Denuncian que ya han muerto de inanición y sed 14.000 (14 mil) indígenas, especialmente niños y personas mayores. Incluimos al final de la nota, parte del documental “El río que nos robaron” del periodista colombiano Gonzalo Guillén. El documental será utilizado como prueba documental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. MM
Exterminan en silencio a la mayor nación indígena de Colombia
El río madre fue privatizado para el servicio de la industria agrícola y la explotación del carbón
Como los medios de comunicación corporativos tienen sus prioridades informativas bien definidas y orientadas, especialmente contra Cuba, Venezuela u otros países que no se subordinan a Occidente; usted no sabrá que la nación indígena Wayúu [1], la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed porque el río madre de la región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón -a cielo abierto- más grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará, seguramente, la denuncia que esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, de la OEA, con sede en Washington, por la violación de sus derechos vitales fundamentales.
Los datos que existen del crimen que se comete contra la etnia Wayúu no son precisos, informa la web lasdosorillas.com. Según esta fuente, en el extenso territorio que ocupan en el extremo Norte del país sudamericano, la nación de origen prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En cualquier caso, según Armando Valbuena, autoridad tradicional Wayúu, unos 14 mil niños de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene.
A todo esto hay que agregar que la escasa ayuda del gobierno colombiano a los Wayúu, no llega a los indígenas. El caso del Programa de Alimentación y Nutrición, en el que se invierten más 15 millones de dólares, es un ejemplo. Buena parte de ese dinero – denuncian los voceros de los Wayúu, Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana- se queda en redes de corrupción y termina siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos. Téngase en cuenta, además, que La Guajira posee una población de 500 mil habitantes y ha recibido, durante los últimos 20 años, más de mil millones de dólares por la extracción de sus recursos naturales (carbón y gas), además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. Pero ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales.
En medio de ese panorama, en febrero de este año cinco autoridades tradicionales indígenas, a través de su representante legal Javier Rojas Uriana, solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictase medidas cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso del único río que poseen para detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La acción pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada en la represa El Cercado.
Según la abogada Sáchica Moreno, del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá, el agua del río, un bien público, fue privatizado y la primera consecuencia de ello es el proceso de exterminio en que se encuentra esta etnia colombiana, sumida en la miseria y el abandono.
La cruda realidad para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón de Cerrejón.
De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.
Por otra parte, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera inmediata las tomas de agua de La Guajira que Cerrejón obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta que una evaluación técnica idónea e imparcial determine si, después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y a la explotación de las minas.
Finalmente, del conjunto de pruebas judiciales que serán presentadas a la Comisión se destaca el documental inédito que acaba de terminar el periodista colombiano Gonzalo Guillén, “El río que se robaron”, donde se testimonian los hechos denunciados a través de imágenes sobrecogedoras de La Guajira y declaraciones de los protagonistas.
[1] El Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez tuvo linaje Wayúu por parte de madre y la influencia de esa cultura está presente en una buena parte de su obra.
Fuente: Radio Macondo