Sumario:

Al tiempo que el gobierno invierte grandes cantidades de dinero en controlar el mal, las empresas privadas se consolidan, actualizando sus sistemas de seguridad, cuya instalación cada día es más costosa.


Especial

Mientras el gobierno bolivariano se esfuerza por consolidad la integración latinoamericana y mundial, especialmente con los pueblos que se resisten a seguir bajo el yugo de los poderes imperiales, las matrices de opinión buscan mostrar un aislamiento del país y su gobierno, que solo existe en la ficción transmitida por radio y TV.

Por tales razones, los sectores fascistas que hacen vida en el país, histórica, estrecha y sistemáticamente colaboradores de los gobiernos de Estados Unidos, intentan por todos los flancos posibles, golpear al gobierno de Hugo Chávez.

Citando a Heinz Dietrich, “el gobierno venezolano se enfrenta a cinco frentes de desestabilización principales: el paramilitar; el económico; el mediático; el institucional y el internacional”.

La inseguridad sobredimensionada por los medios es una de las fortalezas de estos grupos, vinculados con el sionismo internacional (Movimiento nacido en 1897, expansionista, racista, colonial, fundamentalista, militarista e imperialista, que propugna la supremacía de un grupo y que se fortalece gracias a la acumulación de capital). Este cáncer, la inseguridad, que creció al ritmo de la corrupción y el burocratismo, instaurados por el pacto de Punto Fijo, no fue atacado en el pasado. Y en el presente, su tratamiento es doloroso, lento y costoso, pues no hay condiciones para aislar al paciente que lo padece. Todos, sanos y enfermos, deben ocupar el mismo espacio, haciendo mucho más lejana la asepsia. El tratamiento es integral. La sociedad se debe tratar de manera orgánica para lograr extirpar este mal definitivamente.

La seguridad en manos de ex policías

Acabar con la inseguridad en un sistema que garantiza los derechos humanos no es tarea fácil. En el pasado cercano hubo quienes gritaron lo que fue más que una consigna: plomo al hampa, pero fueron precisamente de los primeros en ser vomitados por el proceso. Este mal por el contrario, se elimina en la medida que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden cubrir sus necesidades básicas. Y esto no se logrará en su totalidad hasta que la sociedad y las relaciones de producción respondan a principios y valores socialistas. Mientras exista el capitalismo no es posible tener una sociedad sana. Mientras se pretenda mantener conectado al sistema para que siga respirando no será viable una solución. Pero ello no significa que los esfuerzos por combatir la inseguridad estén cayendo en un barril sin fondo. Por el contrario, es necesario intentar y realizar todo el trabajo para reducir los niveles de delincuencia.

Sin embargo, el esfuerzo de las instituciones puede ser frenado por el muro de contención que forman los aliados de la delincuencia: los inver-sionistas. Muchos de los dueños, directores o representantes jurídicos de las llamadas “empresas de seguridad”, que instalan sistemas para ofrecer mayor tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas; que guardan las espaldas a quienes pueden pagar por ello y quienes cuidan las propiedades de las minorías privilegiadas en el país, son ex funcionarios o ex efectivos de los cuerpos de inteligencia del Estado (Policía Técnica Judicial , Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP, Dirección de Inteligencia Militar, entre otros), algunos, lo suficiente, vinculados al servicio secreto israelí Mosad.

Una de estas empresas de ex policías es la Organización Detecta C. A. (ORDECA), cuyo director principal, es el policía Arpad Bango Stagel, quien se desempeñó como Comisario General de la Disip, durante el gobierno de Luis Herrera Cámpins. A este sujeto se le vincula con la guerrilla

Un dato importante: durante la gestión de Eliécer Otaiza, a la empresa de Arpad Bango le fueron decomisados documentos y material clasificado como confidencial y de seguridad de Estado. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el reintegro a la DISIP de lo decomisado.

Otro sujeto dedicado al oficio es Henry López Sisco, a quien junto con Arpad Bango se le acusa de haber dirigido masacres como la de Cantaura, cometida el 4 de octubre de 1982, en la que perdieron la vida 23 personas; y Yumare, el 8 de mayo de 1986, que cobró la vida de 9 jóvenes, quienes fueron emboscados, torturados y vilmente ejecutados. Recordemos que en Cantaura el lugar fue bombardeado por la Fuerza Aérea y luego los funcionarios de la DISIP se encargaron de dar “tiros de gracia” a los heridos. Luego todos fueron enterrados en fosas comunes, siguiendo cabalmente las instrucciones de la “operación exterminio” ordenada por Ronald Reagan.

López Sisco se dedicó al ejercicio privado de la “seguridad” y se le conoce principalmente por sus acciones “anti-secuestro” en los estados fronterizos. Incluso ha sido asesor de seguridad de la gobernación del estado Zulia, dirigida por Manuel Rosales.

Otro personaje es Israel Weizer, quien trabajó en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y en la Disip. Durante las gestiones de Remberto Uzcátegui y Arpad Bango ascendió vertiginosamente. Según decía orgulloso, formó parte del equipo de “limpieza” que participó en la masacre de May Lai, en Vietnam. Bombardeo ejecutado por el ejército norteamericano, el 23 de mayo de 1969, en cual murieron centenares de personas inocentes, ancianos, niños y mujeres.





Vivir de la muerte

Al tiempo que el gobierno invierte grandes cantidades de dinero en controlar el mal, las empresas privadas del ramo se consolidan, actualizando sus sistemas de seguridad, cuya instalación cada día es más costosa.

Recordemos el episodio del paro sabotaje y las guarimbas, entre los años 2002 y 2004. Cuando la amenaza: “los chavistas van a bajar de los cerros y a entrar en las casas”, no solo inspiró a la autodenominada sociedad civil para que colocara ollas de aceite caliente en las azoteas de los edificios, sino que además le valió a las empresas de seguridad y a las armerías una de sus mejores temporadas.

Pero no solo las empresas que ofrecen sistemas de seguridad o protección personal, las armerías también han sido beneficiadas sustancialmente, aunque quienes adquieren las armas en estos establecimientos necesitan cumplir con una serie de requisitos como exámenes psicológicos; pago de impuestos y otros. Luego, obtener el permiso que la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA) otorga para retirar el arma o portarla.

Pero estos controles no existen en el mercado negro de armas donde para obtener una solo hay que pagar por ella. El comercio ilegal es mantenido por los robos y atracos a residencias y vehículos, y gracias a las armerías de los cuarteles de policía donde las armas viejas que deben ser descontinuadas no cumplen el debido proceso y en el camino “se van perdiendo”.

La seguridad es un gran negocio. Mucho más rentable después de haber sido entregada a la administración de privados. Y es que no solo CANTV, Cadafe, Sidor, Viasa, Aeropostal y otras fueron privatizadas por el puntofijismo, la seguridad también fue privatizada, sin licitación, sin papeles, sin oferta pública.

Si las políticas del estado para frenar el hampa son eficientes, los resultados no solo se mostrarán en las estadísticas de los fines de semana, sino también en los balances generales de las empresas de seguridad.

La fórmula es sencilla: más inseguridad igual a más inver-sionistas; más seguridad igual a menos inver-sionistas. Una vez más se cumple la ley de oferta y demanda.

Sería interesante que muchos nombres fueran investigados, así como su vinculación con la “industria de la seguridad”, una de las más prósperas del país.

hinduanderi@yahoo.com