Luego de más de seis años de acordada la liquidación del instituto que manejaba el Centro de Internamiento de menores de Los Cocos, en Nueva Esparta, donde se ha pasado por una verdadera pesadilla, pareciera que al fin el gobierno nacional asumirá la administración y atención total de dicha institución donde se encuentran los adolescentes procesados por distinto tipos de delitos.
Es un poco complicado para administraciones regionales asumir la manutención y custodia de este tipo de centros que necesita una atención especializada, donde los procesados o condenados por los distintos delitos tendrán una mayor vigilancia y control, evitando las fugas permanentes y la vigilia en que viven los vecinos del sector cuando se evaden estos jóvenes infractores.
El gobierno nacional ha puesto todo su esfuerzo en dignificar los centros penitenciarios pero todavía quedan muchos escollos que superar por la enorme cantidad de causas sin decidir en los tribunales, bien sea por retardo procesal o falta de jueces y fiscales para atender la enorme cantidad de expedientes; además de las grandes inversiones que hay que realizar en materia de infraestructura.
En caso de los menores infractores, que son en mi criterio los más peligrosos, porque conocen las leyes mejor que los Abogados y saben que por asesinar purgaran una muy pequeña pena si tienen un buen comportamiento en el centro de reclusión, por tanto, las penas en estos casos deberían ser elevadas considerablemente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Esperamos, si el ministerio toma el Centro de Los Cocos no se aplique la operación cayapa porque la intención de dicha operación es muy buena, pero los resultados que hemos visto es que los mismos delincuentes salen con ese beneficio y el mismo día están cometiendo peores delitos. Para ello cabria lo que he dicho muchas veces, realizar una consulta pública para reformar la Constitución, donde se establezca la pena de muerte para delitos como la violación de menores y asesinatos cometidos por personas reincidentes. Por otro lado, se hace necesario construir centros de reclusión especiales para internar personas que hayan cometido delitos menores y no cumplan la pena impuesta al lado de delincuentes de alta peligrosidad.
La Operación Cayapa consiste en un proceso de revisión de expedientes de los privados de libertad, y entre los beneficios que podrían recibir los reclusos una vez culminada la revisión de sus expedientes están cumplimiento de la pena en libertad, destacamento de trabajo en régimen abierto, confinamiento de libertad condicional e indultos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha realizado extraordinaria labor en poco tiempo y esperamos se siga esforzando para mejorar los centros penitenciarios y continúe atacando los vicios que en ellos existen; lo único que si le pedimos es que sean más estudiados los beneficiarios del plan cayapa.
