Dos eventos relevantes en las ultimas 24 horas han pasado en la administración de justicia penal; uno, la admisión, por parte de la Sala Constitucional, de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 parte in fine, todos del Código Penal, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todos estos artículos prohíben la posibilidad de estar en libertad mientras se realizan los juicios por los delitos de violación, homicidio, atraco a mano armada, secuestro, aprovechamiento y trafico y fabricación de drogas; el otro hecho fue la solicitud de antejuicio de merito que solicita la Fiscala Generala de la Republica al Gobernador del Guarico por lesiones graves al Alcalde de Zaraza. Veamos.
En el primer caso la nulidad por inconstitucionalidad de los artículos mencionados la piden defensoras públicas penales; y al mismo tiempo pidieron una medida cautelar innominada de que se dejara sin efecto o se desaplicaran estos artículos; es decir que los procesados o condenados por esos delitos puedan salir en libertad. La Sala Constitucional, mas por oportunismo, admite esta acción de nulidad por inconstitucionalidad y de paso declara con lugar la medida de desaplicar estos artículos, por lo que saldrán, ahora mismos, muchos imputados por estos delitos en libertad, ya.
Aquí lo reprochable, no es que la Sala Constitucional haya decidido en beneficio del reo, y mucho menos los socialistas haremos esta critica; aquí lo reprochable es que esta sala ha demostrado hasta la saciedad ser conservadora y participe de las tendencias mas retrograda del derecho; y si ahora decide así es por conveniencia y presión, sobretodo de los sectores de derecha; veamos por que.
Antes de aclarar el oportunismo de la sala constitucional, debo decir que la sala que debió decidir este caso era la de casación penal, por ser la materia afín, pero esta sala es mucho más retardataria, cuando se trata de presos comunes y no de Alcaldes y/o banqueros.
Resulta que en el año 2001, cuando el Miquilenismo era el dueño del “proceso” reformaron el COPP, en la asamblea nacional, por presiones de la derecha (La que ahora monta huelgas en las cárceles), en donde la parte mas perjudicada fue precisamente la penitenciaria y la de los beneficios para libertad procesal; esta presión de la derecha era porque consideraba que el COPP era el culpable de la criminalidad en el país y acusaba al gobierno de blandengue y cómplice de la delincuencia. Esta reforma hizo que todo condenado pagase cárcel, en por lo menos 50% de la pena y los años promedios de los delitos para gozar de libertad no pasaban de Tres (3) años; he ahí en donde esta el hacinamiento de las cárceles y las trancas procesales; pero la Defensoria y la Sala Constitucional, presionada por los presos que mas tienen saliva (Y tragan mas harina), en las cárceles que son los autores de esos delitos mayores; y por la derecha desde afuera, sobretodo la mediática en mezcolanzas con ONG subsidiadas por Washington, desde las cárceles han organizado motines, autosecuestros y movilizaciones y tomas de tribunales; han cedido a esta presión, cuando hay presos con delitos menos graves que también requieren un beneficio y no obstante no saldrán beneficiados con esta decisión de la sala máxima, porque el cuello de botella no esta en el código penal sino en el COPP.
Aunado a los anterior; la Fiscalia General de la Republica imputa al Gobernador del Guarico por un delito menor, como es el de lesiones, cuando en su contra pesan investigaciones de delitos gravísimos y de lesa humanidad, como son el de los grupos policiales de exterminio y ejecuciones extrajudiciales; para que digan que están golpeando duro “arriba”. Esto es una burla a la comunidad, y me imagino que es para complacer políticamente a un sector de la derecha endógena del PSUV que quiere apoderarse de ese Estado Llanero.
Ahora tenemos una administración de justicia penal populista y que pareciera que anduviera en campaña política buscando votos, enamorando al electorado y conquistando simpatías y para ello complace peticiones de la derecha mediática golpista e imperialista.
¿QUE HACER?
Se debe reestructurar a fondo el poder judicial para darle protagonismo al pueblo por intermedio de sistema de jurados y jueces y fiscales legos de elección popular.
Se debe reformar el código penal, en forma integral, por parte de la asamblea nacional que esta en mora al respecto, para sancionar con penas largas los denominados delitos de cuello blanco y rebajar las penas de los delitos susceptibles de ser cometidos por los pobres.
Se debe crear unos tribunales, fiscalias y policías especiales para los delitos de conspiración, en donde entre la mediática y financiera, conducta permanente de la derecha venezolana, así como para los delitos corporativos, económicos y de corrupción; con cárceles especiales y penas largas.
Se deben crear tribunales municipales y comunales para los delitos menores y susceptibles de ser cometidos por la pobrecía, con fiscalia y policía comunales; con amplios beneficios procesales y subsidios económicos y educacionales.
Todo esto anterior debe hacerse para que la justicia penal no vaya siendo como vayamos viendo y tengamos un sistema de justicia penal en armonía con la constitución bolivariana.
franciscosierracorrales@yahoo.com.ar
