La expresión “falso positivo” se usó en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe en el contexto de la política de “Seguridad Democrática” y del Plan Colombia. Se hizo común a partir del hallazgo de 19 cadáveres de jóvenes, que habiendo desaparecidos en Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá), luego aparecieron en el Norte de Santander como guerrilleros “dados de bajas” por el Ejército. La Fiscalía General de la Nación determinó que se trataba de civiles inocentes ejecutados extrajudicialmente, con el propósito de cobrar la recompensa y cumplir las “metas” establecidas por el gobierno, para mostrar su “eficacia” en el combate a la insurgencia armada. Después de ese incidente surgieron otros en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre, evidenciándose que no se trataba de un caso aislado, sino de una práctica de exterminio, de violación sistemática de los derechos humanos inducida por una política con vocación genocida, que dejó un saldo de más de 3000 “falsos positivos” conocidos.
La masacre perpetrada por una unidad del Ejército en Barlovento de un grupo de 13 trabajadores y campesinos inocentes luego de ser torturados, detenidos sin orden judicial y escudándose en un “operativo” de la OLP y, la masacre del Amparo, en la cual fueron asesinados 14 pescadores por el comando policial-militar (CEJAP) en el gobierno de Jaime Lusinchi (1988), presentados como “guerrilleros colombianos”, siguen el mismo patrón del “falso positivo”. El coronel colombiano Forero Besil, con una crudeza infrahumana sintetizó en una instrucción a sus subalternos la lógica macabra que está detrás de esa figura: “El ejército no necesita capturas sino bajas”.
Son diversas las voces que vienen exigiéndole al gobierno que revise su política de seguridad ciudadana por sus magros resultados y porque se limita a una acción represiva sin abordar la complejidad del problema, con un enfoque militarista. Es urgente construir un consenso nacional alrededor de la aplicación de una política de Estado en materia de prevención y control social del delito en el marco de la Constitución. El repudio unánime por la AN a la masacre de Barlovento es una oportunidad para moverse en esa dirección, a través de un gran debate nacional que arranque con el castigo a los responsables, la reparación de las víctimas y la revisión a fondo de la OLP.
