Por estos días, el Hno. Presidente Nicolás Maduro intenta reeditar una propuesta puesta en práctica en septiembre de 2017. Como una nueva política de fijación de precios se le exaltó, llamándola de Precios Acordados. Recogía así, una experiencia asumida en tiempos de la bella presidenta Cristina de Kirchner, también bajo asedio imperialista. Allá con el dólar blue, acá con el dólar de guerra o today. A Tareck, entonces vicepresidente ejecutivo, se le encomendó la tarea de puesta en práctica de dicha nueva política de precios que, entre otra cosas, reflejaba la pérdida de poder político del Estado Social de Derecho y de Justicia, pues como bien lo establece la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Gaceta Oficial 5.891 de fecha 31 de julio de 2008, la cual forma parte del legado del Comandante Chávez, en específico de lo jurídico, en su artículo 20, numeral 4, establece como función indeclinable del Estado por intermedio del Ejecutivo Nacional: "Fijar los precios de los alimentos, productos o insumos agroalimentarios declarados de primera necesidad". Atribución, que en lo concerniente a este último año, transitado desde aquel primer intento de establecer una política de precios, fue desconocida por los agentes económicos privados. Quienes han sido, en definitiva, los que se han abrogado esa atribución o competencia que la Ley no les faculta. De hecho, han dado un golpe de Estado en materia de fijación de precios, sin que el pueblo, Gobierno y FANB, hayan podido restablecer el orden Constitucional en esa materia. En todo caso, lo que hemos tenido este último año, no ha sido sino un libertinaje en materia de precios, como evidencia de cuán falsa es esa conseja que viene desde el gobierno fascista de Trump, de la supuesta "dictadura" de Maduro que oprime a los venezolanos y venezolanas. Cuánto quisiera, el pueblo venezolano, poder vivir en una dictadura que restableciera el orden en esta sociedad, inducida al caos en todos los órdenes. Más aún, como expresan algunos estudios de opinión, siempre y cuando, la misma sea dirigida por el Hno. Presidente Nicolás Maduro.

La experiencia histórica, nos da lecciones que debemos aprender a sustanciar positivamente. El 23 de enero de 1961, se aprobó la Constitución de 1961. Rómulo Betancourt, presidente entonces, para enfrentar difíciles situaciones que atravesaba la República. No solo suspendió algunos derechos garantizados en ella, incluso de índole económicos, sino que tomó medidas excepcionales ante la caída de los precios petroleros de aquellos años, reduciendo sueldos de los empleados públicos, devaluando la moneda y hasta un control de cambios tuvo que implementar, ante la voracidad de la burguesía local de resguardar en moneda extranjera sus inversiones. Además, producto de la pérdida del valor adquisitivo del Bolívar de entonces, la burguesía aliada al gobierno derechista de Betancourt, alentó el incremento de los precios como mecanismo de protección de sus tasas de ganancias, lo que produjo un enorme descontento entre la población, que fue –brutalmente- reprimido en medio de la suspensión de sus garantías constitucionales, mientras los medios de comunicación, le calificaban de acciones antidemocráticas, "de acciones extremistas" las asumidas por el pueblo.

La sola elevación del tipo de cambio de 3,35 bolívares por dólar entre 1945 y 1969, a 4,58 bolívares por dólar, en 36 por ciento, produjo un alza indiscriminada en precios de alimentos, productos de primera necesidad, bienes y servicios, que acrecentó la protesta social e indujo al gobierno de Betancourt a tomar medidas fuertes de represión y encarcelamiento, de quienes osaran salir a protestar. No obstante, Betancourt, consideró como pertinentes las propuestas surgidas desde la cúpula empresarial de Fedecámaras, todas tendientes al resguardo de sus intereses y en desmedro del pueblo. Valga decir, en reivindicación de la memoria histórica, que aquella medida de suspensión de las garantías económicas solo buscaba restringir, en última instancia, los derechos y garantías económicas de los trabajadores y trabajadoras. Tal era, su carácter de clase. Pretendió Betancourt, reducir el mal llamado "gasto público", reduciendo salarios para sustentar los gastos del Estado sin reducir las ganancias de un sector empresarial que, ya para entonces, mantenía enormes tasas de ganancias sobre la base de elevados precios internos de los productos que comercializaba. Esa medida, duró hasta el 5 de junio de 1991, cuando Carlos Andrés Pérez, presionado por los productores, la dejó sin efecto.

En 1994, durante el gobierno de Rafael Caldera, se vivió una situación similar caracterizada por una crisis bancaria que obligó al gobierno burgués a tomar medidas de salvaguardia que terminaron siendo para los banqueros, propiciadores de esa crisis. Caldera, procuraba aliviar el elevado déficit fiscal, la evasión fiscal, y la escalada de precios de los productos de primera necesidad. Asumió medidas excepcionales, entre ellas, la suspensión de algunos derechos económicos; que fueron rechazados, a diferencia de Betancourt, por las élites empresariales, quienes se manifestaron en defensa de la libertad de mercado y contrarios a todo tipo de control, asumido por el Estado. Gustavo Márquez, entonces diputado del MAS, que formaba parte de la coalición de gobierno, justificó la decisión del Ejecutivo, pues "permitirá combatir la especulación y la escalada de precios que estaban afectando en grave medida a la población". La medida de restricción de algunos derechos económicos, puesta en boga por el presidente Caldera, permitió rescatar a los banqueros mediante la inyección de fuertes subsidios del Estado, mientras el pueblo sufría los embates de una desatada especulación que utilizaba la liberación de precios, como mecanismo de protección de las tasas de ganancias de un sector empresarial acostumbrado a disponer libremente del mercado bajo su mando. Caldera impuso el IVA. Terminando el pueblo, pagando el costo de la crisis provocada por los banqueros. La naturaleza de clase de su gobierno, quedaría allí reflejada.

A diferencia de Betancourt y Caldera, el Hno. Presidente Nicolás Maduro preside un gobierno que se reivindica como obrerista, valga decir, un gobierno de los trabajadores y trabajadoras de la patria. Sometido a una feroz guerra de clases, liderada por el imperialismo; la burguesía local, utiliza la especulación como el instrumento histórico preferido para mantener en alza sus tasas de ganancias. Si bien, en esta guerra no convencional multimodal, en sus inicios empleó a fondo el contrabando de alimentos y medicinas para propiciar el descontento popular; una vez que la oligarquía bogotana, vio en el contrabando desde Venezuela de productos una competencia desleal a sus intereses, reencauzó esa dinámica de guerra desde el contrabando hacia nuevas modalidades para restringirle la oferta de alimentos y medicinas al pueblo todo, indistintamente fuere su posición política. Primeramente, crearon los bachaqueros, quienes se convirtieron en marcadores de precios, luego de ver sus debilidades, la asumieron los propios comerciantes, la ejecución de esa política de restricción de oferta de alimentos y medicinas, mediante el mecanismo histórico empleado: la especulación. Política de precios, que debió concluir en la derrota del Hno. Presidente Nicolás Maduro el pasado 20M. Fallida intentona, que ha conllevado a la derrota de la burguesía industrial-comercial-importadora-financiera. No obstante, persisten en su agresión contra el pueblo mediante el mecanismo de la especulación, aupados por el gobierno de Trump, quien a final de cuentas, está destinando millonarios recursos en dólares para los líderes empresariales y políticos de la derecha, para que se mantengan impulsando esta modalidad de guerra no convencional contra un pueblo.

Sostenemos, que mientras esa modalidad de guerra ofrezca como bondad, grandes ganancias para quienes la ejerzan, ésta se mantendrá en el tiempo indefinidamente. La "dictadura" de Maduro, ha hecho muy poco para neutralizar los efectos bondadosos de la guerra económica. No ha asumido políticas disuasivas efectivas, que obliguen a la burguesía comercial-industrial-financiera-importadora a reconsiderar posibilidades de diálogo y concertación con el Gobierno Nacional. Hoy, conversan sobre unos precios acordados que luego, poco o nada, serán respetados. El Hno. Nicolás, con los mensajes que está enviando a esos sectores al margen de la Constitucionalidad, exhortándolos a acatar los "precios acordados", está dejando muy mal la majestad del Poder Ejecutivo de la República, pues reflejan debilidad; en momentos, que ha aglutinado una enorme fortaleza institucional, expresada en términos de poder popular, gobernaciones, alcaldías, poder moral, poder judicial y ANC.

Es hora, que el Gobierno Revolucionario asuma sus atribuciones Constitucionales y de Ley, más aún, cuando de Soberanía Alimentario hablamos, pues hablamos del derecho a la vida, a la alimentación de todo un pueblo. Propiciar la fijación de precios de 50 productos, considerados de primera necesidad, nos parece acertado. Pero, hacerlo de manera concertada, reduciendo esa decisión a solo dos instancias: Gobierno y empresarios, nos parece tan desacertado, que nos resulta muy fácil, pronosticar el fracaso de dicha política. Pues, como ha demostrado la experiencia del último año, ni el Gobierno, mucho menos los empresarios privados y públicos, están consustanciados con el compromiso de garantizarle al pueblo, precios justos y accesibles para la población. Tan solo, el pueblo es quien padece esta penuria de liberación de precios ipso facto, y no se le convoca a esos espacios de debate y fijación de precios. Después, se pretenderá fijarle la responsabilidad de fiscalizar unos precios en los que no ha sido ni arte ni parte. Unos precios, que ni el Gobierno, ni los empresarios, defenderán.

En Política, con mayúscula, todo tiene su momento. Estimamos, que el tiempo de fijar precios acordados ya pasó. La dinámica de la guerra, en el ámbito económico, obliga a asumir medidas excepcionales. Ha llegado la hora que, en aras de garantizar la Plena Soberanía Alimentaria, mandato Constitucional, habida cuenta que el sector privado abandonó sus obligaciones de Ley, que el Estado asuma la propiedad accionaria, ya sea total (100%) o parcial-mixta (51%), de todas las empresas radicadas en el país, dedicadas a la producción de alimentos. Solamente, mediante una decisión de este calibre será que el Estado podrá garantizar la Plena Soberanía Alimentaria y, a la vez, cumplir con su obligación de Ley de fijar los precios de los productos de primera necesidad. Si pudimos hacerlo con el Petróleo, porqué no hacerlo con los alimentos que vienen a ser la vida de los venezolanos y venezolanas…