Existen innumerables instrumentos para evaluar calidad de vida, desarrollo, gobernanza.

Unos son más eficaces, otros tienen la fuerza suficiente para obligar a los Estados a responder por sus deficiencias y vacíos institucionales aunque solo sea desde un punto de vista moral. Este año, se aplicará el Examen Periódico Universal en Derechos Humanos, EPU, instrumento creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para revisar cada 4,5 años la situación de los derechos humanos en 42 Estados, con la finalidad de identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora a partir de una serie de recomendaciones surgidas del análisis efectuado por organizaciones de la sociedad civil en esos países.

En el informe nacional de Guatemala correspondiente a 2017, elaborado y presentado por la Red Niña Niño, enfocado en la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala, se observa una vez más el estado de abandono de este sector y cómo el enorme potencial de la niñez se pierde al obligarla –por la falta de políticas públicas, inversión en alimentación, educación y salud y mecanismos de protección integral- a sobrevivir en las condiciones más precarias posibles de imaginar. Es importante recalcar que la Red Niña Niño, creada hace 3 años con la integración de 40 organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, no tiene poder vinculante, por lo cual el Estado no está obligado a implementar los cambios sugeridos en sus informes.

La evaluación de este período, sin embargo, señala una vez más la necesidad urgente de atender de manera prioritaria a la población menor de 18 años, cuyos derechos han sido relegados por las sucesivas administraciones de gobierno observándose un incremento en temas tan importantes como la falta de acceso a la educación, los embarazos en niñas y adolescentes y el abandono de la niñez migrante provocada por la situación de pobreza y marginación, cuya primera consecuencia es la desintegración familiar.

A pesar de este escenario tan desfavorable como complejo, es imperativo rescatar el enorme valor potencial del sector infantil y juvenil –NNA- cuyo aporte, de contar con las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, podría constituir una de las vías más seguras y sostenibles para generar una nueva forma de ciudadanía, incluyente y participativa. La mayor riqueza de un país es su población, pero para Guatemala es, fundamentalmente, ese sector de nuevos ciudadanos privados de acceso a la riqueza y sus beneficios por obra y gracia de un sistema político y económico excluyente y corrupto.

Tal y como lo indica el informe de la Red Niña Niño, Guatemala es uno de los países más hostiles del mundo con su población infantil y juvenil y los indicadores de violencia criminal en contra de este sector superan con creces a los de otras naciones en condiciones similares de subdesarrollo. Las conclusiones planteadas en el documento –la mayoría de ellas similares a las propuestas en los informes 2008 y 2012- enfatizan la necesidad de un esfuerzo interinstitucional fuerte y enfocado en la restitución de los derechos de la niñez, cuya prioridad ha sido relegada por un Estado que ha dado mínima o nula respuesta a recomendaciones anteriores.

Un país evaluado en estos aspectos –y consiguientemente, reprobado- evidencia un vacío total de objetivos y de políticas públicas orientadas al desarrollo. Pero, sobre todo, da muestra de un divorcio progresivo con los compromisos internacionales en materia de respeto por los derechos humanos de la niñez y adolescencia, como una de las obligaciones superiores de todos los Estados signatarios de Tratados y Convenciones sobre este importante tema.

Reprobamos el examen sobre respeto de derechos humanos de niñez y adolescencia.