¿COMIENZO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD EN VENEZUELA?

En nuestro país ha sido tanta, pero tanta la impunidad; se han cometido tantas injusticias y tantos han sido los casos que esperan que se haga justicia alguna vez, que el venezolano de a pie perdió hace muchísimos años la confianza en los tribunales, en el sistema judicial, en la Fiscalía General de la República, en el Tribunal Supremo de Justicia, por eso todavía nuestro pueblo no sale de su asombro ante lo ocurrido en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Cuarto en Función de Juicio, del Estado Aragua, a cargo de la Jueza Maryori Calderón, conjuntamente con dos Escabinos, en representación del pueblo de Venezuela; donde se tomó la justa decisión contra un grupo de oficiales y policías golpistas asesinos, se dictaron las sentencias que se esperaban, a tono con la magnitud de los crímenes horrendos cometidos, crímenes de lesa humanidad cometidos por los inculpados, aun cuando, de esos mismos crímenes, falta juzgar unos cuantos responsables más, por ejemplo al periodista Alfredo Peña, jefe de los PM, oficiales incluidos cuando era Alcalde Mayor.

Ésta fue una sentencia, por lo demás, excesivamente retardada en el tiempo desde que transcurrieron los hechos del 11 de abril de 2002, es decir 7 largos años, en un juicio interminable; pero finalmente llegó la Justicia, sin los ojos tapados, mirando al frente del dolor de Venezuela y sus hijos por el tanto e infinito dolor causado por la oligarquía criolla y el imperialismo; sentencia apegada a derecho y sobretodo, lo más importante, justa, esperada por la mayoría de la comunidad nacional, que la aplaude porque se puede decir que es el comienzo de la esperanza de que, finalmente, se comience a hacer justicia de manera completa en este sufrido país.

30 años de condena para tres oficiales y tres policías rasos, por las desgarraduras cometidas a una nación, realmente resultan pocos, pero en Venezuela no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, de todas formas el golpe que sicológicamente ha significado esta decisión eminentemente judicial, que no política, es de alcances y dimensiones todavía impensables y de muy largo aliento, porque la justicia ha sido la acción más prostituida y miserable que se ha vivido en Venezuela en toda su historia republicana, de echo ha sido y es una mancha en estos 10 años de revolución bolivariana. Una justicia que no actúa, que le deja libre el camino al crimen, baste mencionar la oleada de asesinatos de líderes campesinos y luchadores populares por parte de sicarios, de paramilitares colombianos por órdenes de latifundistas y grandes empresarios de la agro industria. 300 vidas segadas injusta y pérfidamente porque se trata de impulsar una tímida y lenta reforma agraria y de hacer un poco de la necesaria y anhelada justicia a los que siempre han trabajado la tierra por parte del gobierno revolucionario. ¿Cuántos presos hay por esos crímenes, cuántos sentenciados? Ninguno, que se sepa. ¿Cuántos nuevos crímenes no ha estimulado ese dejar hacer, ese no aplicar la ley, que existe, está escrita y permite resultados como el que acaba de ocurrir en el tribunal de Maracay?

Uno de los hechos políticos más abominables desde todo punto de vista en el siglo XXI venezolano lo ha constituido, sin dudas, el golpe del 11 de abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez, impulsado por la Embajada de los Estados Unidos de Norte América, el gobierno de Bush, el empresariado fascista de Fedecámaras, la CTV, la ex meritocracia de Pdvsa, el gobierno del fascista español Aznar, el gobierno del sátrapa colombiano Uribe, el gobierno sionista israelí a través de sus agentes de mosad, el gobierno de El Salvador; los partido AD, Copei, PV, Primero Justicia, Bandera Roja, MAS, Súmate; Globoterror, Venenovisión, Canal 10, El Nazional, El Universal, El Viejo País, 2001, traidores de siempre como Luis Miquilena, el gobernador de Miranda Enrique Mendoza, el gobernador del Zulia Manuel Rosales, los alcaldes fascistas Capriles Radonski y Leopoldo López; la cúpula de la Iglesia Católica encabezada por cardenales y monseñores y, por supuesto, la pléyade de generales traidores que le vendieron su alma al diablo.

Allí están los autores intelectuales de aquella terrible masacre que incluyó a venezolanos del lado del proyecto bolivariano y del lado de las fuerzas de la derecha, asesinados unos y otros por los mismo asesinos golpistas, por los mismos policías, por los franco tiradores; esos criminales que debieron ir presos después del 13 de abril y que, para sorpresa de todos, pasaron agachados, no fueron tocados por la justicia en lo más mínimo y se sintieron –y se sienten– con fuerzas para seguir conspirando y hacer tan terrible daño.

¿Y qué hizo una mayoría circunstancial de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?

Hacer un dictamen absurdo, monstruoso, insólito, negar que hubo un golpe de Estado el 11 de abril y justificar la acción de los militares golpistas aduciendo que actuaron porque había un vacío de poder y su conducta estaba preñada de buenas intenciones. ¿Se puede concebir mayor monstruosidad y aberración jurídica?

Pero al lado de tamaño exabrupto estaba la ofensiva mediática, un Globoterror envalentonado y unos medios que no habían aprendido la lección, no entendieron la magnanimidad y el perdón que dio Chávez al regresar de la Orchila donde lo confinaron los militares golpistas y fue mandado a asesinar por Carmona Estanga. Si hubiesen aprendido la lección, no sólo la generosidad del presidente sino la del pueblo que si se lo hubiese propuesto arrasa con violencia con todo el poder burgués, ¿no se lanzaron en diciembre del mismo año 2002 a la más absurda, torpe y criminal huelga petrolera, terrorista que duró más de dos meses y hundió la economía y le hizo un daño mortal a Venezuela, al pueblo, su gente incluida, que fue privado de gasolina, comida, navidad, ahorros (corralito financiero), pelota, diversiones, derecho al estudio, a la salud y a la vida incluso?

No vinieron después las guarimbas creadas, entre otros, por un desquiciado mental de origen cubano, Rober Alonso, de aquella generación de desarraigados que durante la Operación Peter Pan fue enviado por sus padres, muy niño aún a Miami, porque Fidel Castro y los comunistas o les iban a quitar la patria potestad, se iban a comer los niños o los iban a enviar para Rusia. ¿No se parecía el Este de Caracas a la Roma de Nerón con fogatas e incendios por todas partes, por las desquiciadas guarimbas que les hizo un daño terrible a la misma gente de la clase media caraqueña? ¿Después no trajeron a casi doscientos paramilitares, alojados en la hacienda Daktari, por cierto propiedad del mismo Robert Alonso, para producir, vestidos de militares venezolanos, una conmoción militar, intentar asesinar al presidente y propiciar una intervención extranjera?

¿Cuántos presos hay por toda esa cadena de hechos y sucesos? ¿Qué ha hecho la justicia venezolana para detener la escalada golpista y evitarle sufrimientos al país y descalabros a la economía nacional? ¿El propio presidente de la República no decretó el pasado año una amnistía para muchos de los que participaron en el golpe del 11 de abril, que amnistiados y todo volvieron a reincidir y ya andan en nuevas andadas o nunca han dejado de participar en ellas?

Pero volviendo al tema de las condenas dictadas por la jueza, hay que señalar que gracias al esfuerzo y a la lucha de los familiares de los mártires de Puente Yaguno, a los afectados directamente en aquellos sucesos, a los abnegados abogados y abogadas que no cejaron en todos estos años en su lucha porque se hiciera justicia y los pocos policías presos fuesen sancionados con todo el peso de la ley, que pagasen, al menos ellos, por los crímenes cometidos el 11 y 12 de abril. Si finalmente, como en efecto ocurrió, eran condenados, el camino para continuar luchando porque se continuara haciendo justicia está abierto. Sólo el pueblo salva al pueblo, esa máxima se cumplió en este caso, hombro con hombro, luchando contra los prejuicios, la adversidad, la brutal campaña mediática de la burguesía y los malditos medios de comunicación de los oligarcas, que se empeñaban –y empeñan– en mantener la mentira de “los pistoleros de Puente Yaguno” y otros clichés inventados para justificar aquella barbarie del 11 de abril.

Porque la justicia que tímidamente asomó su cabeza en Maracay está acompañada de un pueblo que va, por encima de todo y de quien sea, a luchar porque se haga total justicia con los asesinados de Puente Yaguno y la Avenida Baralt, pero también que se haga justicia con todos los crímenes del 2002 a hoy. Los golpistas, empresarios o líderes políticos, los ex militares, los sicarios, los mercenarios, los paramilitares tienen que pagar su cadena de crímenes, de los daños irreparables que han cometido al país.

Llegó el momento de movilizarse en pos de que en Venezuela se haga justicia y se acabe la impunidad, para ello hay que seguir, entre otros, los caminos transitados por la asociación de víctimas de Puente Llaguno, aprender de su organización; buscar abogados de las talla de esos hombres y mujeres que dignifican el ejercicio del derecho, profesión prostituida y reducida a niveles de abyecta, mercenaria y lucrativa actividad.

Hau que ir, en esta lucha, mucho más atrás, a la década del 60, del 70, del 80 y 90 donde murieron infinidad de luchadores venezolanos, quedaron mutilados, afectados emocionalmente por las torturas y sus torturadores, o los jefes de los torturadores, se pasean por las calles de Venezuela tan campantes, como si no hubiesen tirado un tiro. ¡No a la impunidad, a la desmemoria y al olvido de los crímenes de la Cuarta República!

Llegó la hora de luchar por un sistema de justicia decente, de jueces idóneos, a la altura de la Jueza Maryori Calderón y no de las juezas mercenarias que en Zulia fueron descubiertas negociando el juicio del pillo Manuel Rosales para lograr su absolución. El sistema judicial debe ser estremecido por la presión popular y su sed de justicia, depurarlo, expulsar de su seno los jueces y las juezas venales, corruptas y corruptos, mercenarios; sensibilizar, humanizar la acción justiciera, porque de seguir así otra va a ser la forma de actuar de nuestro pueblo. Igual debe acontecer con la Fiscalía General de la República, plagada de abogados y fiscales enemigos de la justicia, que actúan permanentemente de manera política y al servicio de la derecha, que dejan acumular cientos y cientos de casos, sin actuar en la búsqueda primaria de la justicia. Una Fiscalía con una mayoría de fiscales enemigos del actual proceso de cambios y de espalda al país no le sirve al pueblo. Un ente no adecuado a las realidades y exigencias de la Venezuela nueva.

El juicio de Maracay a los policías golpistas y asesinos del 11 de abril de 2002 abrió las espitas, las compuertas de las ansias libertarias y justicieras de nuestro pueblo, ¡por fin se comenzó a hacer justicia! Ya la jauría fascista y reaccionaria lanzan sus aullidos de fieras heridas; cínicos, hipócritas, fariseos. Victimizan a los policías victimarios, ahora si tienen esposas, madres, hijos e hijas; la condena fue excesiva, señalan unos; los familiares y los abogados amenazan de muerte a la Jueza, a los Escabinos, a los abogados defensores de los asesinados; la cloaca de Globoterror y los otros medios radiales y escritos, lanzan su cerco mediático pretendiendo hacer ver que las pruebas presentadas contra el criminal Simonovich, Forero y compañía eran irrelevantes, insustanciales; tratan de crear una matriz de opinión que deslegitime la acción de la justicia producida en Maracay, ¡y se les debe dar respuesta ya y de manera contundente! Una ofensiva mediática sostenida de la prensa alternativa y comunitaria radial e impresa, a través de VTV, Vive, Catia Tve, Tevés que saque a relucir todo el arsenal de pruebas y verdades presentadas durante el largo juicio. ¡Es la hora de la justicia! ¡Es la hora de los hornos! ¡Es la hora de la dignidad y de que el golpismo y la subversión criolla paguen sus incontables crímenes y atropellos contra el pueblo venezolano. (06-04-09) (humbertocaracola@gmail.com)

Lista de algunos golpistas a quienes falta por aplicarles la ley y que se haga justicia:

Pedro Carmona. (Presidente Fedecámaras, golpista, usurpador). Carlos Ortega (Jefe de CTV, golpista, incitador al enfrentamiento entre venezolanos). Carlos Fernández (Presidente de Fedecámaras, dirigente del paro petrolero). Juan Fernández (golpista, terrorista de Pdvsa, dirigente del paro petrolero). Gral. Guaicaipuro Lameda (golpista, dirigió la marcha contra Miraflores). Manuel Molina Tamayo (Militar golpista, dirigió la marcha contra Miraflores). Leopoldo López (golpista, guarimbero, persecutor de revolucionarios, ladrón). Alfredo Peña (ex Alcalde Mayor, asesino intelectual del 11 de abril, Jefe de la PM). Enrique Capriles Radonski (golpista, asaltante de la Embajada de Cuba, guarimbero). Alberto Federico Ravel (golpista, conspirador, terrorista mediatico)
*.- Marcel Granier (golpista, conspirador, terrorista mediático). Miguel Dao (ex Director Cicpc, golpista, conspirador, asesino de revolucionarios). Gral. Efraín Vásquez Velazco (Golpista, dirigente del golpe del 11 de abril). Gral. Rosendo (Traidor, golpista, loadrón)
*.- Teodoro Petkoff (difamador, golpista, traidor a la clase obrera). Pablo Medina (traidor de la izquierda, golpista, conspirador, guarimbero, dirigió bandas armadas el 11 de abril). Baltazar Porras (golpista, conspirador, inquisidor, traidor de la Iglesia de los pobres). Luis Miquilena (Judas traidor, golpista). Orlando Urdaneta (incitador público al magnicidio de Presidente Chávez). Gral. Néstor Gonzáles Gonzáles (estratega del golpe del 11 de abril). Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez (golpista). El turco Mezerhane ( Financista-golpista, asesino intelectual de Danilo Anderson ). Leonardo Carvajal (golpista, seudo educador, conspirador a tiempo completo). Napoleón Bravo (conspirador, terrorista mediático, mentiroso consuetudinario). Enrique Mendoza. (exgobernador golpista, asaltante de VTV). Antonio Ledezma (golpista, conspirador, represor de estudiantes cuando fue gobernador, organizador de grupos paramilitares). Enrique Salas Römer (exgobernador, golpista, conspirador). Enrique Salas Feo (gobernador golpista, conspirador, encubridor de Manuel Rosales). Manuel Rosales (exgobernador golpista, ladrón de los dineros públicos).