Con motivo de la corrupción y podredumbre del poder judicial y en especifico de la administración de justicia penal, estoy cansado de escribir y desde un tiempo para acá me he dedicado a temas de economía política, a pesar de ser abogado y estudioso del derecho, puesto que todas las criticas y observaciones que he hecho, han sido gritos en el desierto y aradas en el mar; y me dije a mi mismo, lo que mal anda mal acaba, y algún día ese bodrio explotará e implosionará porque lo que mal anda, mal acaba, y algo que van tan mal, no puede terminar en fiesta sino en vil desgracia.

No es que la jueza Afiuni sea un caso aislado, el pequeño problema de ella, es que se atravesó, estaba en el sitio y en el momento equivocado; dio una decisión, tal y cual como ella y centenares de jueces en este país de impunidades, la han dado, pero con casos “no mediáticos”. En este país la impunidad campea a borbotones y policías, fiscales y jueces “sueltan choros”, engavetan investigaciones o simplemente miran para otro lado, al menos que sea un caso con incidencia política, en donde actúan a la conveniencia de este, porque tenemos un poder judicial de derecha y conservador, cuya cúpula aprendió de Franklin Arriechi (El de la sentencia indigna y bochornosa de “los generales preñados de buenas intenciones”), a no cazar peleas con el (Alto) gobierno, a ser sumiso frente a él, con el fin de que este lo dejara libre para hacer y deshacer dentro de la administración de justicia, y la Fiscalía también.

Pero ni quiero profundizar en este tema y ni quiero dar nombres, ni detalles (Ni los voy a dar), el objetivo de este artículo es apoyar con todo el vigor posible, la propuesta hecha por la camarada Ana María Camino Nuez, quien se identificó como patrullera (PSUV) y militante revolucionaria, y su artículo de opinión se intitula “A propósito de la Corrupción en el Poder Judicial”, aparecido en el site de “aporrea.org”, el domingo 13 de diciembre, próximo pasado.

En el mencionado artículo Ana María, después de hacer un análisis marxista, desde la óptica de clase, del poder judicial acertado, hace una propuesta ingeniosa y que considero, es la solución al problema de la administración de justicia burguesa que tenemos, cual es implementar los tribunales populares; pero estos tribunales populares, en una hipotética transición, tendrían la competencia de las parroquias (Hasta que se consoliden las comunas, dijo), y serian integrados por jueces ciudadanos, escogidos por la voluntad popular, con participación de abogados y otras instituciones.

En verdad, aparte de que apoyo la propuesta de Ana María de los tribunales populares con participación de ciudadanos y ciudadanas, en la administración de justicia, y que en una primera etapa tengan el ámbito parroquial, hasta la consolidación del poder comunal, para una vez consolidados estos, sean “Tribunales Comunales” (Nombre que pudieran adquirir, ya); apoyo, la propuesta, repito; y la amplio de la siguiente manera para que sea más digerible por una burocracia burguesa (Aunque se disfrace de roja, rojita), enquistada en el poder judicial.

Propongo que sea reformado el código penal y los códigos procesales, tanto el vetusto código procesal civil, ley orgánica procesal del trabajo y el tantas veces reformado código orgánico procesal penal, para establecer los siguientes procesos. En la materia penal; dividir la jurisdicción en procesos para delitos mayores (Penas superiores a 10 años) y cuantía superior a Bs. 40.000, y los que sean menor a estos montos (Delitos comunales), le correspondería ser enjuiciados por los tribunales comunales o populares; a los que se refirió Ana María.

En la materia civil, así como del trabajo, agrario, contenciosos administrativo, transito, etc.; los juicios cuya cuantía sea inferior a Bs. 40.000, le correspondería, los tribunales populares o comunales civiles, agrario, laboral, administrativo, transito, etc.

Los tribunales populares, estarán dirigidos por jueces profesionales, egresados del PFG de Estudios Jurídicos de la UBV, y estarían integrados por jurados, escogidos por ciudadanos y ciudadanas habitantes de las comunas (O parroquias), debidamente inscritos en el CNE; igualmente tendrían una fiscalía popular o comunal y una defensoría tanto penal como civil, para la defensa del vecino que no tuviese como costearse un abogado privado.

Por supuesto se crearía una policía especial, la cual ya existe, que sería la policía comunitaria dependiente de la policía nacional, para estos tribunales populares o comunales e igualmente un cuerpo técnico que incluiría no solo la parte criminal sino la parte civil, en lo referente a contabilidad forense, avalúo de bienes, corrección monetaria, calculo de prestaciones, médicos legistas, etc.; igualmente, esta jurisdicción tendría sus depositarias de bienes, estacionamientos propios y cárceles comunitarias y sistema de seguimiento y control de pena. Estos tribunales populares incluirían la especulación y acaparamiento de bienes por parte de comerciantes inescrupulosos y otros delitos municipales como echar aguas blancas o servidas a la calle, la contaminación sónica, la apropiación de los espacios comunes, transporte público, vivienda popular, banca popular, derecho comunitario (Cooperativas y consejos comunales), convivencia comunal, venta de licores y drogas al menudeo, transporte publico, etc.

La idea es crear una justicia comunal que resuelva problemas a las bases populares, no solo de la delincuencia común, sino también de una delincuencia de cierto nivel como los comerciantes especuladores y acaparadores y funcionarios públicos faltones, incumplidores y no transparentes, ya que los tribunales populares tendrán la potestad de enjuiciar a funcionarios públicos que no rinden cuentas, que no escuchan al pueblo y que no son transparentes.

Igualmente tendrían la potestad de dirimir las controversias entre cooperativistas y consejos comunales (Reparto de utilidades y rendición de cuentas de los socios, revocatorias de juntas directivas o vocerías, etc.)

El proceso comunitario será oral y público, con sistemas de jurados y tendrán una fase sumarial, de arreglos o acuerdos o de reconocimiento de hechos, que concluirá en la audiencia previa al juicio o preliminar.

Quien esto escribe está dispuesto a conformar cualquier comisión que al respecto se quiera crear, oficialmente, a fin de acabar esta idea genial, de la camarada Ana María, para rendir un informe. La idea es acabar con el derecho burgués que le imprimen los egresados de las facultades de derecho de las universidades supuestamente autónomas a nuestra administración de justicia.


franciscosierracorrales@yahoo.com.ar