Arribamos a un nuevo aniversario de la masacre de Cantaura en condiciones políticas y sociales nada alentadoras que nos recuerdan a aquellas luchas que desde los tiempos de estudiantes nos tocó librar y que por algún momento creímos superadas.

Las consignas son las mismas, pero reclamando por nuevas víctimas y señalando a nuevos perpetradores, también a nuevos proxenetas:

- DONDE ESTÁ CARLOS LANZ?

- LIBEREN A ANYELIS Y A ALFREDO.

- LIBEREN A LOS ING LUVEN RIVERA Y A LUIS JOSÉ CARDONA.

- LIBEREN A JOSÉ PINTO.

- DONDE ESTÁN LOS RESTOS DEL PASTOR ENDER VILLALOBOS?

... y otras tantas que nos dejan un amargo sabor de boca.

Los anzoatiguenses al menos logramos darle sepultura digna a NOEL RODRÍGUEZ, bien por nuestra amiga Zenaida, su madre, pero nos quedó pendiente ubicar los restos de LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ, de cuya desaparición forzada se cumplieron 51 años hace apenas escasos días, con el agravante de una indiferencia generalizada preocupante, que nos hace temer por la peor de las muertes: EL OLVIDO.

En el caso de Luis Alberto Hernández, el estudiante de sociología detenido, torturado, asesinado y desaparecido por el SIFA, en Aragua de Barcelona el 26 de septiembre de 1969, el ex coordinador de investigaciones de denuncias de la Comisión por la Justicia y la Verdad, combatiente ANTONIO ARIAS, y MIGUEL OTILIO PINTO, aragüeño sobreviviente de la tragedia, lograron acumular una serie de evidencias y versiones que indican que su cadáver fue lanzado al fondo de un precipicio ubicado en las adyacencias del Teatro de Operaciones de Cocollar, estado Sucre, donde se estima que exista una fosa común en la cual yacen los restos de innumerables desaparecidos, políticos de la cuarta república.

Como miembro de los equipos de trabajo de la Comisión por la Justicia y la Verdad, fui convocado para descender y hacer la correspondiente inspección mediante las técnicas de rapel y escalada, de las cuales soy conocedor y propietario de equipos de última generación para esas lides. Bajaríamos hasta el fondo del barranco de Cocollar, conjuntamente con el equipo técnico, pero me fue negada la autorización por mi jefatura debido a una vieja rencilla personal con la ex fiscal general. Hoy día me arrepiento de no haberme rebelado y acudido a la sagrada misión, como ya lo había hecho en oportunidad anterior cuando en circunstancias similares recuperamos los restos del desaparecido político JOSÉ JESÚS TABARE, a manos del ejército, desde lo profundo de un barranco de la alta montaña de Bergantín, estado Anzoátegui, hasta donde logramos acceder mediante las mismas técnicas de descenso y ascenso (rescate en alturas), motivo por el cual fuí removido injustamente por quién para entonces era alcalde de Anaco, del cargo de director de Protección Civil; pero al menos en esta ocasión se logró el objetivo y el combatiente hoy reposa dignamente en el cementerio de Santa Inés, estado Anzoátegui.

No nos contamos entre quienes se consideran atornillados a los cargos o hacen de estos una razón de vida, al contrario, en algunas ocasiones los hemos renunciado para mantener nuestra conciencia independiente.

La historia, que es implacable y demoledora con los traidores les tiene reservado un lugar especial en su basurero. De eso nos encargaremos, no nos dejaremos vencer por la impotencia.

En el caso del genocidio de Cantaura la alcahuetería no es nueva, es tan antigua como la masacre misma, solo que en los últimos años se ha profundizado, y los implicados han llegado a posicionarse en niveles tan altos del gobierno, que la última reunión que sostuvimos con la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, a finales de 2012, fuimos convocados los directivos nacionales de la Asociación Cantaura Vive con la finalidad de informarnos, la ex fiscal, expresamente, el compromiso por parte del entonces presidente Hugo Chávez Frías que su gobierno no influiria en el juicio contra los implicados, muchos de ellos componentes de su más próximo entorno político y militar. Al menos eso nos informó en la referida reunión convocada con esa finalidad específica.

Ministros, diputados, gobernadores, miembros del cuerpo diplomático, comandante general de componente de la FAN de la actual gestión, y hasta algún vice presidente ejecutivo y del partido de gobierno participaron en el horrendo bombardeo y posterior ametrallamiento del campamento de Los Changurriles del Morocho Evans, y en la orgía de sangre que tuvo su climax en la repartición de los tiros de gracia y en los bayonetazos a los vientres de las guerrilleras moribundas.

Nunca pensamos que sería fácil enjuiciar a los responsables de la masacre, sabemos que han utilizado sus altísimos cargos para procurarse la impunidad. Solamente vieron peligrar su estabilidad cuando se realizó la investigación, pero el fallecimiento del comandante Chávez les vino como anillo al dedo por los cambios administrativos que a partir de allí comenzaron a producirse.

Infinidad de veces informamos con lujo de detalles a las varias directivas de la Asamblea Nacional y de la Asamblea Nacional Constituyente, pero "entre bomberos no se pisan la manguera", aunque muchos hasta se mojaron los pantalones.

En la Asociación Cantaura Vive aguardamos los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año en curso para emprender por enésima vez las acciones legales y movilizaciones hasta lograr la reactivación del juicio, que lleva ya varios años engavetado, a pesar que quedaron muy adelantadas las investigaciones: se entrevistaron a los sobrevivientes, a los testigos, a muchos de los autores materiales, exhumamos los restos y hasta se produjeron algunas imputaciones y se emitieron códigos rojos a Interpol. Lo único que hace falta  es que cese la alcahuetería militarista desde los más altos niveles del gobierno.

LA IMPUNIDAD ES PEOR QUE EL DELITO.

PROHIBIDO OLVIDAR.