La justicia norteamericana acaba de demostrar su incongruencia y parcialidad con la reciente liberación en el día de ayer, 21 de octubre, de un conocido terrorista, Santiago Álvarez Fernández Magriñá, luego de que éste purgara una irrisoria condena por un cargo que entrañaba una alta peligrosidad y una larga condena para cualquier otro transgresor de la ley: disponer de un cuantioso arsenal de armas, destinado a agredir a una nación no enemiga, en franca violación de la Ley de Neutralidad del 25 de junio de 1948, aún vigente. Otro cargo que ha pesado sobre él fue el de negarse a prestar declaración en el proceso migratorio que se le sigue a su cómplice de fechorías, Luis Posada Carriles, en El Paso, Texas, lo que constituye un condenable desacato ante un Juez de Inmigración.

Santiago Álvarez Fernández- Magriñá, quien por obra y gracia de las alianzas entre terroristas, hermanados ideológicamente y por una cruel competitividad basada en acumular la mayor cantidad de crímenes, inició su carrera de violencia desde muy temprano, tal como lo hizo su protegido Luis Posada Carriles. No tuvo reparo alguno en atacar al buque soviético Bakú mientras éste transportaba mercancías para la Isla; tampoco le sonrojó disparar sus armas de muerte contra poblados costeros en la zona sur de Cuba, tales como Cienfuegos y Trinidad. Fue, sin mostrar un poco de piedad, uno de los ejecutores contra el caserío de Boca de Samá, en Holguín, el 12 de octubre de 1971. Formado por la CIA, emparentado con la FNCA, enriquecido con negocios cuestionables y asentado con relativo prestigio ante sus congéneres de Miami, Álvarez se destacó por su odio acérrimo a la Revolución y su preferencia por la realización de actos terroristas en gran escala.

Refugiado en los Estados Unidos, protegido por sus autoridades y por la confabulación entre sus socios poderosos de Miami, se alió a la FNCA para acrecentar su criminal prontuario. Sabía que para descollar allí era necesario vincularse a aquellos bien apuntalados dentro de las esferas de poder local, asociados a las autoridades policiales y federales y, a qué negarlo, hizo un buen uso adecuado de estas influencias para moverse alrededor de la línea evidente de la impunidad. Su plan estrella, elaborado con la FNCA y Luis Posada Carriles, fue el intento de asesinato del Comandante Jefe en Panamá en noviembre del 2000, durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

Para la realización del magnicidio, Santiago Álvarez se entrevistó en varias oportunidades con Posada Carriles en Centroamérica y en una de las visitas que éste hiciera a los Estados Unidos. Ya estaba previsto por los complotados como se ejecutaría el atentado: mediante la colocación una poderosa bomba en el Paraninfo de la Universidad de Panamá o en otro lugar al que visitara Fidel. Los ejecutores directos serían el propio Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Crispín Remón. Para ejecutarlo, contaron con miembros de la célula terrorista centroamericana desplegados en Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y el Salvador.

Al ser capturados los implicados en noviembre del 2000, Santiago Alvarez iniciaría una poderosa campaña para adquirir fondos para su defensa. Hizo múltiples esfuerzos para lograr su liberación movido más por evitar verse complicado en el complot que por una natural solidaridad. Fueron entonces varias las ocasiones en que se le vio moviéndose entre Panamá y Miami, visitando a los detenidos en los inicios del proceso judicial que se seguía contra estos, hasta que las denuncias cubanas a la INTERPOL lo aconsejaron a no acudir más a la nación istmeña.

Las autoridades cubanas conocen sobradamente que fue él, junto a Alfredo Domingo Otero y otros jerarcas de la Fundación, quien organizó el tercer intento conocido contra el famoso cabaret habanero Tropicana. Para ello, envió a Cuba a un team de infiltración integrado por Ihosvany Suris de la Torre, Máximo Pradera y Santiago Padrón, vinculados algunos a los terroristas de Comandos F 4 y otros a Alpha 66, cuyo propósito fue, además del plan contra el mencionado cabaret, el asesinato de Fidel Castro, según lo confesaría en el 2005 uno de sus socios nombrado José Hilario Pujos, quien lo acompañaría mucho después en la aventura de EL Santrina.

La captura de estos terroristas y la ulterior apertura del Expediente Nº 10 del año 2001 del Órgano de Instrucción del Departamento de Seguridad del Estado de la República de Cuba, así como la presentación televisiva de los mismos, permitió comprobar que Santiago Álvarez fue uno de los organizadores de este hecho terrorista, ejecutado el 26 de abril de 2001 y cuyos daños para Cuba serían incalculables.

Unos días antes de la infiltración, el sábado 10 de marzo del 2001, Santiago Álvarez y Ihosvany Suris de la Torre, se presentaron en un evento de venta de armas, permitido en la Florida, ubicado en el Centro de Convenciones de Coconut Grove, ubicado en 2700 South, Bay Shore Drive, en Miami. Allí adquirieron, sin dificultad, en el puesto de venta de Miami Police Supply, ocho fusiles AK-47, ocho pistolas Makarov y una cuantiosa cantidad de municiones para estas armas.

Mientras se entretejían los pormenores de este nuevo plan, el agente especial Héctor Pesquera y sus socios del FBI en Miami, se hicieron de la vista gorda ante esta abultada compra de pertrechos de guerra realizada por un reconocido terrorista, pues estaban entretenidos con sus socios de la FNCA, la fiscalía y los representantes de la Florida ante el Congreso, en preparar las acusaciones contra los Cinco e endilgarles bochornosas e inmerecidas sanciones.

Ihosvani Suris de la Torre recogió las armas compradas doce días después y se las entregó a Santiago Álvarez frente a una cafetería de situada en la esquina de la 135 Street y la 5th. Avenue, en el North West de Miami. El complot parecía marchar sobre ruedas sin dificultad alguna. Luego realizarían otras compras de diversos equipamientos tales como uniformes, botas, hachas, cuchillos y otras municiones.

Todo este arsenal de guerra adquirido en Miami con total impunidad, fue capturado en la tarde de del 26 de abril de 2001 por las tropas guardafonteras que detectaron y neutralizaron la infiltración. Además de las armas mencionadas, fueron decomisados una subametralladora M-3 con silenciador, visores nocturnos y otros medios de guerra.

Entre el los años 2000 y 2005, Santiago Álvarez realizaría incontables esfuerzos por lograr la excarcelación de Posada Carriles y sus socios. Llegó a realizar la famosa cena del Renaissance Ball de West Miami, a cien dólares el cubierto, a la que asistieron Pepe Hernández, Ninoska Pérez Castellón, Luis Zúñiga Rey y muchos terroristas más.

Paralelamente a la recaudación de fondos para el sostén de los terroristas en prisión y para pagar las grandes sumas de dinero reclamadas por los abogados de la defensa, entre los que se encontraban el narco leguleyo Rogelio Cruz y el terrorista Joaquín Chaffardet, Santiago Álvarez se involucró en diferentes planes para liberar a los detenidos de la prisión El Renacer. Inicialmente se pensó excarcelarlos mediante una fuga de su vulnerable encarcelamiento mediante el pago de sobornos o logrando ésta durante sus internamientos en los hospitales de San Fernando y Santo Tomás. Sin embargo, las denuncias de las autoridades cubanas los hicieron desistir de sus planes.

A partir de ese momento se inició una gran conspiración que involucraría al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al Departamento de Seguridad de la Patria norteamericano, a los servicios especiales de ese país como la CIA y el FBI, a los gobiernos de Panamá y Honduras, a algunas autoridades mejicanas, a congresistas como Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros Lehtinen, así como a la FNCA y a las autoridades del condado de Miami Dade.

Esta conspiración se desarrolló en dos etapas. La primera se originó con el indulto anti constitucional de los terroristas por parte de la ex presidenta Mireya Moscoso y su ulterior traslado a Miami, en unos casos, y hacia Honduras en el caso de Posada Carriles. La segunda parte comprendía el ingreso del terrorista en un periplo que contemplaba su traslado desde Honduras, Belice e Islas Mujeres, en México y su posterior recogida por El Santrina.

Esta embarcación, cuyo dueño es Santiago Álvarez, partió del puerto de Miami el 8 de marzo del 2005 y luego de pasar por las Bahamas, arribó a Islas mujeres el día 14 de del mismo mes. Luego, al día siguiente, embarcaría con un pasajero más. La tripulación compuesta por el propio Santiago Álvarez, José Hilario Pujol y los “marineros” José y Rubén López Castro, Gilberto Abascal y Osvaldo Mitat, se incrementaría de forma solapada con Luis Posada Carriles.

Los hechos posteriores son harto conocidos, aunque el gobierno norteamericano trató de echar una cortina de humo sobre los mismos. Posada Carriles ingresó a Miami con la anuencia de sus autoridades.

Días después, el primero de abril de 2005, se dieron a conocer unas declaraciones del Canal 42-América TV, que señalaban que Luis Posada Carriles se encontraba en Miami, bajo el amparo de varios amigos.

El abogado Eduardo Soto, contratado por Santiago Álvarez, declaró el 11 de abril, al Nuevo Herald, que su cliente, Luis Posada Carriles, pensaba pedir asilo político en Estados Unidos y un parolee, para poder vivir en ese país sin temor a la extradición.

Dos días después, el 13 de abril de 2005, Eduardo Soto presentó la solicitud de asilo para Luis Posada Carriles al Departamento de Seguridad. Ya el gobierno norteamericano no podía escamotear una verdad a voces: Posada Carriles estaba oculto en algún lugar de Miami.

Con desfachatez y sacándolo de las sombras, Santiago Álvarez presentó a su socio de correrías en una conferencia de prensa el 17 de mayo de 2005. A las 11.40 de la mañana, Posada Carriles comenzó la conferencia de prensa ante una docena de periodistas en un almacén del North West de Miami. Casi dos horas después, sobre la una y media de la tarde, fue detenido por agentes del Departamento de la Seguridad de la Patria (DHS) en un operativo mediático.

Las mentiras de Posada Carriles ante la corte de inmigración de El Paso, Texas, pusieron en evidencia la participación de Santiago Álvarez en su ingreso ilegal a territorio norteamericano. Mientras continúa apoyando abiertamente al detenido socio de correrías, es investigado por las autoridades federales durante varios meses de 2005.

El 18 de noviembre de 2005 fue allanada su oficina de la Caribe Foundation, en Hialeah, por agentes del FBI, en busca de documentos que lo implicaran con el ingreso de Posada Carriles a Estados Unidos. La presencia de una innumerable cantidad de armas en su centro laboral, así como en otros lugares, conllevó a su inmediata detención. Junto al alijo, el FBI encontró un pasaporte guatemalteco a nombre de Manuel Enrique Castillo López con la foto de Posada. Esta sería una poderosa prueba inculpatoria contra él, quien siempre había negado su participación en el ingreso ilegal de Posada Carriles en Estados Unidos.

La Fiscalía Federal de los Estados Unidos inició el proceso contra Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat ante la sala presidida por el juez James Cohn, en el tribunal de Fort Lauderdale. De inmediato, el 2 de diciembre de ese año, su abogado abogó porque el juicio se celebrara en Miami, evitando, según él, se aumentara la posibilidad de que un jurado lo condenara.

Lo absurdo de esta petición de la defensa es que el propio Kendall Coffey abogaba en este caso por el cambio de sede hacia Miami, reconociendo tácitamente que solo allí podría hacerse un proceso justo a su cliente. La fiscalía se opuso, el 6 de diciembre, argumentando que Miami es una ciudad intoxicada por los prejuicios anticubanos. No se pensó así, por supuesto, cuando el propio Coffey, ex fiscal en el juicio de los Cinco, argumentó que en Miami podrían recibir un juicio justo.

Luego de varias demoras legales de la defensa de Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, con la pretensión de obtener un cambio de sede, el juicio quedó señalado para el 8 de mayo del 2006, el tribunal federal de Fort Lauderdale.

El juez James I. Cohn, emitió una orden sellada el 21 de enero de 2006, mediante la cual ordenaba un desarrollo del caso sin divulgación ni acceso público. Una apelación de los abogados de la defensa al 11 Circuito de Apelaciones de Atlanta para trasladar la sede a Miami, fue desestimada por los jueces el 14 de abril de 2006.

Además de seis cargos por posesión ilegal de armas, la Fiscalía reconoció el 27 de abril de 2006 la participación de ambos acusados en el operativo para introducir ilegalmente en Miami, en el barco “Santrina”. Sin embargo, una nueva maniobra dilatoria hizo que el juicio se pospusiera hasta el 15 de mayo.

Ante la solicitud de la fiscalía para que Posada Carriles asistiera como testigo al juicio contra Álvarez y Mitat, su abogado presentó una moción legal planteando que el terrorista se “niega respetuosamente” a declarar en el mismo y, llegaría incluso a invocar la Quinta Enmienda de la Constitución para evitar hacerlo.

Mientras el testigo principal de la fiscalía en el juicio versus Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat fue baleado por desconocidos en una carretera al noroeste de Miami Dade, el juicio fue nuevamente remitido hasta el 11 de septiembre de 2006. Más adelante se colocaría una bomba en su automóvil.

El 6 de septiembre de 2006, Lincoln Díaz-Balart dio un público espaldarazo a Álvarez y a Mitat cundo declaró al Canal 41 de Miami que siente profundo respeto y afecto por ellos, y que él y los republicanos Mario Díaz-Balart e Ileana Ros- Lehtinen están realizando gestiones para lograr su excarcelación.

En una nueva maniobra por viciar el juicio, los defensores trataron de incluir en el jurado a residentes en Miami, a lo que el juez James I. Cohn se opuso el 5 de septiembre de 2006.

Finalmente, fueron encontrados culpables del delito de conspiración para poseer un arsenal de armas de guerra, con lo que evadía el delito de posesión. La irrisoria sanción de cuatro años de cárcel para Santiago Álvarez y de tres para Mitat, Una vez más se burló a la justicia por quienes deben impartirla en Los Estados Unidos. Para colmo, el 6 de junio de 2007 el juez Cohn reduciría la condena a Álvarez y a su compinche en 16 meses para el cabecilla y en 13 meses para Osvaldo Mitat. La benevolencia del juez excedió a la propia petición fiscal de disminución de pena, a causa de un burdo arreglo entre los fiscales y la mafia de Miami que se logró cuando fueron entregados al gobierno 90,7 kilogramos de dinamita, 6,3 kilos de explosivos plásticos tipo C-4, treinta pistolas automáticas o semiautomáticas, un lanzagranadas y granadas, y 1.219 metros (4.000 pies) de cordel para detonación.

Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat fueron acusados enero de 2007 al negarse en el proceso contra Posada Carriles en El Paso, Texas. Sin embargo ambos se declararon inocentes del cargo de desacato el 6 de enero de 2007.

Santiago Álvarez, el protector de Luis Posada Carriles, acaba de cumplir la irrisoria condena que recibió. Una vez más la justicia yanqui amparó a los terroristas de origen cubano, demostrando el doble rasero de su interpretación de la lucha contra el terrorismo. Este absurdo procedimiento evidencia que no se puede esperar mucho de los procesos que se siguen contra Posada en El Paso, Texas, y el juicio congelado de New Jersey.

Esta absurda manera de emplear a la justicia como instrumento de la política, en beneficio de terroristas confesos, no aplica el mismo rasero con luchadores honestos que enfrentan al terrorismo. Los Cinco recibieron abultadas e injustas condenas por combatirlos como infame premio a su lucha heroica y consecuente. Tres de ellos, en lugar del perdón presidencial reclamado por el mundo entero, se enfrentan a re sentencias que todavía siguen siendo injustas.

Un terrorista como Santiago Álvarez, que en correspondencia con las leyes norteamericanas debía ser extraditado a su país de origen, Cuba, por no ser ciudadano estadounidense, se mantendrá viviendo en los Estados Unidos, aún cuando desde noviembre estaba detenido en una cárcel de inmigración en Georgia con vistas a ser deportado. Las influencias de sus cómplices han jugado, otra vez, su deshonesto papel.


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