Buena parte del pueblo venezolano ha condenado el reciente asesinato del diputado oficialista Robert Serra, personaje que a nuestro modo de ver, era de los pocos funcionarios gubernamentales convencidos de la construcción del socialismo con acciones concretas, contundentes y radicales, y no con simples discursos, demagogia y populismo. Triste y extraño lo ocurrido a este ciudadano, pero nos preguntamos, ¿qué ha pasado con las investigaciones sobre el homicidio de campesinos, indígenas y otros venezolanos “comunes” que han luchado por la instauración del socialismo?, ¿hasta cuando la impunidad en estos casos?, ¿hay muertos de primera, de segunda y hasta de tercera categoría en Venezuela?
A esta altura del partido, como se dice coloquialmente, es obvio que la Justicia venezolana continúa siendo una porquería; en lo relativo a los asesinatos, actúa con diligencia si el muerto era adinerado, y/o tenía cierto poder en cualquier ámbito, y con extrema negligencia si el asesinado era pobre, sin influencia de ningún tipo. Justicia burguesa al fin y al cabo, como no podía ser de otra forma con el Estado que prevalece en Venezuela, procapitalista aunque ciertos representantes gubernamentales insistan en negarlo. Y justamente eran pobres, sin vínculos con el poder, los luchadores sociales señalados arriba (al menos la gran mayoría), quienes creían en el socialismo como única solución efectiva a los problemas de las masas. Fueron liquidados por oponerse y denunciar a intereses económicos nacionales y globales, intereses que han perjudicado a los más necesitados en su cotidianidad.
Defendiendo las necesidades de los oprimidos fue asesinado, por ejemplo, el cacique Sabino Romero, del pueblo indígena yukpa, quien había denunciado a terratenientes y a algunas autoridades del Gobierno “revolucionario”: “A mi me persiguen porque soy muy fuerte. Los otros caciques fuertes ya han muerto. No soy fuerte para pelear a fuerza de plomo, sino a fuerza de palabra. Me amenazan los ganaderos y los terratenientes que no quieren irse de nuestro territorio”. Me acusan de malandro, de guerrillero, cuatrero, sólo porque lucho por mis territorios (...) me atacan desde el Ministerio de Pueblos Indígenas porque soy el único yukpa que quedó luchando fuertemente por su territorio y yo no me dejó llevar de nadie”. Los 5 caciques a los que llaman mayores son empleados del ministerio. Nicia Maldonado (la ministra) les paga un sueldo y con eso les callan la boca. En la Sierra hay más de 80 caciques en contra de eso (...) El ministerio está comprando a los yukpas con vacas viejas, novillas y casitas pequeñas como cajitas de fósforos. Allá no aceptamos esos caciques mayores, aceptamos a los caciques como ancestralmente los tenemos. Nosotros no queremos dinero, ni vacas ni casitas, nosotros queremos nuestro territorio, sin terceros”. http://www.aporrea.org/ddhh/
El asesinato de Romero quedó impune (la Justicia se limitó a condenar levemente a quienes se supone fueron los autores materiales), así como el homicidio de decenas de campesinos y otros prosocialistas en los últimos años, mientras que sus verdugos intelectuales, delincuentes de la élite político-económica, andan bien tranquilos, cortesía del Estado burgués venezolano.
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