Soltaron al buena-ficha del Azócar y a la joya engastada de Ibellice, pero tenemos los nombres de otros dos periodistas, estos sí de conducta intachable, que están con un pie en la cárcel, gracias a la volubilidad de poder judicial con el que contamos todavía en este país. Les echaré el cuento: En el año 2000, hace aproximadamente seis años (!), los principales responsables del Colegio Nacional de Periodistas de la Seccional Táchira, a la sazón su Secretaria General, Nersa Ortiz, y su Secretario de Organización, Humberto Contreras, firmaron un Comunicado público en nombre de toda la Junta Directiva y de la mayoría de los miembros de esa Seccional, en el cual alertaban a los miembros de la comunidad de ese Estado fronterizo, sobre la situación legal de un personaje de la radio y televisión regional, en cuanto a su condición profesional. El Comunicado decía en dos platos que el sujeto en cuestión, de nombre Alirio Macabeo Pabón, (a) Alirio Macabeo Yúnior, no era Periodista, y -en consecuencia- ejercía ilegalmente el Periodismo. Y esto se hizo porque en reiteradas oportunidades, personas de esa comunidad elevaban la consulta ante el Colegio de Periodistas, sobre si el sujeto era o no era periodista.
Pues aunque usted no lo crea, el señalado, quien determinadamente, evidentemente y demostradamente NO ES PERIODISTA, intentó un Recurso de Amparo pero unas semanas después, demandó penalmente a los firmantes del Comunicado alegando que lo habían expuesto al odio público y lo habían lesionado, porque dizque algunos “clientes” habían retirado sus pautas publicitarias de sus programas en los que fungía de moderador, conductor o locutor. O sea que al señor lo agraviaron porque se dijo una verdad que no tiene vuelta, sobre su situación profesional: QUE NO ES PERIODISTA.
Imaginen por un momento a un “brujo” demandando al Colegio de Médicos porque “perdió clientela”, luego de que directivos de ese gremio alertaran a la comunidad, a través de un comunicado público, sobre la ilegalidad en el ejercicio de la medicina de ese sujeto.
Pues bien, el personaje en cuestión logró, con el advenimiento de la Revolución Chavista, una concesión para operar una radioemisora. Y por agradecimiento o lo que se llame, se convirtió al chavismo, de la noche a la mañana. El nunca-antes-revolucionario, es ahora más socialista (o socio-listo) que nadie. Y dejó atrás las ridiculeces que decía en inglés pitiyanki cuando estaba recién-llegado de los EEUU, luego de haber ido a estudiar alguna vaina allá (que por cierto no se le nota por ningún lado), relacionada con la educación, ya que dice ser Licenciado en Educación. De la total alienación de aquella época, se pasó a la Revolución sin pasar por GO ni pagar doscientos. Ahora me dicen que también le van a otorgar o ya se la han dado, una concesión para operar una televisora...! Cosas veredes Sancho, en nuestra bondadosa revolución...
Para seguir con el cuento, el sujeto en cuestión -como dijimos- además de intentar un Recurso de Amparo, demandó en paralelo a los directivos del Colegio de Periodistas del Estado Táchira. Esto último invalidaba el Recurso de Amparo, pero sin embargo, los dos juicios siguieron en paralelo (otro de los absurdos continuados), y el tío se buscó, bajo el cobijo de compatriotas parlamentarios chavistas, influencias que lo favorecieron. ¿Qué paso, entonces? Pues como el CNP-Táchira fue demandado por un supuesto “chavista”, los mecanismos adecoides que se ven también dentro de nuestra inefable revolución, y que se traducen en apoyar a quien sea, si “está con nosotros”, aunque desconozca y viole las leyes existentes porque “para eso somos poder”, funcionaron. Lo cierto es que después de muchas vueltas, escritos, gestiones y amenazas, uno de los más “altos” magistrados regionales, Presidente de la Corte de Apelaciones y suplente además del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo más malabarismos que carajito en semáforo y saltándose normas, lapsos, jurisprudencia y criterios ya establecidos, emitió un fallo para complacer al compatriota y a los compatriotas que desde el poder lo apoyaban, que bien podría entrar a formar parte de aquella comiquita llamada “El increíble mundo de Subuso” (ya que forma parte de la estupidez humana y también del abuso). El fallo determinaba que el locutor en cuestión sí había sido “agraviado” por el contenido del Comunicado del CNP, porque dizque era “PERIODISTA EMPÍRICO”.
Esta vaina tan traída de los pelos, tan insólita, en un país que cuenta con una Ley de Ejercicio del Periodismo amparada en la Constitución, y en la que claramente se establece quiénes son y pueden ser Periodistas en Venezuela, la afirmó y falló el máximo Juez para aquel entonces de la Corte de Apelaciones del Estado Táchira, abogado Joaquín Bermúdez, contradiciendo lo que había fallado un juez local en una primera instancia. Este fallo, por supuesto que debe revisarlo alguien en la Sala Constitucional, y corresponde a la demanda penal incoada en contra de los directivos del Colegio de Periodistas del Estado Táchira.
En mi condición de Presidente del Tribunal Disciplinario del CNP-Táchira, opiné públicamente que el gobierno debería crear una Misión Róbinson III, dirigida a jueces “empíricos” (y aquí sí que cuadra la categoría), para que estos Magistrados aprendieran a leer e interpretar las leyes existentes y vigentes. Este juez, tuvo los c...bríos de declarar luego a la prensa, que había dictado ese fallo pero que no estaba seguro de lo que estaba haciendo....!!!! Ofrecí entonces otras declaraciones públicas a través de la prensa regional, en las que le decía que si no estaba seguro de lo que estaba sentenciando, por qué no se había “ilustrado” con fallos emitidos anteriormente por la propia Sala Constitucional del TSJ (máxima Sala de ese Tribunal), uno de los cuales contiene un voto concurrente del Magistrado Cabrera Romero (Sentencia del 27 de Julio del 2004 / Ponente: Iván Rincón Urdaneta) en el cual se explica de la manera más didáctica y clara que yo haya visto, quiénes son periodistas en este país y en qué consiste el ejercicio ilegal de la profesión de Periodista. Ah!, pero no. Más fácil le resultó al juez Bermúdez inventar una nueva profesión: La de Periodista Empírico. Lo cual, por analogía, permitirá deducir que -según ese criterio desbordado de inteligencia- deben existir las categorías de médico empírico, abogado empírico, ingeniero empírico, y por ese mismo camino, el empirismo ejercido en todas las profesiones que existan y puedan estudiarse en el país, sin Ley que las regule ni Colegio que las registre. Y -de paso- debería servir para proponer de una buena vez, la eliminación de las Leyes de Ejercicio y de Colegiación Profesionales en Venezuela.
El colmo de los colmos es que hace unos días llegó al CNP- Táchira la notificación por parte de la misma Sala Constitucional (pero derivada del fallo en el caso del Recurso de Amparo intentado, el cual ha debido dejar de operar al momento de aparecer la demanda penal), de que sus directivos deben retractarse públicamente, mediante otro Comunicado, de lo que expusieron -también públicamente- sobre el “ilegal” en cuestión. Es decir que el estamento jurídico de este país, gracias a la sentencia de una juez de la Sala en lo Contencioso-Administrativo, quien en vez de contribuir a extinguir la operatividad de un Recurso de Amparo por la aparición del intento paralelo de una demanda penal por el mismo caso, no aspira a otra cosa sino que ese Colegio Profesional gradúe, sin tener competencia para ello, a un empírico... Que el Colegio diga públicamente que el señor es Periodista (aunque no lo sea) y que además ejerce el periodismo legalmente, aunque también esto sea una mentira del tamaño de una catedral. El proceso del Recurso de Amparo es tan absurdo, que a pesar de haber sido invocado en el año 2000, y a pesar de que ese tipo de recursos deben ser resueltos de forma expedita, el fallo de una juez de la Sala para lo Contencioso-Administrativo, fue emitido en el 2003, y la notificación oficial llegó hace pocos días, en el 2006 (!). El exabrupto raya en el colmo, con la apreciación de la juez, quien prácticamente regañó a la gente del Colegio de Periodistas del Táchira, porque ella considera -sin tener pruebas de ello- que el sujeto en cuestión es Periodista y que en todo caso al “pirata” debían haberlo pasado al Tribunal Disciplinario de ese Colegio, como si este Tribunal interno del Colegio, pudiera sancionar a un extraño al gremio (!). La ciudadana juez, de nombre Evelyn Marrero, pasó (no sabemos si por esa o por otras demostraciones de sapiencia) a ser magistrado del TSJ.
Por supuesto los Directivos del Colegio de Periodistas del Táchira se niegan a mentir públicamente, a engañar a la población, y mucho menos a “graduar” a alguien que lo que está es transgrediendo la Ley desde hace ya bastante tiempo. Y como se niegan a hacerlo, pues lo que les sale es “cana” (cárcel), de acuerdo con lo advertido por los magistrados que remiten la notificación. Deben ir a la cárcel por no mentir como se los ordena un fallo emitido por esta señora cuando estaba en la Sala en lo Contencioso Administrativo, que fue apelado ante la Sala Constitucional y ahora ratificado por ésta. ¿Qué dirá ahora el Magistrado Cabrera Romero?
Esto se ha traducido en una gran paradoja: Cuando se lo pasan exigiéndole a los periodistas, desde todas las instancias del poder, que digan la verdad... desde una de las máximas instancias del Poder Judicial, le están exigiendo a los dos miembros principales de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas del Estado Táchira, so pena de ir a parar a la cárcel, que MIENTAN públicamente ! ¡Por favor! ¿Hasta dónde puede llegar la estupidez? Ahora bien, si lo que se quiere es desconocer la Ley, o limpiarse el trasero con ella, a cuenta de que “somos revolucionarios” (sin que nos importe que esto nos haga más parecidos a los adecos y copeyanos de la Cuarta), entonces deroguen la Ley de Ejercicio del Periodismo, que para eso creo que tenemos suficiente mayoría en la Asamblea Nacional. Mayoría incluso para aplastar a la Vice-Presidenta de la A.N., periodista Desirée Santos Amaral y a los periodistas diputados Earle Herrera, Eleazar Díaz Rangel, así como a los otros poquísimos periodistas conque contamos en ese honorable Foro, quienes de pronto pudieran oponerse a que eso ocurra. Y así no veríamos que desde las máximas instancias de nuestro vapuleado Poder Judicial, se hace letra muerta de una Ley tan conocida como esa, y tan parecida a otras leyes que tienen que ver con profesiones y colegiaciones en nuestro país. Porque de otra forma, ¿Cómo defenderemos y diremos y pediremos a los demás que se respete el ya bastante deteriorado Estado de Derecho?
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