El de los francotiradores es uno de los más grandes misterios del 11 de abril. De ellos quien primero habló fue el V/A Héctor Ramírez Pérez en su proclama golpista cuando aún no se había producido el primer muerto, según Otto Neustaldt, corresponsal de CNN para la época.

Irónicamente, la tesis de su existencia fue esgrimida como argumento de la defensa en el tribunal de Maracay donde se juzga a un grupo de tres ex comisarios y siete efectivos de la PM por crímenes del 11 de abril, mientras que la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado rebate arguyendo que no hubo francotiradores ese día, sino funcionarios del Grupo Fénix de la PM y efectivos de la GN comprometidos en el golpe que dispararon desde lugares distintos al hotel Ausonia.

Se trata de Luis A. Meneses, Nelson Rosales, Roger Miquelena, Franklin Rodríguez, Roberto McKnigth, José Meneses y Jhon Muñoz (colombiano).

Si para el común es un misterio, para expertos y protagonistas es motivo de controversia que trasciende la polarización chavismo-antichavismo.

La culpabilidad o inocencia de estos hombres coloca en una acera al ex fiscal general Isaías Rodríguez y en la otra al abogado Antonio Molina, representante de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002.

Rodríguez da por sentado que los siete del Ausonia sí eran francotiradores. Así lo dice en su libro Abril comienza en octubre, en el cual les dedica el capítulo titulado “Los tiros telescópicos”. Allí señala que durante la cadena televisiva presidencial del 11-A “siete francotiradores ubicados desde hacía varios días” tanto en ese edificio como en el hotel Edén “dispararon contra todos los manifestantes sin importar el bando al cual pertenecían”.

Cita a un diputado según el cual “los francotiradores habían ingresado a los referidos hoteles cinco días antes del 11-A”. Tres de ellos, dice, tuvieron acceso a una terraza donde se localizaron balas 7.62. “Se les incautó un arma de fuego calibre 38, un envoltorio con restos vegetales de presunta droga, una caja de color negro, una bolsa de papel con dos segmentos tubulares de color blanco y 97 piezas metálicas con forma de estrella”, dice.

Relata que la Fiscalía colectó la ropa que portaban y solicitó al CICPC las experticias de traza de disparos a cada uno.“Se requirió de la Defensa Pública el traslado a la sede de la Disip para presenciar la toma de muestras en cada una de las manos de los aprehendidos. Dos defensores privados de los francotiradores se hicieron presentes y asumieron su defensa. El Ministerio Público ordenó a la Disip agregar esas actuaciones al acta de aprehensión y se les instruyó para que se corrigieran varios defectos, impertinencias y deficiencias visibles en las actas policiales con las cuales se evidenciaban los hechos ocurridos”.

Cuenta Rodríguez que, al día siguiente, una fiscal no encontró en la Disip los originales de las actas, los oficios de solicitud de experticias ni las diligencias practicadas, como tampoco las correcciones que el MP había ordenado. En fin, se queja, “ninguna de las instrucciones que se impartieron el 11 de abril habían sido cumplidas”. “El 15 de abril, el fiscal VI auxiliar los presentó y no pidió privativa de libertad. El tribunal acordó libertad plena. El fiscal fue removido, pero ya los sicarios estaban fuera del país. Aún no sabemos qué pasó con la jueza”.

“Fue el coronel”

Antonio Molina está convencido de la inocencia de los personajes del Ausonia. De hecho, los representó en su presentación ante el tribunal XIV de control el 15/04/2002, cuatro días después de su aprehensión y cuando ya estaba Chávez de vuelta en Miraflores. Lo hizo, dice, a petición de un colega que antes había asistido a uno de ellos, en un caso de delito menor, al cual ya no podía defender por ocupar un cargo público.

Molina es el mismo abogado que defendió, y consiguió la libertad plena, de los hombres que aparecieron por TV disparando desde Llaguno: Richard Peñalver, Henry Atencio y Rafael Cabrices, así como de Nicolás Rivera, a quien la prensa también etiquetó como “pistolero” de Llaguno, a pesar de que Rivera, de Radio Perola, al igual que el locutor y capitán de bomberos Carlos R. Fernández, también imputado, no accionaron arma alguna el 11-A.

Molina actúa como parte acusadora privada en el juicio a los tres ex comisarios y 8 efectivos de la PM. Paradójicamente, su contraparte, el abogado José Luis Tamayo, esgrime la tesis de los francotiradores para proclamar la inocencia de sus defendidos. Según Tamayo, las muertes y lesiones atribuidas a éstos fueron obra de aquellos misteriosos personajes.

Molina se basa en una acusación formulada por la Fiscalía contra un coronel de la GN llamado Juan José Gómez Angulo por su presunta responsabilidad en tres homicidios clave del 11-A.

Según la acusación, el coronel Gómez Angulo sería responsable de las muertes de Luis A. Caro, Luis Monsalve y Nelson Zambrano, este último caído dentro del perímetro del Palacio Blanco. Caro y Monsalve, a su vez, hacían parte de la manifestación en respaldo al presidente Chávez, en las adyacencias de Miraflores y Puente Llaguno.

Los tres presentaron heridas de un proyectil del mismo calibre, similar ángulo de tiro y una hora aproximada de ocurrencia del disparo. Estas muertes sembraron pánico y rabia entre la concentración chavista, que según relata Molina procedió a tratar de divisar a los responsables en las alturas de los edificios. Alguien señaló hacia el Ausonia y por eso una comisión de Casa Militar y Disip lo allanó, llevándose a Morales, Muñoz, los hermanos Meneses, Rodríguez, Miquilena y McKnight, quienes estaban alojados en ese sitio.

Consultado al respecto, el abogado Antonio Molina señaló:

“A ellos los detienen debido a la confusión reinante en el lugar. Minutos antes de las 5:00 pm se había producido la muerte de Miguel Caro, Luis Monsalve y Nelson Zambrano. Durante este tiempo se ha mantenido la creencia de que formaban parte de un grupo de francotiradores y habían causado esas tres muertes. Pero luego de las investigaciones, el CICPC determinó planimétrica y balísticamente que era imposible que los disparos provinieran del hotel Ausonia”.

En paralelo, añade Molina, se determinó que en la tarde del 11 de abril unos efectivos de la GN, al mando del coronel Gómez Angulo, tomó y ordenó el desalojo del edificio sede de la Dirección de Prisiones del MIJ, en la esquina de Bolero.

“Este coronel decía cumplir supuestas órdenes de quien luego aparecería comprometido con el golpe, el general Luis Camacho Kairuz, quien para entonces era Viceministro de Seguridad Ciudadana. Ellos procedieron a desalojar a todas las personas que laboraban en ese edificio, bajo el argumento de que éste formaba parte del área de seguridad militar de Miraflores. Pero para sorpresa del CICP, un grupo se abstuvo de abandonar el edificio y, al ahondar en la investigación, estas personas informaron que a partir de las 4:00 o 4:30 pm comenzaron a oír disparos dentro de la edificación. Mencionaron los pisos 9, 8, 7 y 6. Entonces se hicieron las pruebas de macerado y se logró identificar en los pisos aludidos gran cantidad de pólvora que indica que desde allí utilizaron armas de fuego. Eso permitió hacer un rastreo e identificar a los efectivos de la GN que habían ingresado al edificio. Esto terminó de descartar el señalamiento de francotiradores que se había endilgado a las personas detenidas en el Ausonia. La Fiscalía citó a los GN y hoy están siendo procesados por esas tres muertes”.

En efecto, el 09/04/ 08, la Fiscalía informó en boletín de prensa que Sonia Buznego y Turcy Simancas, fiscales 38 y 39 nacionales, respectivamente, presentaron formal acusación contra el coronel Gómez Angulo por el delito de homicidio calificado en la persona de Caro, Zambrano y Monsalve y por homicidio calificado en grado de frustración en perjuicio de José Majano Navas, quien —se supone— también formaba parte de la concentración chavista. Además, Gómez Angulo fue acusado por uso indebido de arma de guerra.

Las fiscales solicitaron la privación de libertad del oficial de la GN. Hasta el momento se desconoce si ha sido practicada su detención.

El boletín informó que en abril de 2007 fueron acusados otros cuatro GN por el homicidio de una víctima opositora del 11-A, Johnnie Obdulio Palencia, quien murió cerca del liceo Fermín Toro, adonde llegó la marcha desviada desde Chuao. Los acusados fueron el cabo II Luis A. Carrero y los distinguidos Carlos Díaz, Elys Jaimes Navas y Luis Rodríguez V., todos de la GN, a quienes el MP atribuyó el delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de guerra. La audiencia preliminar estaba prevista para el 17/04/08. No está claro si se ha solicitado o no su privación de libertad.

La investigación contra el coronel Gómez Angulo y los otros cuatro GN ha tenido escasa cobertura de prensa.

Un año después del golpe, en el 07/04/2003, Últimas Noticias informó que serían imputados cinco GN “que dispararon contra ambos bandos el 11-A”. No mencionó los nombres. Basándose en fuentes extraoficiales, la nota señala: “Los cinco efectivos, a cuyo mando estaba un oficial, estaban vinculados con los planes insurrecciónales que se desarrollaron ese día y en horas de la tarde, cuando ya se habían iniciado los disturbios, tomaron el control de la Dirección de Custodia y Rehabilitación del recluso, adscrita al MIJ, en el edificio Bolero, a metros del Palacio Presidencial, desde donde habrían disparado contra los simpatizantes de ambos bandos con la intención de generar caos y anarquía”

Acota el diario que “inicialmente se pensó que por lo menos las tres personas afectas al gobierno [Caro, Zambrano y Monsalve] pudieron haber sido asesinadas desde el hotel Ausonia”. Con respecto a los detenidos en ese hotel, el diario indicó que “los investigadores descartaron su vinculación con los hechos”.

La nota menciona entre los muertos “achacados” (sic) al grupo de GN a Johnnie Obdulio Palencia, militante de Bandera Roja, quien murió de un disparo de fusil en la esquina de Solís. “Al parecer portaba una pistola con la que disparó hacia la plaza Bicentenaria, donde había un piquete de la GN”.

También menciona a Juan Querales, quien venía en la marcha desde Chuao y recibió un disparo en el muslo cerca del Fermín Toro.

No queda claro si los GN acusados por estos crímenes son los mismos que habrían actuado bajo órdenes del coronel Gómez Angulo en la esquina de Bolero, que está a dos cuadras de distancia del liceo Fermín Toro.

Sobre esta base, Molina insiste en la inocencia de los hombres del Ausonia. Resalta que estuvieron presos en la Disip cuatro días, mucho más del tiempo permitido antes de ser llevados a un tribunal. “En la audiencia realizada en el tribunal XIV de control se demostró que el arma que les fue incautada estaba, con su porte legal, y uno de ellos estaba en posesión de un tabaco de marihuana. Dado que no existía ninguna vinculación con actividades de francotiradores, la Fiscalía procedió a solicitar la libertad. Mucho después, en dos o tres oportunidades, me he tropezado en la calle con dos de ellos, Rosales y McKnigth. Han ido muchas veces a la Fiscalía a los fines de clarificar su situación judicial”.


Este texto forma parte del libro “La delación”, que pronto estará en venta


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