En Guatemala la vida se ha vuelto una prueba de resistencia contra adversidades.
Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones del volcán de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen un sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar su duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus hogares sino también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no hemos experimentado una pérdida semejante resulta imposible comprender la dimensión del drama de estas personas quienes, además de quedar a la deriva, se enfrentan a la dura realidad de depender de un Estado incapaz de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en estos casos.
Guatemala se ha convertido en zona de desastre y no alrededor de un volcán, sino alrededor de un congreso y un palacio de gobierno. Los extremos de ineptitud, indolencia y rapacidad (literal: adicto al robo y la rapiña) de sus autoridades han socavado las bases mismas de la institucionalidad y transformado al Estado en un monumento a la perfidia política. Hoy es imposible remontar hacia una ejecución transparente del presupuesto nacional o a la hipotética implementación de políticas públicas favorables al desarrollo de los sectores más necesitados. Quienes claman por un giro de timón de un presidente ausente e incapaz saben de antemano que no hay salida digna para esta administración, más que una renuncia en masa.
Para hacer el cuadro más ilustrativo del estado de la Nación hay que echar un vistazo al sector justicia, un pilar fundamental para la sostenibilidad del estado de Derecho en cualquier país del mundo. Las presiones descaradas contra los pocos jueces probos e incorruptibles dan testimonio del pánico presente entre los empresarios y políticos cuyas acciones han llevado al país al extremo de inestabilidad en el cual se encuentra. El avance de los procesos contra ex gobernantes, militares y miembros prominentes del sector empresarial ha sido torpedeado con recursos legales pero ilegítimos gracias a las trampas pergeñadas por los congresistas desde ya hace muchas décadas.
El acoso descarado de los magistrados de la Sala Tercera contra la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo casos paradigmáticos contra la impunidad y la corrupción, demuestra sin lugar a dudas el nivel de pánico de quienes se ven afectados por el desempeño ético y probo de una representante del poder judicial y es una prueba contundente de los extremos a los cuales es capaz de llegar un pacto de corruptos cuyo único propósito es apoderarse de todos los estamentos del Estado y eliminar cualquier posibilidad de recuperación de la integridad institucional.
En Guatemala se habla de colapso del Estado, pero la realidad es una ausencia de Estado en toda su extensión. Es como si este hubiera sido reemplazado por una estructura paralela con intereses totalmente ajenos y opuestos al bienestar de la población, enseñando claramente cuáles son sus planes para la apropiación total de cualquier espacio de poder político y económico. La catástrofe no se avecina, ya está presente en el país y cualquier posibilidad de reversión de las malas decisiones ha sido bloqueada nada menos que desde las más altas instancias del gobierno. Se podría formular una ecuación matemática con los componentes actuales del poder (gobierno militar con careta civil) y desde ahí calcular las perspectivas de salir de la crisis actual sin perder del todo las oportunidades de consolidar un sistema democrático ya medio ausente del escenario. La crisis no viene, ya está instalada y solo queda buscarle la salida.
Las fumarolas anuncian desastre desde las instituciones mismas del Estado.
