Venimos denunciando la especulación a la cual el simple asiento contable de costos basados en una paridad ilegal la configura. Como estamos ante un asunto de Estado, la acción de este debe ser contundente y sin los engorrosos y "antirrevolucionarios" protocolos jurídicos ordinarios.
Mal recordamos aquella nefasta y curiosa actuación del Fiscal General de marras, quien, ya enterado de la reacción popular que haría reversible el golpe en marcha, no sólo declaró que el Presidente no había renunciado, sino que impidió que los golpistas apresados in fraganti no purgaran ni siquiera 24 horas.
A media noche se presentó personalmente ante los apresados por los soldados fieles y leales al Presidente para darles la más absoluta libertad y sólo indicarles que se les garantizarían todos sus derechos-como golpistas, debimos entenderlo. Tal precedente pudo ser heredado inmancablemente por las actuales autoridades jurídicas, tal como se desprende de la tardanza judicial que pone en cada caso donde se halle involucrado un delincuente que funja de político.
A las actuales instituciones judiciales sólo les pedimos más celeridad y que sus actuaciones se traduzcan objetivamente, por lo menos, en un freno a la delincuencia de ese delincuente impune perdonado y constantemente condonado. Por ejemplo, sus esfuerzos deben ser concentrados en los delitos de esta V República y tratar con mayor dilación los castigos a los delitos de la IVR porque de otra manera no termina enjuiciando ni a los unos ni a los otros.
Ese proceder judicial y fiscal ha permitido que los mismos personajes y personajillos sigan cometiendo todo tipo de delitos con los ciudadanos, contra las instituciones y contra el patrimonio nacional, esta vez, representado por la moneda nacional que está siendo sustraída a los venezolanos mediante una incesante especulación disfrazada de inflación o de devaluación del bolívar.
Como el circulante nacional monetario corre a cargo del Banco Central de Venezuela y nos pertenece a todos como pueblo; como su objetivo no es el atesoramiento, ni su apropiación privada, salvo como medios de compra y pago, pero de ninguna manera para el ejercicio de triquiñuelas financieras y comerciales; como esa especulación se está encargando de acabar con los pocos ahorros del ciudadano consumidor, o sea, el especulador está drenando hacia sus bolsillos una moneda que nos pertenece a todos y no a ningún ciudadano en particular. De allí la urgente actuación de un Consejo de Estado que dé solución a semejante despojo del circulante monetario. Dado que el Art. 318 de la Constitución obliga al Banco Central de Venezuela al logro de la estabilidad de los precios y a preservar el valor interno y externo del bolívar, creemos esta solicitud debe correr a cargo del B CV.
