Cuatro mineros muertos. El Ministro de la Defensa se hace presente y solicita la investigación del Ministerio Público. Los 14 militares involucrados en el operativo son puestos a la orden de Fiscalía, pero el problema continúa y una banda de antisociales saquea y quema la casa del alcalde del municipio Sucre. ¿Quién se beneficia con estas muertes y con estos hechos delictivos?. Indagar esa respuesta es riesgoso, pero al hacerlo obligado es denunciar varias verdades. En primer lugar se demuestra que una vez creado el Ministerio de Industrias Básicas, un grupo de revolucionarios de papel fracasaron en su política minera, por ignorancia, por ineficacia y porque su revolución en la revolución terminó en la mediocre idea de RENLAR. El Ministerio del Ambiente sufre un duro revés por confiar en informaciones inexactas y subestimar la peligrosidad de no dar respuesta efectiva y a tiempo a los mineros. Sin embargo, también es verdad que un grupo de mineros y los delincuentes que los manipulan se oponen a cualquier política ambiental porque les importa un bledo el daño ecológico. Los mineros que quemaron la casa del alcalde no son más que delincuentes que desean más sangre. ¿Qué hizo malo el alcalde?, denunció la minería ilegal y otros daños al ambiente y a las comunidades indígenas. Y tenía razón, por lo tanto, quienes salieron a vengarse de su accionar no son más que delincuentes, y si son mineros, pues son mineros delincuentes.
¿A quién no le duele los cuatro mineros muertos?, a todos, y eso incluye al ejército venezolano, al cual se le debe reconocer que contrario a épocas pasadas solicita las investigaciones al Ministerio Público y retiene inmediatamente a los militares implicados para que sean investigados. Debe añadirse que se repite otro hecho lamentable que involucra muerte de mineros, pero también debe añadirse que el soldado implicado está en manos de la justicia sometido al proceso judicial pertinente.
Ahora bien, ante estos hechos salen a declarar los verdaderos malandros y los insoportables idiotas. Cuando Andrés Velásquez sale a denunciar al ejército y exigir investigaciones, es tan obvio su repugnante oportunismo que raya en el delito sus instigaciones a causar más violencia y más muertes. Y cuidado con las declaraciones del alcalde de Raúl Leoni, quien en su analfabetismo político dispara cualquier discurso para satisfacer a los mineros sin pensar que genera más violencia. Todo en esta tierra se sabe y sin ser irresponsables también podemos sospechar de alcaldes con balsas que se benefician de la minería ilegal. Con información confidencial del ejército y a 500 dólares la onza no es descabellada la sospecha. Pero hasta ahora solo se trata de vampiros sin categoría, a quienes le brillan los ojos para declarar cuando muere un minero.
El problema realmente está en los verdaderos beneficiados con la sangre de los mineros, esos que ocultan su nombre pero incitan en la radio y ofrecen ron en los hoteles para crear caos. Esos que viven del narcotráfico, el contrabando de gasolina y de armas. Esos que tienen balsas de lujo, incluso con jacuzzi, en las aguas de la cuenca del Caroní, y se burlan en las sombras del digno esfuerzo del Gobierno Nacional por darle una vida digna a los mineros y proteger el ambiente, precisamente la cuenca. Esas mafias se disfrazan de mineros y nunca dicen la verdad. Esas mafias son expertas en enfrentar al pueblo con el gobierno y se cuidan de no aparecer en público, sino de manipular al verdadero minero y ofrecerlo como carne de cañón. Ellos son los que se benefician, ellos son los asesinos escondidos.
