El negocio de las drogas ilegales, si bien ya existe desde hace muchas décadas a un nivel más bien marginal, a partir de su gran explosión en los años 70 del pasado siglo rápidamente se mostró como algo más que una lucrativa actividad comercial. Desde el inicio fue ya concebido como ese “algo más”: nació como un complejo mecanismo de control social. Grandes poderes decidieron hacerlo entrar en juego.
Como todos los fenómenos masivos que ha ido desatando el capitalismo, una vez puesto en marcha adquirió dinámicas propias; pero en su origen –y eso no ha variado sino que, por el contrario, sigue siendo alimentado a diario en ese sentido– es un dispositivo que permite una supervisión del colectivo por parte de los poderes. Vigilando, supervisando la sociedad en su conjunto, se la puede controlar. O más aún: llevar hacia donde esos factores de poder desean. En nombre del orden público, de la seguridad ciudadana –y se podrían agregar ahí varias pomposas declaraciones en esa línea: resguardo de la moralidad, defensa de los más sacrosantos valores: de la familia, de la patria, del progreso, de la prosperidad, etc., etc.– los poderes fácticos tienen en el combate contra un verdadero peligro social como son las drogas ilícitas un justificativo para actuar.
Como dice Charles Bergquist –citado por Chomsky– en su obra “Violence in Colombia 1990-2000”: “la política antidrogas de Estados Unidos contribuye de manera efectiva al control de un sustrato social étnicamente definido y económicamente desposeído dentro de la nación, a la par que sirve a sus intereses económicos y de seguridad en el exterior”.
Se podría pensar que, como cualquier calamidad de orden natural, también el flagelo del consumo de estupefacientes es un problema que deben acometer los Estados. Y tratándose de un problema de orden sanitario, el enfoque que debería primar es la prevención. Pero vemos que, en forma siempre creciente, el fenómeno es abordado desde una faceta fundamentalmente represiva. Es más: de hecho, desde hace ya un par de décadas, ha pasado a ser un problema policíaco-militar, y para la estrategia global del gobierno de Estados Unidos, el asunto en su conjunto ha asumido una importancia capital, una línea maestra de su accionar. O, al menos, eso es lo que se declara oficialmente.
Las drogas ilícitas juegan el papel de mecanismo de control social en un doble sentido: a) como distractor cultural, y b) como coartada para el control militar. Ambas vertientes van de la mano y se retroalimentan una a otra.
El uso de cualquier sustancia psicoactiva sirve para desconectarse de la realidad. Esto no es nuevo en la historia de la civilización humana; en mayor o menor medida, por milenios ha venido aconteciendo. Como distractor de la realidad, como evasivo, la humanidad ha buscado apoyos químicos que le ayuden a soportar la crudeza de la vida. Y si bien el abuso de esas sustancias constituye un problema –las adicciones, como psicopatología, no son un fenómeno nuevo en la historia– la promoción inducida de su consumo es algo muy moderno. Más aún: la promoción masiva al consumo que se desarrolló estas últimas décadas a partir de técnicas mercadológicas, no depende para nada de los consumidores. Por el contrario, hay ahí una estrategia en juego donde el consumidor ya no decide nada. El que consume, en realidad, está inducido a consumir. A partir de ello, son los sectores juveniles, por razones ligadas a su peculiar psicología justamente, los más fácilmente “inducibles”, los más manipulables.
Lo nuevo en la historia es la promoción masiva al consumo de drogas ilícitas. Ello no sucede casualmente; hay un plan que lo sustenta. La cuestión básica entonces pasa a ser: ¿quién y para qué hace eso? Es ahí donde se empieza a dibujar la idea de “control social”. Alguien se beneficia de esto, aunque se vea muy satánica la lógica en que ello se apuntala, muy monstruosa. Pero, ¿quién dijo que el mundo se maneja con criterios de justicia, respeto o amor? Los factores de poder saben sólo de eso: del ejercicio de un poder que los torna cada vez más impunes. Por tanto: monstruosos. Y para eso vale todo.
Desde que el capitalismo cambió la faz del planeta al globalizarse el comercio hace ya varios siglos, y con las tecnologías cada vez más poderosas que fueron desarrollándose en consonancia, las sociedades masificadas que surgieron con ese nuevo modelo económico debieron ser manejadas con nuevas herramientas. La iglesia católica que dominó durante todo el medioevo europeo ya no alcanzaba para estos fines. Las sociedades masificadas a que dio lugar el capitalismo, tanto en las metrópolis como en las colonias del Sur, sociedades urbanas con enormes concentraciones de población, implicaron una nueva arquitectura social para los poderes dominantes. En esa perspectiva surgen los medios de comunicación masivos, quizá la mejor arma para controlar a los grandes colectivos.
Surge también el negocio de las drogas ilegales como política de acción enfocada a sectores específicos, quizá no tan numerosos como los destinatarios de los monumentales medios de comunicación, pero posibles de neutralizar a mucha gente. ¿Qué entender aquí por “neutralizar”? Sencillamente: sacar de circulación. Las drogas, cualquiera sea, saca de circulación, desconecta de la realidad. A veces, por un rato, por un período relativamente corto. Cuando ya se crea una dependencia de los tóxicos, la desconexión es crónica. Es ese, justamente, el efecto buscado: un porcentaje determinado de población –jóvenes de estratos bajos en lo esencial– “sale de circulación”, queda atontado. Tal como lo pensaron las usinas ideológicas del imperio, el usuario tipo de esta arma de dominación son los sectores marginales, los habitantes de barrios pobres, los grupos que pueden ser disfuncionales al sistema, en principio los de la misma metrópoli imperial. Con las drogas –más todo otro arsenal que nunca se abandona, desde medios de comunicación a policía, etc., etc.– se logra incidir en ese control social. Así surgió como política para el interior de Estados Unidos, siendo los barrios urbanos marginales, negros y latinos fundamentalmente, los principales destinatarios del tráfico de estupefacientes; y así se difundió luego por otros países: los sectores más rebeldes –“rebeldes” en términos de incorporación al statu quo, más “peligrosos”– son los consumidores elegidos.
Todo ello posibilita luego el segundo nivel del control en juego, quizá el más importante: se pasa a controlar a la sociedad en su conjunto, se la militariza, se tiene la excusa ideal para que el poder pueda mostrar los dientes: los narcotraficantes, elevados a la categoría de nuevos demonios, pasan a ser el enemigo a vencer.
El fenómeno de las drogas ilegales, además de ser sin lugar a dudas un verdadero problema social y sanitario, es una buena excusa para azuzar miedos irracionales. Sabido es que, ante el miedo, y más aún: ante el miedo prolongado, ante el terror, ante una actitud sádica que induce al miedo y lo refuerza reiteradamente, las respuestas son siempre irracionales. Una población asustada es mucho más manejable. El poder eso lo sabe, y lo usa. Con las drogas ilegales se puede ver claramente.
Como parte de sus políticas de dominación global, el imperialismo estadounidense viene aplicando en forma sostenida ese supuesto combate al negocio de las drogas ilícitas. Desde que arrancó este circuito de la venta masiva de sustancias ilícitas, existe la imagen –mítica, creada en buena medida por la manipulación mediática– que son las bandas ilegales de mafiosos que se encargan del narcotráfico los principales beneficiarios de todo el negocio. Sin dudas que esas redes delincuenciales se benefician. Pero hay alguien más que saca partido de la cuestión. Ese “alguien” no es otro que una estrategia de dominación surgida en las usinas del gran poder imperial del siglo XX: el gobierno de Estados Unidos. En nombre de combatir ese problema universal, el imperio desarrolló la estrategia de combate contra esas mafias. El problema, supuestamente, se ataca de raíz. De ahí que se queman sembradíos en los países productores de la materia prima. Pero si hubiera un deseo real de contener el problema sanitario en juego, no se hubiera militarizado el mundo en función de esta lucha. Y se hubiera hecho descender el nivel de consumo; pero curiosamente, ese nivel nunca baja. Al contrario, año a año crece.
Está claro que si hubiese un verdadero interés por terminar con el enorme problema social-sanitario y cultural que representan las sustancias psicoactivas ilícitas, lo más lógico sería –como en el caso del alcohol etílico, por ejemplo– permitirlas bajo determinadas normativas manejadas por los Estados. En otros términos: despenalizarlas. Pero ello no sucede. Es más: no hay nunca una justificación creíble de por qué deben continuar siendo ilegales.
Voces equilibradas en todas partes del mundo llaman a la legalización de las drogas hoy prohibidas como única manera de acabar con la violencia y las penurias que traen de la mano en su comercialización ilegal. Incluso los sectores acusados de promover el narcotráfico, como por ejemplo el movimiento armado colombiano, han declarado en forma contundente la necesidad de controlar ese negocio. Revelador al respecto es el comunicado que uno de los grupos armados que existe en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– produjera en marzo del año 2000, documento casi desconocido por la prensa del sistema: “Legalizar el consumo de la droga, única alternativa seria para eliminar el narcotráfico”. Puede leerse ahí, por ejemplo: “El narcotráfico es un fenómeno del capitalismo globalizado y de los gringos en primer lugar. No es el problema de las FARC. Nosotros rechazamos el narcotráfico. Pero como el gobierno norteamericano pretexta su criminal acción contra el pueblo colombiano en la existencia del narcotráfico lo exhortamos a legalizar el consumo de narcóticos. Así se suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad del este comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente a los fármaco-dependientes y liquidan definitivamente este cáncer. A grandes enfermedades grandes remedios”.
Si estas sustancias ilegales producidas a partir de materias primas de países pobres que no representan un verdadero problema militar para las grandes potencias siguen procesándose y convirtiéndose en drogas que llegan a los mercados del Norte como sustancias ilegales, ahí hay “gato encerrado”. El supuesto combate al narcotráfico, en definitiva, lo único que logra es permitir a la geoestrategia de Washington poder intervenir donde lo desee. O más exactamente: donde tenga intereses, o donde los mismos se vean afectados. Terminar con el consumo está absolutamente fuera de sus objetivos.
Para ejemplo de esta política de dominación imperial, entre otros, el Plan Colombia. Como dice David Javier Medina en su obra “El horror de la violencia y el Apocalipsis del Plan Colombia”: “la aplicación del plan Colombia, la iniciativa regional andina y la multiplicación de bases militares dadas en América latina se orientan a buscar la derrota militar de la insurgencia colombiana, las FARC y el ELN, para desestabilizar y derrocar al presidente Hugo Chávez en Venezuela”.
Dicho sintéticamente, esta iniciativa no es sino la pantalla legal que necesita la política neocolonial del gobierno de Estados Unidos para seguir monitoreando-controlando-reprimiendo las protestas sociales en América Latina, y eventualmente preparar las condiciones para el dominio continental en función de los recursos que busca en este subcontinente. “¿Qué hacer para lograr el dominio político de esa franja que necesita los Estados Unidos para el desarrollo de un segundo canal como el de Panamá?”, indica Medina en su estudio. “¿Qué hacer para apropiarse de más del millón de hectáreas de tierras que están en Urabá, de las más fértiles de Colombia, para ponerlas a producir, a través de las trasnacionales, todo tipo de productos agrarios y que puedan salir libremente para todo el mundo también? (…) Surge un plan Colombia y le agregan la iniciativa andina, señalando a los tres países más peligrosos para la seguridad de USA como son Colombia, Ecuador y Venezuela. (…) Van a crear un corredor acuático y unos grandes oleoductos en la zona fronteriza del estado Zulia y de Colombia, de Ecuador y de la Amazonia, directamente hacia Estados Unidos. Eso no se dice, por cuanto explicaría cuál es la verdadera intención en el desarrollo de esa política militar, el desarrollo del plan Colombia y de la iniciativa andina”.
Con el consumo generalizado de sustancias que no desea legalizar, y satanizando su producción y su tráfico, Washington tiene la excusa perfecta para militarizar y/o controlar todas las regiones del mundo que son de su interés. Si la producción de la planta de amapola se disparó en estos últimos años en el Asia Central, especialmente en Afganistán, así como la coca en la región andina de Latinoamericana, básicamente en Colombia, ello obedece a un plan bien trazado que sirve a su estrategia de dominación: donde hay recursos que necesita explotar –petróleo, gas, minerales estratégicos, agua dulce, etc.– y/o focos de resistencia popular, ahí aparece el “demonio” del narcotráfico. Ello es una política consustancial a sus planes de dominación global, lo cual puede verse claramente, por ejemplo, en el documento de Santa Fe IV, aparecido en el año 2000, entre cuyos principales mentores está Lewis Tambs –de quien Gabriel García Márquez dijo que “parecía suponer que Estados Unidos podía demostrar que narcotraficantes y guerrilleros eran una sola cosa: narcoguerrilleros. Lo demás era cuestión de mandar tropas a Colombia con el pretexto de apresar a los unos y combatir en realidad a los otros”–. Dato interesante –y que sintetiza el sentido último de toda la iniciativa imperial que estamos analizando–: Lewis, embajador estadounidense en Colombia y más tarde en Costa Rica, en este último país se involucró profundamente con el apoyo a los “contras” nicaragüenses, siendo señalado en el posterior informe de la Comisión Tower como uno de los contactos del Irán-contras-gate, escándalo en el que hubo tráfico de drogas ilegales para financiar ese ejército contrarrevolucionario que ayudó a desmontar la revolución sandinista. La hipocresía del doble discurso no tiene límites, sin dudas.
En esa patética plataforma ideológica del gobierno republicano de la Casa Blanca puede leerse, entre otras monstruosidades: “Dado que el narcoterrorismo no ha sido reconocido como uno de los principales factores de muerte de los ciudadanos norteamericanos en las últimas décadas, en forma de cocaína y heroína, y dado que las organizaciones narcoterroristas no han sido identificadas como la fuerza que impulsa la verdadera guerra química desatada contra los ciudadanos norteamericanos y como la influencia más corruptora de nuestra fibra moral, la llamada “guerra contra las drogas” –ese recurso de boca para afuera de la administración Clinton en forma de unas pocos miles de millones aquí y allá– sólo logrará, como ha ocurrido hasta ahora, alimentar la corrupción en aquellos países donde supuestamente estamos ayudando a combatir ese flagelo. Entre tanto, como aspecto ineluctable de cualquier sociedad, la corrupción por medio de drogas y, en última instancia, el dinero de las drogas, puede sacar ventaja hasta del sistema capitalista y democrático más avanzado. Esta es una amenaza que Estados Unidos no puede permitirse ignorar. (…) El narcoterrorismo es una simbiosis mortal que desgarra los elementos vitales de la civilización occidental, no sólo de Estados Unidos. Más aun, desde sus comienzos relativamente modestos hace unas décadas, el narcoterrorismo se ha vuelto cada vez más global en su naturaleza, convirtiéndose en una herramienta y un arma predilecta esgrimida contra Occidente por sus enemigos jurados”.
Preparadas las condiciones, las intervenciones militares son el próximo paso, casi natural, “obligado” podría llegar a decirse. Para la lógica de dominación de Washington, la supuesta defensa de los sacrosantos valores de la civilización occidental (léase: empresa privada haciendo sus negocios) le “imponen” salir una vez más a cumplir con su “destino manifiesto”. El motivo puede ser cualquiera. Ahora el combate contra el narcotráfico llena a cabalidad las exigencias.
“Las drogas ilegales proveen a los narcoterroristas ingresos anuales que están entre los 750 y 1.000 millones de dólares sólo en Colombia. (…) ¿Por qué mantener vivo el mito de que hay diferencia entre los terroristas y los traficantes de drogas en Colombia? ¿Por qué darles respetabilidad y legitimidad, manteniendo la ficción de que estos codiciosos delincuentes tienen una 'agenda social y política'?”, se preguntaba el Santa Fe IV. El plan Colombia y el plan Patriota son la respuesta a esas preguntas.
Con el argumento del combate contra un mal de dimensiones apocalípticas como pasó a ser el narcotráfico, similar al “comunismo internacional” con que se alimentó la paranoia colectiva durante la Guerra Fría, o el ataque del “fundamentalismo islámico” y el terrorismo que se abrió con el golpe mediático del 11 de septiembre del 2001 con la caída de las torres del Centro Mundial de Comercio de Nueva York, las razones de una militarización global absoluta están servidas. Por medio de esos combates –universales, totales, perpetuos– queda trazada la política que se prefigura en los distintos documentos de Santa Fe y que buscan, luego de la caída de la Unión Soviética, el “nuevo siglo americano”, es decir: la continuidad de la hegemonía estadounidense para el siglo XXI.
Gracias a ellas el gobierno de Estados Unidos puede hacer, virtualmente, lo que desee, con absoluta impunidad: intervenir, secuestrar en cualquier parte del mundo a sospechosos de narcotráfico y terrorismo, declarar guerras preventivas. Es en ese sentido que el narcotráfico se descubre como un grandioso instrumento de control social.
¿Qué hacer entonces? Dentro de los marcos del capitalismo globalizado, definitivamente no hay mucho que hacer. Si el demonio se creó para mantener bajo control la protesta social, es muy difícil, por no decir imposible, oponer un contramensaje. ¿Qué decir acaso: que el narcotráfico es bueno y deseable? Obviamente que no. Pero si nos quedamos con esa arista, estamos condenados a seguir moviéndonos en el ámbito generado por el imperialismo. Sólo denunciando la mentira en juego podemos aspirar a achicarle un poco el campo al manejo perverso en juego. Pero está claro que sólo cambiando el escenario global podrá desmontarse la mentira.
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