En la justicia venezolana, la cuarta república está más viva que nunca. Pese a los monumentales esfuerzos de la Revolución Bolivariana por transformar las estructuras de nuestra sociedad, pareciera que allí no llega el brazo del proceso de cambios.
Sigue existiendo aquello de que hay justicia “pa’ los que tienen real”. A punta de billete se ponen o se quitan antecedentes, se entra o se evita la prisión, se compran sentencias… es decir, que no sólo es ciega esa dama, sino también sorda y muda.
Esa misma justicia de la cuarta nos escupió en la cara que en nuestro país, aquel 11 de abril de 2002, no hubo Golpe de Estado. A ver si lo recordamos: Chávez fue electo democráticamente para ser presidente, unos militares lo amenazan, lo detienen y el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por Luis Miquilena, sentenció que Chávez se fue de Miraflores porque le dio la gana y eso generó un vacío de poder. Además los generales que dan el Golpe de Estado lo hicieron (dice textualmente la sentencia) “preñados de buenas intenciones” (1).
Con una justicia como ésta no era de extrañarnos que Enrique Capriles Radonsky después que invadió una embajada o lo que es lo mismo, que cometiera un delito internacional, siga en libertad y hasta opté por cargos de elección popular. O que el ministro de la defensa del 27 de febrero de 1989, Ítalo del Valle Alliegro, el mismo que ordenó la masacre del pueblo caraqueño, siga en su casa de Maracay como si nada, envejeciendo de lo más tranquilo. Ahora mismo debe ser una abuelito encantador, igual que lo fue Pinochet.
La impunidad parece estar legitimada ¿Dónde están aquellos funcionarios que la contraloría ha destituido de sus cargos públicos por corruptos? ¿En la cárcel? Pues esa impunidad sólo acumula frustración y esa frustración puede traducirse en un motor que mueva al colectivo a tomar justicia por su mano. La institucionalidad de los tribunales tiembla cuando oye la premisa de la “justicia popular”, pero pareciera que estamos más cerca de eso que una explosión de la estructura de la justicia nacional y de un sacudón que expulse a los corruptos que administran justicia. Ese sistema, dicho sea de paso, nada tiene que ver con Chávez, ni con éste proceso y menos con las luchas del pueblo.
Al iniciarse el tercer ciclo del proceso revolucionario, es tiempo de que el poder popular acabe con esas viejas estructuras judiciales… es urgente.
Notas:
(1)http://www.tsj.gov.ve/decisiones/tplen/agosto/sentencia%20de%20los%20militares.htm
(*) navarroernestoj@gmail.com
