El Título III de la Constitución está especialmente dedicado a los derechos humanos, utilizando una buena parte de su articulado a un tema fundamental para garantizar la paz y los principios de defensa de la vida.

El primer artículo de ese Título, el 19, dice claramente: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

Dolorosamente, hemos visto que una cosa es lo que dice la Constitución y otra muy distinta es lo que sucede en algunos casos, en donde de manera despiadada se han violado los derechos humanos de algunos compatriotas.

Sin embargo, en honor a la justicia, habría que ver cómo se están enfrentando las violaciones que se han cometido, y compararlas con la manera cómo se manejaban en el pasado. Para poner las cosas en su justo lugar. Veamos algunos ejemplos:

EL CASO DE LOS DESAPARECIDOS DE VARGAS

Todos recordamos la denuncia que en su momento habría hecho la periodista Vanessa Davies, quien había afirmado que los días siguientes a la dolorosa tragedia de Vargas, en Diciembre de 1999, funcionarios de la DISIP habrían aprovechado la confusión para “desaparecer” a algunas personas. Sus familiares acompañaban estas denuncias. Recordamos también, que el propio Presidente de la República acompañó a Vanessa al Estado Vargas, para tratar de conocer la versión de los familiares y que, a raíz de eso, fueron destituidas las principales autoridades de la DISIP para la época.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación sobre los hechos. Lamentablemente, las condiciones en que se dieron los mismos -un momento de tragedia nacional- impidieron recoger evidencias suficientes como para que se consiguieran pruebas, al menos hasta ahora, que permitieran dar castigo oportuno a los responsables de estas violaciones.

El caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la audiencia correspondiente el Estado venezolano decidió allanarse a favor de las víctimas, lo cual significa que las mismas serán indemnizadas en la forma en que la Corte lo determine. En otras palabras, frente a la violación de los derechos humanos, el Estado asume su responsabilidad y busca el resarcimiento de los afectados.

OTROS CASOS PRESENTADOS ANTE LA CIDH

De igual manera, en otros casos que han sido presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales como las víctimas del Caracazo o las víctimas de la masacre del Amparo, en donde el Estado había sido sancionado con la respectiva indemnización a las víctimas, el gobierno del Presidente Chávez ha asumido el pago correspondiente convirtiéndose, de esa manera, en el único gobierno de Venezuela que hasta ahora lo haya hecho, a pesar de que estos casos tenían décadas esperando que el Estado asumiera su responsabilidad. De esta forma, se ha demostrado un compromiso real con la defensa de los derechos humanos.

EL SALVAJE AJUSTICIAMIENTO

Más recientemente la opinión pública se ha visto conmovida por un hecho que asquea a toda persona decente, como lo fue el caso del ajusticiamiento de los estudiantes de la Universidad Santa María, en la Urbanización Kennedy. La indignación por estos hechos ha sido tan grande que, incluso aquellos que a lo largo de nuestra vida hemos sido activos militantes en contra de la pena de muerte, por primera vez nos preguntamos si, en un caso como este, treinta años serán suficientes para castigar estos asesinatos, cometidos a sangre fría y sin ninguna razón.

Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedía en otros gobiernos, en esta oportunidad ha sido el propio Ministro de Interior y Justicia el primero en denunciar los acontecimientos. Inmediatamente se han abierto las investigaciones correspondientes y se han detenido a los funcionarios presuntamente implicados en el crimen. No solo se destituyó a los funcionarios que habrían participado en el ajusticiamiento, sino también aquellos que, después que se perpetraron los hechos, intentaron cambiar el escenario y borrar las evidencias.

Se informó a la opinión pública, en rueda de prensa ofrecida por el propio Ministro, los nombres y los cargos de los funcionarios que presuntamente estarían implicados en los hechos y han sido las autoridades de los distintos poderes del Estado los primeros en informar sobre cada paso que se da en la investigación. El propio Presidente de la República, en varias oportunidades, se ha manifestado a favor de aplicar todo el peso de la Ley a los funcionarios implicados en estos hechos.

Si esto hubiera pasado en un gobierno de la cuarta república, todavía estarían diciendo que los jóvenes eran unos malandros, que se habrían enfrentado a tiros con los policías, deshonrando sus memorias e irrespetando la dignidad de sus familias. Pero en esta oportunidad, más allá de que los hechos sucedieron y eso es una dolorosa y terrible realidad que lamentablemente ya no se puede cambiar, el Estado venezolano ha actuado con responsabilidad y prontitud, tal y como le corresponde, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

MANIFESTACIONES LÓGICAS Y RECIBIMIENTO RESPETUOSO

Más allá de la actitud que han tenido las autoridades, es absolutamente lógico que los compañeros, amigos y familiares de los jóvenes asesinados manifiesten públicamente su indignación ante lo sucedido y realicen actos de calle, con la exigencia de que se haga pronta justicia. Eso fue lo que sucedió este martes, cuando se organizó una marcha estudiantil hacia la Asamblea Nacional, con la intención de entregar un documento a los diputados, con las exigencias lógicas del caso.

Lo interesante, en esta oportunidad, es que, también a diferencia de lo que sucedía en el pasado, los estudiantes que manifestaron fueron recibidos en el patio del Palacio Legislativo, por el propio Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Nicolás Maduro, quien respetuosamente escuchó los planteamientos de estos jóvenes que exigían justicia hacia sus compañeros. ¡Cuándo en mis tiempos!

Quienes fuimos estudiantes en las décadas de los 70, 80 y 90, no podemos dejar de recordar el olor de las bombas lacrimógenas, los perdigonazos y balazos con los se les daba la bienvenida a todas las marchas estudiantiles que se organizaban hacia el otrora Congreso Nacional, independientemente del motivo de la manifestación.

Tal y como lo dijo Maduro, se cuentan por decenas los estudiantes muertos y heridos entre las esquinas de El Chorro y Sociedad. Antiguamente, era impensable que un diputado, y mucho menos el propio Presidente del parlamento, descendiera desde las alturas del hemiciclo, para recibir a unos estudiantes, y mucho menos para dialogar con ellos. Bien por Maduro.

Falta demasiado todavía para que tengamos los cuerpos de seguridad ideales, que velen por el bienestar de la gente, y que respeten escrupulosamente los derechos humanos. Sin embargo, la actitud del Estado ha cambiado. Ojalá, cada día más.