Respetables lectoras y lectores.
Es muy preocupante la tendencia de los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos pertenecientes a las clases sociales económicamente débiles, orientada a permitir que mediáticamente los induzcan a elegir a líderes políticos de ideologías ultra derechistas, fascistas, pro imperialista, cuyas conductas mercenarias se orientan a obedecer incondicionalmente, las ordenes e imposiciones del imperio capitalista forajido hegemónico, neo liberal, neo esclavista e injerencistas, esos políticos que en campaña electoral financiada por los emporios empresariales capitalistas transnacionales y por los gánsteres contrabandistas - narcotraficantes, campaña electoral orientada a ofrecer villas y castillas al esperanzado pueblo; pero que una vez obtenido el fraudulento triunfo electoral, proceden a vender al mejor postor imperial, la soberanía, la independencia y los destinos históricos de las patrias que los vio nacer; solo para lograr obtener enriquecimiento fácil.
Quienes hemos cursado estudios jurídicos para obtener el título de Abogados, en los contenidos programáticos y materias de contenido jurídico, relativas al Derecho Internacional Público y Privado, que nos indujo a investigar, leer, analizar, debatir o discutir el contenido de Cartas Magnas, leyes orgánicas, doctrinas, acuerdos, resoluciones, sentencias y pactos de carácter vinculante ( De obligatorio cumplimiento); observamos con gran preocupación, que gobernantes forajidos imperialistas títeres de los grandes magnates banqueros y propietarios de los emporios empresariales de la industria armamentista, petrolera, transportista, manufacturara y comunicacional entre otras, violen descarada y permanentemente, el derecho soberano que tienen los seres humanos residentes en los países independientes, a elegir democráticamente a sus gobernantes, el derecho que tienen a planificar y ejecutar sus planes de desarrollo socio económico nacional, además de escoger soberanamente a sus gobernantes con independencia ideológica; la violación de todos estos derechos debe ser sancionado por la Corte Penal Internacional (CPI), tal y como está establecido en el Estatuto de Roma; tal como se plantea en la siguiente cita tomada del portal (democraciaparticipativa.net) "El instrumento constitutivo de la Corte Penal internacional es conocido como Estatuto de Roma, porque se adoptó en esa ciudad italiana el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional"
