La pasada semana la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó al Fiscal General Militar, general Ernesto Cedeño, todas las actuaciones sobre los expedientes del caso de la masacre de Cantaura (Estado Anzoátegui).
Los venezolanos recordamos con tristeza y frustración aquel 4 de octubre de 1982 cuando aviones Canberra y Bronco de la Fuerza Aérea Venezolana, además de efectivos de la Fuerza Armada Nacional y de la Disip procedieron a atacar un campamento donde se reunía un grupo de jóvenes integrantes del Frente Américo Silva del partido Bandera Roja, en las adyacencias de Cantaura, acabando con la vida de hombres y mujeres en su plena juventud y dedicados a la lucha contra las políticas fascistas del gobierno de la época, pero en cuya reunión presuntamente se planteaba acogerse a la política de pacificación propuesta por el gobierno.
En años posteriores se pudo conocer que esta “operación” fue no con el fin de atacar uno de los pocos focos guerrilleros que quedaban en el país, sino exterminarlos, prueba de ello es que, de los 23 cadáveres, 14 presentaban tiros en la boca o en la nuca, lo que indica que los mataron a quema ropa, ya entregados.
En aquel entonces gobernaba la nación Luís Herrera Campins, quien estimamos le mando a echar tierrita al caso, y hasta la fecha los familiares siguen clamando por justicia.
Con la información dada por la actual Fiscal General de la República podemos ver una pequeña luz al final del túnel.
Durante estos casi 27 años se ha obviado el asunto y se ha ocultado la verdad de aquellos hechos y ha impedido que no sólo se conozca a fondo lo sucedido, sino que se haga justicia, se den a conocer los autores intelectuales del atentado y se apresen a todos los involucrados, incluso fiscales y jueces del caso.
En Cantaura pasó algo semejante a lo de la muerte del guerrillero colombiano Raúl Reyes y sus demás compañeros de lucha, donde solo se salvaron las computadoras, pero a diferencia de los guerrilleros nuestros estaban completamente activos en sus luchas y no pensando acogerse a la pacificación como lo pensaban hacer los compatriotas de Cantaura y muchos otros revolucionarios venezolanos en la época que se acogieron a tal propuesta y se dedicaron algunos de ellos a la actividad política.
Esperamos que antes de que esta masacre cumpla 27 años se activen eficientemente los organismos de seguridad del estado y el poder judicial para que los familiares de esos compatriotas puedan suspirar y decir “al fin se hizo justicia”, y los espíritus de esos combatientes puedan descansar en paz viendo a sus victimarios enjuiciados y encarcelados.
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