Y tú, Alfredo, ¿no dirás esta boca es mía? Como muchos saben, tanto con el Fiscal (designado por la ANC) como con el Defensor del Pueblo (encargado), quien suscribe compartió muchas luchas por los derechos humanos allá por los ya remotos años 80 y 90, en particular durante y luego de la masacre del 27 y 28 de febrero y 1, 2 y 3 de marzo de 1989. Así que, dado aquel pasado común, no puedo sino sentir vergüenza ajena por su ruidoso silencio frente a lo que -¿quién puede discutirlo ya?- fueron las ejecuciones de El Junquito (ni extrajudiciales ni sumarias porque, desde que en el siglo XIX adquirimos el honor de ser el primer país del mundo en abolir la pena de muerte, en Venezuela todas las ejecuciones son sumarias y extrajudiciales).

Ese silencio que no puedo calificar sino de cómplice, es la resulta de una política de Estado impuesta por una visión proto-totalitaria del poder según la cual no hay ni debe haber contrapesos (esa incómoda herencia de la democracia liberal-burguesa) y todas las instituciones deben ser controladas por un solo puño de acero. Es el partido/Estado, es decir, uno que no es el de todos sino el de una parcialidad. Así, la democracia ya no es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como soñaba Lincoln, sino el poder de unos cuantos. Es por eso que, como en el caso del liberalismo amarillo según dejó asentado Gil Fortoul, podemos hablar de una nueva oligarquía: la oligarquía burocrática madurista que se ha adueñado de la nación, del poder y del disfrute de sus riquezas (cada vez más escasas para todos, aún abundantes para ella). Así, Fiscalía y Defensoría han perdido su propia naturaleza como las instituciones independientes que deben ser en el cumplimiento de sus funciones específicas, para trastrocarse en oficinas del Estado Mayor Político de la Revolución, esto es, del nuevo Buró Político de ese neo-PC con ingredientes de movimiento fascista que es el PSUV.

No comparto ni compartiré la vía violenta propuesta por los ejecutados de El Junquito para provocar los cambios políticos que Venezuela reclama a gritos, ni por tanto la conformación de grupos armados no importa su signo ideológico, de izquierda ni de derecha. Incluso me tomo la libertad de decir que veo con preocupación que el encomio de estas víctimas injustificadas pueda conducir a la glorificación de la errada estrategia armada que en ellas se encarna, e incluso en el demérito de la ruta democrática: civil, pacífica, democrática, electoral y nacional, que los venezolanos debemos propiciar con terquedad para salir del autoritarismo y acceder a una democracia plena. Pero lo mismo dijimos en rueda de prensa el 4F del `92 cuando, en mi condición de Secretario del MAS para los Derechos Humanos y al subrayar mi rechazo a cualquier tentativa golpista de izquierda o de derecha, reclamamos el resguardo de los militares alzados. Sostuvimos aquella vez que había que dejar hablar y escuchar a los rebeldes para comprender la magnitud histórica de lo que había ocurrido y sacar las conclusiones del caso, lo que la clase política de entonces hizo muy poco. Y creo que es imposible discutir que el alzamiento de un grupo muy numeroso de oficiales del Ejército, pertrechado no sólo de fusiles y granadas sino de tanques y armamento pesado, y causante de decenas de muertes inmerecidas (el 27N centenares), tenía mucha más gravedad que la de estos ultimados en El Junquito.

¿Fue esta masacre sólo la acción sobresaltada de unos cuantos agentes policiales que procedieron según su inveterada costumbre de reaccionar sin contemplaciones cuando alguno de los suyos fallece en combate? ¿O fue el cumplimiento de precisas órdenes superiores (como en el caso de las OLP) para dejar sentado un precedente, para escarmentar, como se hizo el 27F, de modo que se sepa de antemano la suerte que correrán quienes repitan comportamientos como el de estos alzados en armas? ¿Dio la orden Reverol? ¿La dio el propio Maduro? ¿Quién investigará esta masacre de El Junquito? ¿Podrán hacerlo estas cautas y mudas Fiscalía y Defensoría? ¿Podría Maduro apelar a su última fibra de antiguo luchador por los derechos del pueblo y dar la orden de que los hechos sean escrutados hasta sus últimas consecuencias y sus responsables sancionados con todo el peso de la ley? ¿Acaso admitirían la demanda que varias organizaciones (el MDI, NUVIPA, Ciudadanos, Frente Norte de Caracas, Alternativa 1 y Foro Cambio Democrático en trece estados) requerimos de la Fiscalía hace pocos días: la designación de una Comisión Independiente de Expertos Forenses para investigar la masacre? Ojalá… pero claro, resulta improbabilísimo. De lo que no debe quedar lugar a dudas es que, más allá de la necesaria reconciliación nacional que seguiremos favoreciendo, la historia tendrá su veredicto y, más temprano que tarde, la verdad habrá de saberse. Y esta masacre no quedará impune.