El panorama general en Venezuela ha llegado a ser tan patético, producto de la crisis económica global y local, y de la pésima administración del Gobierno de Maduro, que a quienes roban algún alimento los detienen las fuerzas represivas y en el proceso los exhiben públicamente como si fueran peligrosos criminales; mientras tanto hay numerosos delincuentes de élite bien libres y haciendo lo que les viene en gana. En el país suramericano los cuerpos armados y la Justicia continúan estando parcializados en favor de los poderosos (con honrosas excepciones), y es que a estas alturas, por ejemplo, nisiquiera han sido detenidos, y mucho menos imputados, los responsables de la estafa mil millonaria a CADIVI y centenares de corruptos de diversos colores políticos, gobernantes a toda escala. Eso sí, a quien sorprendan robando alimentos, como en el caso reciente del joven que hurtó algunas auyamas (calabazas), si le cae todo el peso de la ley, aunque dichos alimentos sirvan incluso para nutrir a los hijos pequeños.
Claro está que no faltan quienes de forma contundente condenan a los ladrones de auyamas y otros alimentos, y señalan con toda la frialdad que les caracteriza que la ley es la ley y punto. Muy bien eso de que la ley es la ley, pero cabe preguntarse: ¿Qué pensarían esos individuos que condenan a los ladrones hambrientos si estuvieran en una posición parecida, desesperados por no conseguir con facilidad ciertos alimentos, o no poder comprarlos debido a los altos precios?, ¿saben ellos que el capitalismo es intrínsecamente delincuencial, y los peores hampones no son precisamente los rateros callejeros?, ¿cómo puede considerarse justo a un sistema policial-legal que le cae con todo a los pobres, a los más pendejos como se dice coloquialmente?. Entonces, ¿la ley es la ley para todos o sólo para unos?
En medio del alto costo de la vida, del desempleo, de la pobreza y de la escasez que azotan a Venezuela, el robo de alimentos es un hecho cotidiano, y el Gobierno “revolucionario” de Maduro no hace sino estar de rodillas ante el gran capital local y foráneo, negar el apoyo efectivo a la pequeña y mediana empresa de cara a asegurar la soberanía agropecuaria e industrial, y destinar cada vez menos recursos económicos para el subsidio alimentario y para satisfacer necesidades básicas de los pobres como la salud y la educación gratuita de calidad. Por lo tanto, ¿cómo es posible que en medio de una situación tan difícil, se aplique todo el peso de la ley a quienes simplemente han robado algún alimento?, ¿será que la doctrina del derecho considera, en esencia, que un hurto común y corriente merece ser investigado con más exhaustividad y ser castigado con una mayor severidad que los grandes delitos cometidos por el Gobierno y por el empresariado?, ¿no sirve como atenuante de un robo la necesidad de alimentarse?
