En Mayo del 2014 se evidencia públicamente una de las estafas más grandes cometidas en nuestra Patria. Cerca de 7000 personas colocaron parte de sus ahorros como adelanto a la adquisición de vehículos en la mal famosa Concesionaria La Venezolana. El gobierno reaccionó ordenando una investigación que entre sus pasos encangrejados estuvo la denuncia de los afectados ante fiscales del Ministerio Público que provistos de computadoras olorosas a recién adquiridas, formulaban preguntas casi estúpidas, cerradas, sin posibilidad de ampliar o suponer. Todo debió ser soportado con copia de documentos. El presentimiento de los afectados fue que tanta alharaca sería para nada, tal como sucedió.
La Fiscal General de la República del momento, posiblemente aliada a algunos funcionarios del Estado empatucaron el proceso. Nunca se supo o al menos no se informó al Pueblo a cuanto concretamente ascendió la estafa, que se hizo el dinero, a dónde fueron transferidas esas cantidades monetarias, cuantos dólares del Estado se entregaron para las operaciones de La Concesionaria La Venezolana, cuáles funcionarios del Estado recibieron prebendas de esta empresa, a cuánto ascienden los bienes recuperados, cual es la estructura del capital recuperado, y las preguntas que nadie explica, ¿Hubo o no hubo una ofician VIP en Fuerte Tiuna? ¿Por qué el Estado debe responder por la estafa cometida por un ente privado?
Ofrecer que el Estado devolvería indexados los fondos estafados, o entregaría los autos que venían en barcos o que ya estaban en Venezuela o entregar autos de otros programas del Estado daba mala espina, algo se quiso tapar u ocultar. Todas estas ofertas las hizo públicas el Vice-Presidente Arreaza. Pero, la situación transcurrió dejando apagar la fe de la gente por recuperar sus recursos, y a la final, algunos hastiados han concurrido a los tribunales para actuar privadamente y obtener solución a sus casos, personales o en grupo.
Todavía sorprende que a la luz de todo el funcionariado oficial, una empresa haya colocado propagandas, aupado juegos nacionales, generado comunicados a la opinión pública, disponer de protección mientras hacía sus operaciones de recaudación de fondos de los incautos, y disponer de payasos (personas disfrazadas posiblemente de militares) que hacían cola para pagar y simular que hasta la Fuerza Armada era una buena clientela.
Han transcurrido cuatro años, la plata se esfumó, la esperanza se había esfumado, pero la nueva evidencia es que la Fiscalía General de la República está insuflada con aires de transparencia y procede para adecentar la Patria de Bolívar y de tantos héroes, pero sobre todo para aliviar la cruz del que el Poder Popular carga encima defendiendo la revolución donde extrañamente algunos se han llenado las manos de dinero para no decir mierda.
