El término La Letra de la Ley lo extraje del prólogo del libro La Sentencia Definitiva en el Proceso Penal Venezolano escrito por el reconocido abogado penalista Eric Pérez Sarmiento, a quien respeto y admiro por su profunda agudeza como uno de los mejores procesalistas en la materia penal venezolana, quien devela en su misma obra el hecho de que las sentencias de los tribunales no responden a las exigencias de la Ley.
El estado de la justicia material como lo plantea el citado penalista no es otra cosa que un estado de injusticia que ocasiona como fin la vulnerabilidad de la víctima por la aplicación errónea de las normas jurídicas. Para nadie es un secreto que el Poder Judicial de Venezuela es uno de los más desprestigiados del universo, donde su descomposición empantana a la mayoría de los administradores de justicia en todas sus instancias, desde el máximo Tribunal de la República pasando por el último juzgado de municipio del pueblo más recóndito del país.
Vemos como el estado de vulnerabilidad en la justicia venezolana comienza con los consabidos retardos procesales, donde los privados de libertad pasan años para que sean llevados a juicio, en una flagrante violación de la ley, y de sus derechos humanos consagrados en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El preámbulo de la misma Carta Magna en su ordinal 2° establece que: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos, la ética y el pluralismo político.
En relación con lo anteriormente citado, nos hacemos la obligada interrogante ¿Cree usted que la mayoría de los jueces de este país cumplen a cabalidad con el ordinal 2° del Preámbulo de la CRBV? Y citando nuevamente al penalista Pérez Sarmiento, quien afirma en su precitada obra: "Lo que sucede es que la letra de la ley dice una cosa y los jueces, y sus asistentes, hacen otra bien distinta", ratificando que lo peor de todo es que hoy día no existe ni control ni evaluación de la actividad judicial, como sería de esperarse a los fines de poder calificar el rendimiento de los jueces y la calidad de su trabajo.
En consecuencia, abogo por una urgente depuración del Poder Judicial de Venezuela, y que los jueces corruptos sean destituidos y encarcelados por los desafueros cometidos en sus juzgados, habida cuenta, para que sus sustitutos ejecuten sentencias justas apegadas a derecho, respetando una tutela judicial efectiva como lo establece la norma suprema y los pactos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
Confieso que con mucha frustración he sido testigo personal de causas penales donde en juicios el delincuente sale absuelto y la víctima casi privado de libertad. O en un caso donde una juez penal me desestimo a un testigo sólo por el tono de voz, cuya sentencia definitiva perjudicó a mi representada, quien era víctima en la comisión del delito de difamación, dejándome una amarga y decepcionante experiencia de cómo se manejan los jueces en este país, porque también al ejercer el recurso, la Corte de Apelaciones ratificó la decisión de la jueza de juicio, quien emitió su veredicto contrario a lo establecido en el artículo 22 del COPP; concluyendo que las pruebas se apreciarán por el Tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de experiencia, pero la jueza en cuestión asumió el papel de pitonisa o de experta metafísica para saber que la testigo mintió solamente por el tono de voz, atrocidad jurídica que también fue corroborada por los magistrados de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Judicial Penal con sede en Ciudad Bolívar.
Sobre las irregularidades que cometen ciertos jueces deshonestos en este país hay mucha tela que cortar, pero también la tijera se amellaría, razón por la cual exijo por las personas que han sido víctimas de decisiones judiciales indignas y fraudulenta que se lleve a cabo una profunda depuración del Poder Judicial en Venezuela, para que se designen a jueces probos que cumplan con la letra de la ley, y que los delitos cometidos no queden impunes como es se ha hecho costumbre por la mediocridad y el mercantilismo de algunos administradores de justicia de este país.
