Gracias al asedio impuesto por el sector privado de la economía, jugando una peligrosa estrategia desestabilizadora con que persigue destruir el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, se impone la necesidad —digamos, con carácter de urgencia— que sean los trabajadores y las diferentes organizaciones del poder popular quienes asuman tareas de control directo de la producción, la distribución y la comercialización de los productos de consumo masivo. Esta tarea tendría que estar, por supuesto, ampliamente respaldada por las diversas instituciones del Estado, a fin de reducir y dominar los efectos nocivos que tal asedio estaría ocasionando sobre la población, gran parte de la cual se ha visto obligada por las circunstancias a hacerse partícipe (y en algunos casos, cómplice) de la cadena de especulación, contrabando y acaparamiento que se ha extendido, prácticamente, a todo el país, complicando aún más las cosas.
Se requiere, por consiguiente, de una voluntad política por parte del estamento gobernante que sea determinante para facilitar la aplicación de mecanismos legales que contemplen la corresponsabilidad del poder popular organizado en esta materia. Esto debe expresarse en un mayor nivel de compromiso revolucionario de todos para que se impida que los grupos minoritarios de la oposición continúen distorsionando el panorama económico nacional y logren finalmente sus objetivos desestabilizadores. De igual modo, es preciso que esta corresponsabilidad no se halla subordinada a intereses sectarios o de segundo orden, en momentos que la derecha internacional enfila sus baterías hacia Venezuela con la clara intención de propiciar la realineación de las fuerzas antichavistas internas.
Además, hay que tener en cuenta -como lo apunta el economista argentino Claudio Katz en artículo de su autoría, Las batallas de Venezuela- "el modelo económico actual permitió grandes mejoras populares, pero no transformó la estructura improductiva, ni permite afrontar los desequilibrios actuales. La confrontación por el destino de la renta petrolera es la causa de las tensiones cambiarias y la conducta de los capitalistas impide gestar una economía industrializada". En este sentido, existe una brecha muy importante entre lo político y lo económico que no se ha cerrado, cuestión que no ha sido abordada con la suficiente determinación para transformar realmente el aparato productivo y las relaciones de producción al modo socialista; lo que también ha incidido en el desconocimiento popular respecto a quiénes son los verdaderos responsables de lo que sucede con esta "guerra económica".
Por supuesto, esta tarea compartida entre las autoridades, los trabajadores y las diferentes expresiones del poder popular no es nada fácil. Ella tiene que ser manifestación de una conciencia revolucionaria y social plena, de forma que se entienda que si no se actúa a tiempo y con la contundencia requerida, podría acelerarse (sin ánimo fatalista) el eventual desgaste de todo lo que implicaría la construcción real del proyecto revolucionario bolivariano.
