El jueves 14 del mes en curso, el hacendado Guillermo Vargas acompañado de 30 sicarios fuertemente armados llegaron a la comunidad Yukpa Chaktapa a matar al dirigente indígena Sabino Romero Izarra, para de esta manera poner fin de una vez por todas a la ocupación de la hacienda Tizina por parte de varias familias Yukpa de la cuenca del río Yaza, en el sector Kasmera de la parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia.
Al no encontrar a Sabino se dispusieron a sembrar terror encañonando en la cabeza a mujeres y hombres completamente indefensos, a quemar sus casas de palma, con todos sus enseres, animales y siembras. Con empujones y amenazas los sacaron con sus viejos y niños del área de la comunidad.
El rearme de los ganaderos se da en un momento de aislamiento sostenido del movimiento indígena por parte del Estado y sus instituciones agrarias, que se expresa en haberle entregado la dirección del Instituto Nacional de Tierra (INTI) a sectores militares que históricamente han defendido los intereses de los ganaderos no sólo en Venezuela, sino en toda América. El caso del Zulia es más patético, ya que su máximo funcionario no sólo es militar sino que es hijo del ganadero más poderoso del municipio, hermano del Alcalde de Machiques, acusado por la Guardia Nacional de mantener vínculos con el sicariato y el paramilitarismo.
Mientras el sicariato retoma las tierras ancestrales indígenas, el Estado les niega las cartas agrarias, se le retraza por más años la demarcación de sus tierras o se las entregan a los capitales mineros transnacionales del carbón, como el caso de las tierras de lo Barí a la empresa chilena Corporación Carbones del Perijá, C.A. (Gaceta Oficial Nº 37.965 de fecha 22/06/04) y a la gigante brasileña Compania Vale do Rio Doce todo la cuenca del río Socuy con varias familias indígenas Wayúu, con sus cabras, vacas, siembras, montañas y parte de la represa Manuelote, conformando así con CORPOZULIA la empresa CARBOSURAMÉRICA con un financiamiento de mil millones de dólares por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Bajo una lluvia de amenazas y agresiones financiadas por los ganaderos Guillermo Vargas y Luis Chacín, desde marzo del 2004 Sabino y su gente comenzó a buscar respuesta por parte del Estado y el Gobierno nacional y nada consiguió; en diciembre del 2004 la diputado nacional indígena Noely Pocaterra estuvo en la zona con una comisión realizó varias reuniones, entre éstas con el Alcalde y sus ganaderos, y al respecto nada se sabe, sólo el silencio de las organizaciones indígenas, del Gobierno y de las instituciones del Estado, y ahora la acción de sicariato o autodefensa ganadera y la tristeza en el cuerpo de Sabino y de su gente.
El pasado sábado 16 cuando fuimos hablar con el Ing. Mauro Gil, suplente del Ing. Freddy Sifontes Director del Ministerio del Ambiente, en la coordinación de la comisión regional para la demarcación de las tierras indígenas, nos informó desconocer el caso y casi justifica el hecho recordando que él les ha dicho a los indígenas que deben seguir esperando la demarcación de sus tierras y no accesar a ninguna hacienda por más abandonada que esté.
La presencia de las autodefensas ganaderas fue denunciada por nosotros en Carta Abierta al Presidente Chávez el 5 de septiembre del año pasado publicada en: http://aporrea.org/dameverbo.php?docid=50219, www.soberania.info-10/09/04 http://www.soberania.info/lusbi_portillo_portada.htm y en el semanario QUÉ PASA, Viernes, 10 de septiembre de 2004, página 4.
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