En este momento, desde su recién estrenado bunker ubicado en el antiguo Palacio Federal Legislativo, ahora Asamblea Nacional, la Oposición venezolana ha emplazado a todas sus huestes y sobre todo a su reconocida artillería mediática (nacional e internacional), al reto más importante después del emprendido el 6D, pretender vender la idea que, como consecuencia de haber obtenido una victoria significativa en los últimos comicios electorales, la inmensa mayoría de los venezolanos también aprueba y necesita esta Ley de Amnistía para encontrar la paz, la convivencia y, sobre todo, el fin de la Crisis Humanitaria que atraviesa nuestro país. Y, por retruque, y de manera vinculante, acabar con el gobierno del presidente Maduro quien es el que, para ellos, verdaderamente la origina y la magnífica. No en balde se llama Ley de Amnistía y por apellido tiene la candida vaselina de anunciarse como la "Ley para la Reconciliación Nacional" .
Sin muchos argumentos que esgrimir, como de costumbre, este mamotreto que necesitan aprobar, Proyecto Ley de Amnistía, pretende ser defendido, como bien ya lo han expresado, estratégicamente emulando nuestro Parlamentarismo de Calle, con la abismal diferencia y contradicción que no buscarán su lectura, comprensión y discusión, sino que utilizando el antiquísimo "déjenos pensar por usted" explicaran de manera sesgada el contenido y supuesta "inocente y loable" finalidad del documento, no por capricho sumamente tedioso, aburrido y largo. A través de la manipulación, arte que dominan a la perfección, buscarán crear la atrilería suficiente para dar cuenta que ha sido el pueblo organizado, de manera consciente y razonada, quien, después de haberlo estudiado, definitivamente acordó que su aprobación resulta obligado para acabar incluso con las Colas y un bachaqueo que los atormenta.
Este mamotreto de Ley de principio a fin rescata y resalta la verdadera naturaleza e intenciones de quienes lo impulsan. Un verdadero exabrupto legal e himno para criminalizar la víctimas y para elevar al status de héroes de la Patria, a sus victimarios. Nada menos que justificar, legalizar y perpetuar las causas del dolor que hoy sienten sus familiares, por la pérdida irreparable de sus seres amados, como un verdadero "trámite" democrático, obligado y justificado para la construcción de una sociedad mejor. Esos que aun hoy se les recuerda cómo de manera salvaje, con la exprofesa intención de tumbar al gobierno, asolaron de manera incendiaria y explosiva la paz y la tranquilidad ciudadana, arremetiendo con locura desbordada buscando: Destrucción o deterioro de caminos y obras destinados a la comunicación pública, Instigación a la desobediencia de las leyes, Instigación al odio, Apología del delito, Instigación a delinquir, Uso de menores en la comisión de delitos, Incendio y otros delitos de peligro común, Importación, fabricación, porte, detentación, suministro u ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios, Tráfico de Drogas: entre otros delitos que siendo un verdadero cóctel terrorista han sido con saña utilizados en contra de un pueblo que dicen defender, y que comenzaría a manifestarse y desarrollarse desde el mismo momento que junto a él la Revolución Bolivariana alcanzó el Poder.
Borrón y cuenta nueva para quienes impulsaron el Paro Petrolero y nos obligaron a la zozobra diaria de temer convertirnos en una verdadera Libia por el descaro y arrogancia de quienes se pretendían más importantes que el Pueblo, sus leyes y el hilo Constitucional expresada por nuestra Carta Magna. Borrón y cuenta nueva para todos los actos terroristas en que cayeron abatidos o lesiones graves tanto opositores, chavistas y Ni—Ni y que aún hoy sus familiares buscan consuelo esperanzados que algún día se haga justicia. Civismo que siquiera busca alcanzar venganza y que sería la única manera que les quedaría como opción de concretarse la aprobación de este criminal edefesio jurídico.
Cualquier pretensión seria de buscar aplicarla en cualquier país del mundo traería como consecuencia una "sortija" como respuesta, no menos que justificada. Inimaginable, y cárcel habría de pagar quien solo se lo imaginara solicitar al presidente Santos aplicara esta Ley de Amnistía para resolver el conflicto armado que mantiene por más de cincuenta años nuestra hermana Colombia. Incluso tendría asegurado un boleto sin retorno a Guantánamo quien en EEUU pretendiera impulsar iniciativa parecida.
Culebrones como este solo han sido necesarios implementar en Regímenes de Facto que previendo su inexorable final buscan la manera de asegurar y perpetuar la impunidad de sus actos transando una posible renuncia o salida. La Ley de Amnistía de Pinochet en 1978 es ejemplo de la ignominia y cobardía como suele abordarse a través de esta "salida" la impunidad de sus crímenes. Manera virginal como los verdugos argumentando fines políticos han hecho e instaurado todo una política de terrorismo, pidiendo de manera cobarde y "política", al final de sus días, clemencia.
Este peligroso vericueto de Ley encierra, como era de esperar, los mismos fines y naturaleza de su homóloga la Ley de Amnistía de 1978 promulgada por Pinochet en Chile. Una forma de legalizar la impunidad, y descaradamente violar la máxima que todos somos iguales ante la ley, y que ninguna argumento moral ni político puede justificar, menoscabar ni violar los derechos civiles, DDHH, de ciudadanos, y menos cuando no ha habido tribunal alguno que le haya impuesto sentencia o pena. Una pretensión maquiavélica, y un precedente funesto y criminal, que eliminaría de cuajo todo propósito de defensa y sostenimiento de un Estado de Derecho en un Gobierno que se considere y precie de ser justo y democrático. Lo que se pretende es no menos que desconocer el propio delito, las víctimas, la justicia y por sobre todo crear un terrorista antecedente que permitiría retroceder hasta la Ley del Talion la mediación de crímenes y delitos que atenten con la paz ciudadana. Lo mismo que la desconsideración total sobre las víctimas, el débil jurídico. Para no menos que asesinar ante la historia, y perpetuar con rango de Ley el dolor de las innumerables víctimas y sus familiares.
Con tan solo 5 artículos persigue de manera grosera y similar los mismos objetivos.
Artículo 1.- Concédese Amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o incubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentre actualmente en proceso o condena.
Artículo 2, Amnistíese, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto ley se encuentre condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.
