El tema de los contratos con empresas transnacionales para la explotación de nuestra riqueza minera, ya es un caso de conciencia para la dirigencia media del PSUV y el chavismo popular en general. Siempre parto de que la militancia de base y parte del "aparato", es gente de buenas intenciones, leal a lo que creen un proceso revolucionario y que tiene convicciones antiimperialistas. Muchas veces ellos siguen lineamientos, sólo porque no hay nada mejor: peor es nada (Maduro, Diosdado, Jorge o…¿qué?). O como me decía un compañero, al enemigo ni agua, y la crítica la ejercen unos intelectuales que no tienen fuerza de calle. El argumento de la fuerza es aglutinante. En efecto, frente al Partido-Gobierno-Estado Fuerzas Armadas, unos tipos que sólo disponen de su conciencia y su escritura, lucen ridículos. Pero siempre espero que sea mayor la fuerza de la conciencia de los militantes. Esperanzas que mantiene uno.
Alejándose de la actitud presidencial de simplemente calificar de mafiosos y agentes de la CIA a quienes llamamos la atención y criticamos acerca de los preocupantes términos antinacionales de memorándums y compromisos, de los cuales no se ha informado apropiadamente, algunos columnistas de APORREA, por ejemplo, que se han caracterizado por su defensa automática de todo lo que hace el gobierno, han aceptado la discusión y ensayan un acercamiento más razonable. O sea, tratan de argumentar, más allá del pragmatismo pedestre de que ahí nos sacamos unos dólares que nos hacen falta para seguir haciendo lo mismo que hacíamos con los dólares que ya no percibimos de la renta petrolera.
A veces, el vuelo es cortico, claro. No es fácil mantener un discurso coherente cuando las premisas no lo son. Por ejemplo, Juan Martorano señala que hace tiempo que hay un ecocidio en la zona de Guayana donde se desarrollarían las actividades mineras a cielo abierto, y eso obsta para quejarse en estos momentos. Rodolfo Sanz, en la misma onda, habla de un "ecologismo post mortem". O sea, ya los ecosistemas se murieron y ya el ecologismo que se queja de eso es inútil y hasta fundamentalista. El mismo Sanz se contradice y propone plantas de tratamiento de las aguas y métodos para limpiar de cianuro las corrientes fluviales empleadas. En otras palabras, que reconoce que sí es pertinente reclamar desde una posición ecologista, y todavía se puede y, sobre todo, se debe, hacer algo. Un pasito, pues.
¿Por qué no dan el otro pasito y exigen estudios de impacto ambiental como condición para firmar esos contratos? Otro pasito para una discusión seria, puede ser la propuesta de Martorano, de someter a referéndum los contratos y el decreto mismo. Me parece interesante. Eso sí: que se informe completo y se dé una discusión clara, sin ventajismo. Que vengan los informes de impacto ambiental y étnico.
Al parecer, el gran argumento de los que respaldan lo del Arco Minero, sin el ánimo persecutorio y defensivo del Presidente, es que al fin el estado se hará presente en un área donde las mafias y la minería ilegal se han apoderado de ese territorio. Esas zonas serían como, en pequeño, ciertas barriadas de nuestras ciudades, dominadas por el hampa. Algunos defensores señalan que esa presencia del estado permitirá que se ponga orden ahí, aparte de que habrá posibilidad de organizar el "Poder Popular" y regular la actividad de los mineros artesanales. Incluso, Sanz y Martorano hablan en alguna parte de ¡transferencia tecnológica! Pero, bueno. Si la República se compromete a pagarle cientos de millones de dólares por información y servicios técnicos, eso no es transferencia tecnología, ni aquí ni en Pekín. Y, ojo, los chinos vienen para eso. Y no sueltan prenda tecnológica. Ni así.
Ahora bien ¿qué tiene que ver la necesidad de la presencia del estado con la firma de esos contratos, en esos términos, con esas transnacionales en particular? Por supuesto, se trata de un cambio de tema, de una maniobra para desviar la atención del punto. Y el punto es que el país cayó en una dinámica, avanza por un camino, de entrega de soberanía económica. O, vamos a ponerlo menos alarmista, de avance a un modelo de capitalismo de estado (la burocracia, o sea, Partido-Gobierno-Fuerzas Armadas) asociado con el capital transnacional que no tiene nada que ver con el "Plan de la Patria". ¿Ese es el estado que queremos presente allá?
Porque ese es el otro argumento: el Comandante Chávez avaló el arco minero en algunas líneas del "Plan de la Patria". Es diferente un objetivo histórico (salvar al planeta) de unos lineamientos tácticos. Pero, más allá, ¿Qué diría el Comandante de la tendencia de todas esas empresas que él sacó (no sólo Golden Reserve, por ahí viene otra canadiense, y otra rusa y otras más), que ganaron el caso en el CIADIS, el tribunal del FMI, de buscar un contrato tan favorable para ellas como esa de Golden Reserve? Es más ¿qué diría al saber que el gobierno de Venezuela sigue atada a varios juicios en el CIADIS, cuando desde 2008 el gobierno había denunciado el acuerdo con ese organismo, a raíz de la denuncia de Luís Britto Garcia y Fermín Todo Giménez de 2002?
Y no hablo del 1 de septiembre, porque precisamente es la oposición la que quiere imponer esa agenda.
