Nadie sabe cuántas armas (legales o ilegales) hay en Venezuela. Podemos estimar cifras, pero no elaborar leyes a partir de las mismas, como hace el abogado Juan José Mendoza, diputado PSUV por Trujillo y presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea quien, de manera irresponsable y sospechosa, afirma que existen “de 9 a 15 millones” de armas ilegales en nuestro país. El margen de error de 6 millones es tan grande que vale la pena preguntarse de dónde sacan sus datos la comisión parlamentaria y el diputado Mendoza para redactar la nueva ley de armas y desarme,
Es evidente que Mendoza también ignora o finge ignorar el servicio que su afirmación le presta a la oposición en este período electoral, Pero lo que lleva las sospechas más allá de la deshonestidad intelectual o la simple torpeza es saber que, según su curriculum en la Página Web de la Asamblea, Mendoza sólo ha trabajado cinco años en un bufete de abogados, y por lo es un político profesional (o profesional político) que debería saber mejor lo que hace o lo que dice. Y para terminar con el diputado y su comisión, no nos queda sino refrendar la afirmación de Alberto Nolia en VTV, cuando se burla de la ley de desarme, ridícula mientras no se logre desarmar las cárceles, cáncer y vergüenza de la Revolución en un país donde el Presidente, ministros, funcionarios y tantos ciudadanos comunes hemos estado presos.
¿CUANTAS HAY?
El gobierno bolivariano compró 100 mil fusiles de asalto AK para reemplazar a los aproximadamente 100 mil viejos FAL que, junto a una cantidad parecida de carabinas belgas 30-FN, pasan a la milicia o a un honroso retiro en el parque nacional. Podemos añadir fusiles de asalto de última generación, centenares de ametralladoras AFAG y muchos miles de metralletas surtidas (desde las viejas ZK, Madsen y Beretta hasta las HK-MP5 policiales, pasando por las UZI) y nos da un monto aproximado de 500.000 armas largas en manos del Estado. Nos queda por sumar una cantidad igual de armas cortas, revólveres y pistolas de uso militar o policial que, aplicando el infalible método vasco de calcular bien y luego poner el doble, arroja una cifra aproximada pero razonable de 1 millón de armas legales en poder del Estado.
HIERROS A GRANEL
Cuando la Cuarta República decidió que la solución a la inseguridad era armar a las clase media para que se defendiera de los delincuentes pobres (los delincuentes ricos estaban en el gobierno, en Pdvsao Fedecámaras) la Compañía Anónima de Industrias Militares CAVIM, vendió en tres o cuatro años unas 500.000 armas cortas. Es razonable suponer que las armerías privadas vendieron otro tanto, y así llegamos a un millón de armas cortas legales en manos de particulares para sumarlas al millón del Estado. Total: 2 millones de armas legales. Vamos a “calcular” una cantidad similar (2 millones) para las contrabandeadas al país y vendidas en el mercado negro y tenemos un total de 4 millones. Con medio millón de ñapa, sumaría un gran total de 4.500.000 armas, justamente la cifra que Amnistía Internacional y Provea daban hace dos años.
¿15 MILLONES’
La cifra de 15 millones, tan útil para las campañas opositoras sobre la inseguridad, apareció en los medios como correspondiente a México, un país con 107.000 habitantes, cuya Constitución otorga a los ciudadanos el derecho a tener un arma en casa, y en cuya frontera norte operan 13.000 de las 100.000 ventas de armas de los Estados Unidos. Cómo el diputado Mendoza la trasladó a Venezuela seguirá siendo un misterio de la ciencia.
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