capitalista. Para algunos como en mi caso, una vez fracasado el control burocrático omnímodo de tipo Stalinista, la lucha en el camino hacia el socialismo es aquella que va en forma progresiva delegando el poder en el pueblo organizado, tarea ardua esta en el caso de nuestro país, dados los enemigos que se encuentran tanto fuera como en el interior de este proceso, en este último caso con un saboteo distorsionador permanente múltiples veces más dañino que el ataque de los enemigos externos.
Pero entremos en materia. Desde todo punto de vista y sin lugar a dudas, la lucha preventiva contra la criminalidad iniciada por nuestro inolvidable líder Hugo Chávez, debe seguir siendo el hito fundamental en la erradicación de la delincuencia, prevención canalizada hacia el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura, al deporte, esfuerzos estos que a pesar de todas sus distorsiones han ocupado el principal esfuerzo del Estado en estos últimos quince años de gobierno del PSUV y sus aliados; a pesar de lo cual Venezuela sigue ocupando, uno de los primeros lugares dentro de los países de mayor inseguridad ciudadana a nivel mundial (y esta clasificación no es una distorsión del enfoque opositor solamente), siendo lo más triste en nuestro caso, que el primer lugar lo ocupa la delincuencia juvenil, y no en el renglón de delitos tales como el robo o la infracción simple, si no a niveles de homicidios por causas banales, y sicariato; jóvenes estos, cuyo inicio de vida, o su primera niñez ha transcurrido durante la quinta república. Entonces de que estamos hablando, si por lo que parece el gobierno esgrime la prevención ya no como hito fundamental, si no como único medio para combatir el delito, nunca antes en la historia del país se le había dado al ciudadano en general mayor atención que la iniciada hace quince años, con prioridad aun mayor para los de las clases desposeídas, sin lugar a dudas que falta una limpieza a fondo del poder judicial, así como a las fuerzas policiales, y un control profundo de los contenidos deformantes e incitadores al delito, propio de los medios de comunicación (con prioridad los de los medios radio televisivos), así como la profundización en la calidad educativa que debe superar los límites de lo instructivo e informativo.
Pero así mismo, ya es hora de aplicar medidas profundas (por no decir extremas) a los delincuentes en lo individual. Si es verdad que un ladronzuelo en sus inicios, es recuperable con medidas preventivas (separándolos de su medio ambiente dentro verdaderos institutos reformadores de la conducta, con verdaderos psicoterapeutas y pedagogos especializados), a un homicida banal con atrocidad en el mayor de los casos, sea cual sea su edad y con lugares de reclusión acorde a la misma, hay que fijarles responsabilidades penales individuales donde la punición severa vaya acompañada de rehabilitación verdadera, o de trabajo obligatorio (por no decir forzado), en los casos de irrecuperabilidad, basta de penas ligeras y “libertad por buena conducta” en los casos de homicidio premeditado (no hay mayor simulador de conducta intachable que él sociópata consumado), las reincidencias inmediatas de estos sujetos, las leemos diariamente en la prensa; la redención parcial de las penas en estos casos debe aplicarse exclusivamente a los menores de edad posteriormente a un proceso de rehabilitación especializada, previa evaluación también especializada. La sumatoria de penas correspondientes a diversos delitos debe ser la norma. En cuanto a los funcionarios públicos, sería de suma importancia en caso de incurrir en delito en forma premeditada (fuere cual fuere la calidad del mismo), el que se le sumara tiempo adicional de pena, dado la facilidad implícita a su cargo para atentar contra los derechos de los demás, al ser dicho funcionario en mayor o menor grado un representante de la ley.
En cuanto a la delincuencia organizada, el triste espejo de la hermana Nación Mexicana, debería dar a que pensar a nuestras autoridades superiores y en particular al Presidente Maduro aprovechando que tiene una ley habilitante; ¿que se estará esperando? Que se nos termine de “embochinchar” el País hasta llegar a los extremos mexicanos. El estudio de inteligencia previa, debe focalizar las bandas organizadas a fin de que el Estado pueda darles un zarpazo con sus mejores fuerzas policiales e incluso militares, no hay que llamarse a engaño; en forma manipulada o no, estas bandas le tienen la guerra declarada al país, o el Estado las extermina, o ellas terminaran poniendo al Estado “con el culo contra la pared”, es mi opinión que estamos al borde de que esto último suceda. A los que consideren mis afirmaciones como contra revolucionarias, pregúntense, permitiría nuestro país hermano de la república de Cuba que esto les llegara a suceder, o lo permitirían los hermanos Iraníes, o los hermanos Bielorrusos, o los hermanos Chinos, o los hermanos Rusos (Putin a raíz del último atentado ocurrido en su país, acaba de declarar que exterminará a los terroristas). ¡Coño! y el que se atreva a hablar de los derechos humanos de los delincuentes, o es un ingenuo, o tiene motivos para que siga este estado de caos, o no le importa si a él o a su familia mañana “se las lleve el hampa en los cachos”.
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