La realidad colombiana, ha tendido a afectar negativamente toda esta parte de nuestro continente suramericano e incluso, más allá. Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Nicaragua e incluso los propios EEUU, han sido víctimas de las actuaciones delictivas de los residentes colombianos que residen en esos países. A tal punto, que la mismísima canciller, María Ángela Holguín, se manifestaba en tono preocupante: "En este viaje, sobre todo en Perú, en Chile y en Argentina, lo que vemos es un aumento grande de la delincuencia por parte de colombianos. Estamos trabajando con las autoridades de esos países porque lo que no queremos es volver a la estigmatización del colombiano y que por unos pocos salgamos perjudicados", según informaba para el mundo la Agencia EFE, en junio 2013. Enfatizando Holguín, que: "…no queremos es volver a la estigmatización del colombiano y que por unos pocos salgamos perjudicados", ojalá reconociera esa misma preocupación para el caso venezolano que, por su cercanía, esa delincuencia le ha afectado con mayor virulencia. En Perú, recibía la queja sobre la forma violenta de actuar de sus connacionales: "El caso de Lima es un caso bastante complicado, son unas redes que prestan plata (dinero) a unas tasas altísimas y la manera de cobrar es completamente violenta, en casos matan y en casos amenazan, pero siempre con armas. La gente está muy asustada"; no será que, allá también están actuando los paramilitares desmovilizados de Uribe Vélez, estimada canciller Holguín?
La preocupación de la canciller, viene al caso, pues, según ella: “…no queremos es volver a la estigmatización del colombiano y que por unos pocos salgamos perjudicados”. Y decimos, qué viene al caso?, pues, la República Bolivariana de Venezuela, entre sus exigencias al gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, le ha solicitado actuar con firmeza contra las bandas paramilitares que actúan en la zona fronteriza y que están dedicadas al contrabando de productos venezolanos, entre ellos, la gasolina venezolana; al fraude cambiario, afectando el valor de nuestra moneda; además de que sus medios están avocados a una intensa guerra mediática contra el Gobierno Revolucionario y el pueblo bolivariano, propiciando el odio entre ambos pueblos.
Cuando el Gobierno del Presidente Maduro, ordena el cierre de la frontera en algunos pocos municipios del Estado Táchira, lo hace en reacción contra la agresión que sufriera una comisión de nuestra FANB, ejecutada por bandas paramilitares que actúan en nuestro territorio. Lo cual, es indicativo que, no se trató de una actuación deliberada en contra del ciudadano/ciudadana colombiana. Para ese momento, nuestro pueblo era objeto de una diversidad de acciones criminales que le afectaban en sus Derechos Humanos fundamentales; en especial, su Derecho a la Vida. Desde Colombia, ingresaban por miles, diariamente, ciudadanos y ciudadanas colombianas a adquirir productos y alimentos a bajo costo, para luego revenderlos en su país a altísimos costos, tanto que, las bandas dedicadas al narcotráfico optaron por cambiar de ramo y dedicarse al contrabando de alimentos, gasolina y demás productos, que pudieran comprar en el comercio venezolano. A tal punto que, a nuestro pueblo, se le estaba negando, de facto, su Soberanía Alimentaria; su derecho al libre tránsito, al tener que compartir largas colas con los nefastos pimpineros, de horas y horas, para poder llenar su tanque de gasolina a los precios más bajos del mundo, con que el Gobierno venezolano subsidia al ciudadano y ciudadana venezolana. Por si fuera poca la lista de delitos con los cuales se le afectaba su derecho a la vida digna al pueblo venezolano; en las semanas previas al cierre fronterizo, las bandas paramilitares se dedicaban a acosar nuestra moneda, mediante el mecanismo del contrabando de los billetes de cien (Bs 100), los cuales eran trasladados a las casas de cambio fronterizas, donde se les compraba a un costo que superaba su valor de cambio (Bs 150-200), con lo cual, afectaban negativamente nuestra economía, obligando a nuestro Banco Central, a emitir nuevas cantidades de billetes de esa denominación. Imposible concebir, que detrás de tamaña campaña contra nuestro Gobierno, pueblo y economía venezolana, no tuvieran nada que ver, el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y demás instituciones. Seríamos, si así lo creyéramos, tan pero tan ingenuos, que rayaríamos en lo pendejo!
El cierre de apenas unos 160 kilómetros de un total estimado de 2.219 Km, ha dejado al descubierto una economía parasitaria, viviendo a expensas de los bienes y productos de las y los venezolanos. Como bien reseña la BBC, en Cúcuta solo existen 28 bombas de gasolina, para una población estimada del millón de habitantes, valga decir, que eran los pimpineros quienes abastecían de combustible a los vehículos de las y los cucuteños; al cerrar la frontera y desaparecer del escenario los pimpineros, como era lógico esperar, las colas ahora se devolverían al otro lado de la frontera. Ello deja ver, como el Estado colombiano se acondicionó y amoldó al Estado delincuencial, si no puedes con ello, conviértete en uno de ellos. Bien, tiene en decir, para la BBC Mundo, Hilda Torres, comerciante colombiana, al asegurar que: “De Venezuela uno vive, el cucuteño vive de Venezuela”, lástima no puedan decir lo mismo, nuestros hermanos tachirenses de la frontera.
Las bondades del cierre, para el pueblo venezolano, son tantas que la misma debe extenderse hacia sus 2.219 kilómetros totales estimados. Es un reclamo nacional que ello ocurra. En el mismo orden, nuestro pueblo reclama de su Gobierno Revolucionario, colocar en el congelador esas relaciones que muy poco provecho y beneficios, han traído al pueblo venezolano. Inadmisible, que el gobierno de Santos, hoy hable en nombre de los Derechos Humanos, cuando éstos han sido las principales víctimas de sus políticas guerreristas neoliberales, soportadas en los falsos positivos y su alianza con el narcoparamilitarismo. Inadmisible, que el gobierno de Santos, hoy nos mienta diciéndonos que “solo exporta prosperidad”, cuando nuestro pueblo solo ha recibido de su falsa “prosperidad”: refugiados, inseguridad, secuestros, narcotráfico, muerte y destrucción. Esa es, una realidad que violenta elementales Derechos Humanos del pueblo tachirense, como lo señalara en alguna oportunidad Pedro Díaz, Director de la Fundación “Una Luz por la Vida”, ONG que se encarga de contabilizar las víctimas del sicariato en dicho Estado venezolano: “Llegó el momento en que San Cristóbal tuvo más sicarios y “perros” (como les dicen a los delincuentes comunes que cobran vacunas de los “paras”), que buhoneros (vendedores ambulantes)” (El Espectador, 31-01-2009). Un estimado de 12 mil venezolanos, venezolanas, colombianos y colombianas, residentes en nuestro país, entre 2003 y 2008, resultaron ser víctimas del enfrentamiento entre bandas delincuenciales, importadas desde Colombia. No por casualidad, el pasado 27 de agosto, el congresista colombiano del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, alertaba al mundo entero: “Llamamos la atención sobre la exportación del paramilitarismo, ese no es un hecho ficticio, no es producto de la imaginación febril de ningún mandatario en América Latina, es un hecho real, hay grupos paramilitares que operan allende nuestras fronteras, no solamente en Venezuela sino también en otros países latinoamericanos”. Es la misma línea de conducción de sus amos del norte, los EEUU, quienes ahora se han dedicado a exportar criminales, como lo hiciera recientemente con las bandas criminales salvadoreñas de “los maras”, detenidas en las cárceles gringas, a quienes liberaron y repatriaron a su país de origen, El Salvador. ¿Con qué objetivo? Lo explica, Atilio Borón: “…generar una ola de violencia para sembrar el caos y provocar el malestar social que desestabilice al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, en línea con la prioridad estadounidense de “ordenar” lo antes posible el díscolo patio trasero latinoamericano, sacándose de encima a gobiernos indeseables”. Sentenciando en conclusión, el camarada Atilio: “El autoproclamado “destino manifiesto” de Estados Unidos es exportar la democracia y los derechos humanos a los cuatro rincones del planeta. Lo que hace, en realidad, es exportar criminales”.
La diplomacia delincuencial que avala el contrabando, los paramilitares y la agresión económica contra la República Bolivariana de Venezuela, como ha quedado en evidencia en las reiteradas negativas de la cancillería y el gobierno colombiano a rectificar políticas y medidas que, en los hechos, dan legitimidad a la delincuencia fronteriza, es una política de Estado y como tal, debemos valorarla. No es gobierno amigo de la paz con nuestro pueblo y nuestro Gobierno, ese que hoy está en el Palacio de Nariño. Sus fines perversos, han quedado también develados y concuerdan en mucho, con los que ya ha venido expresando públicamente esa oposición organizada en la MUD. Como bien expresó la canciller colombiana, María Ángela Holguín: “Mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que nosotros logremos hacer algo de verdad en la lucha contra el contrabando”. En resumidas cuentas, qué propone el gobierno de Colombia? Pues nada más, nada menos que, aquella conseja que durante más de quince años ha venido enarbolando el oposicionismo apátrida, ayer la Coordinadora Democrática, hoy la MUD: “cambien el modelo, retrocedan a febrero 1989, vuelvan al neoliberalismo…”
