El gobierno de Nicolás Maduro viene dando señales de estar en una operación fraudulenta para despojar al Partido Comunista de Venezuela (PCV) de su tarjeta electoral y para dársela a alguna formación artificial qué le brinde apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al llamado Gran Polo Patriótico, en las próximas elecciones que se hayan de realizarse en Venezuela.
De esta manera el Gobierno-PSUV pretende cerrarle el paso a cualquier posible candidatura emergente que se coloque a la izquierda del partido gobernante, desde hace tiempo muy corrido a la derecha.
Esta maniobra forma parte de la "democracia simulada" que hipócritamente ha instalado el gobierno y sus operadores institucionales como mascarilla o tapadera de su régimen político autoritario, represivo, excluyente y en el fondo monopartidista, aunque se adorne con el mariposeo de franquicias políticas creadas a su medida y conveniencia, como una manera de poder contar con una coreografía pseudodemocrática complaciente y absolutamente maleable.
Lo ha venido haciendo así con algunos partidos de la oposición de derecha, cuyas directivas fueron sustituidas por fracciones colaboracionistas, a cambio de favores políticos o de otra naturaleza, aprovechándose, en parte, de las graves faltas cometidas por algunos de sus líderes con atentados al sistema constitucional supuestamente vigente, pero violado por todos los costados y por actores de ambos bandos.
También lo ha hecho con partidos que eran parte de la periferia del chavismo, cuyos dirigentes principales adoptaron posiciones disidentes, críticas, o de deslinde respecto al gobierno. Así sucedió con el PPT-Uzcátegui, con los Tupamaros, y con otros grupos.
El gobierno y sus títeres institucionales, en algunos casos han bloqueado el proceso de legalización de ciertas organizaciones políticas existentes, como sucedió con Marea Socialista, a la que el CNE y el TSJ le impidieron la posibilidad de legalizarse. Lo hicieron empezando por no autorizar el uso de su nombre para disponer de una tarjeta electoral y trataron de justificarlo con argumentos ridículos, sin verdadera base legal, en una especie de "juicio político". Llevado nuestro caso, el de Marea, al TSJ éste permitió el bloqueo realizado por el CNE en lugar de proteger el derecho de participación de nuestro partido (para ese tipo de cosas están).
Lamentablemente, muchos de los que después serían víctimas de maniobras similares, se inhibieron en sus deberes solidarios porque todavía estaban ligados al gobierno y no entendieron a los que fuimos pioneros en su denuncia como grave desviación respecto al proceso revolucionario. Vieron la negación de la tarjeta electoral a Marea como si no hubiese tenido que ver con ellos. Hoy todos pagamos el costo de la falta de unidad y determinación para enfrentar y frenar las prácticas antidemocráticas y totalitarias del Estado gobierno dirigido por el PSUV y el corporativismo militar, en su crudo viraje, no sólo antidemocrático y totalitario, sino también profundamente anti obrero y procapitalista, así como contrarrevolucionario.
Ante tal situación, reiteramos nuestra solidaridad, ahora con el PCV, como antes la manifestamos con el PPT-Uzcátegui y demás sectores afectados. Rechazamos una vez más estos procedimientos tramposos armados por el gobierno de Maduro y del PSUV, y exigimos la restitución de las garantías democráticas constitucionales y electorales que le han sido recortadas a las y los venezolanos, al estilo de los gobiernos de derecha.
En la defensa de las libertades democráticas, sólo hemos hecho puntuales distingos con aquellos partidos políticos burgueses de la derecha golpista e intervencionista, a los que hemos señalado por sus proceder conspirativo bajo dirección de distintos gobiernos de los Estados Unidos y de los principales grupos de poder económico de Venezuela. Pero advertimos que esto no puede utilizarse como falsa excusa para cercenar a conveniencia particular las libertades de los adversarios políticos y de los críticos.
Llamamos a los sectores y las organizaciones políticas democráticas, populares y de izquierda, a hacer causa común con la defensa de los derechos políticos y electorales plenos de todos los partidos dentro del marco constitucional.
En estos momentos de una nueva arremetida antidemocrática, volvemos a decir rotundamente: ¡No a las manipulaciones del gobierno y del PSUV para ilegalizar o desconocer los derechos políticos y electorales de otros partidos! ¡No a los intentos de ilegalizar al PCV! ¡No al recorte o bloqueo de los derechos democráticos y electorales contra partidos y movimientos de izquierda por parte de la derecha oficialista! ¡Por la recuperación del derecho a la participación democrática y protagónica, electoral, civil, sindical y de todo tipo!
También llamamos a emprender conjuntamente una campaña nacional e internacional por nuestros derechos colectivos de participación política, sindical y en todos los sentidos y ámbitos de la vida nacional. Porque algo similar también sucede con sindicatos, medios de comunicación, organizaciones civiles no gubernamentales y otras formas de organización cuando no son dóciles al gobierno, el cual pretende acaparar, domesticar o dominar impositivamente todas las esferas de la vida social y política.
