Recientemente S.S. Francisco publicó la encíclica 'Laudato, si’ (LS), cuyo tema se centra en los problemas ambientales de nuestra casa común y el papel de los cristianos como defensores de la creación, obra gratuita de nuestro Padre celestial. El silencio de la Iglesia venezolana ante la amenaza que representa el Arco Minero del Orinoco (AMO) para el planeta no impide que laicos comprometidos con la fe cristiana asumamos la tarea profética de denunciar este crimen contra la vida.

Nosotros vivimos en el planeta tierra y Venezuela no es un satélite extraterritorial, independiente de la casa común, como nos enseña el Papa Francisco (LS, 1). Y esto lo digo, porque está sucediendo un crimen contra nuestra casa común en un extenso espacio que ocupa el 12,2% del territorio nacional y que está localizado en el margen sureño del río Orinoco y al norte del escudo guayanés y de la Amazonía, pulmón, reservorio de agua y biodiversidad del mundo.

Esta situación provoca "el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo" (LS,53), porque lo que sucede en el AMO no es problema exclusivo de Venezuela: afecta a todo el planeta.

Ante este crimen ecológico no podemos adoptar una actitud de negación del problema ni la indiferencia, como tampoco la cómoda resignación o esperar de los tecnócratas su solución, como nos advierte S.S. Francisco (LS, 14). La hermana tierra clama por el daño que históricamente le ha provocado la humanidad debido al uso irresponsable y al abuso de los bienes terrenales que Dios nos ha dado gratuitamente (LS,2). Más aún, la "distracción constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito" (LS,56).

Somos una familia humana que se desplaza en órbita alrededor del sol, en palabras de Walter Martínez, en nuestra única nave espacial. En consecuencia, no puede haber limitaciones políticas o sociales que nos conviertan en especie de archipiélago humano como tampoco podemos darle rienda suelta a la generalización de la indiferencia.

El 24 de febrero de este año se publicó en la Gaceta Oficial Nº 40855 el decreto Nº 2248, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Su contenido a) contradice al quinto gran objetivo de la Ley Plan de la Patria 2013-2019, que establece "preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana", aunque paradójicamente los objetivos específicos se ajustan al discurso del decreto mencionado; b) entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 Km2, entre las cuales se encuentran dos empresas a las que se les había rescindido las concesiones durante el ejercicio gubernamental de Hugo Chávez (Gold Reserve y Guaniamo Mining Co. Ltd.), entregando nuestro patrimonio a transnacionales extranjeras vinculadas al imperialismo que tanto critica el gobierno; c) incumple requisitos constitucionales para promover proyectos de dicha envergadura y por violar garantías constitucionales, ya que no se han realizado los estudios del impacto ambiental correspondientes e ignora derechos socioculturales y laborales de las poblaciones indígenas y de los trabajadores al servicio de las empresas que firmen contratos con el estado venezolano; finalmente, d) contraviene acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos por la Nación.

Para realizar el cometido gubernamental se crea un ministerio de minería ecológica, que es una contradicción en sí misma, porque las actividades mineras agreden el ecosistema y no son actividades sustentables, ya que ocasionan daños graves a los suelos, contaminan las aguas, deforestan bosques y tienen efectos secundarios en la fauna de los espacios donde se realiza este tipo de actividad.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI), a través de la mencionada encíclica, nos advierte que "enormes intereses internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos (los recursos naturales vinculados a la explotación mineral), pueden atentar contra las soberanías nacionales" (LS,38).

En Argentina, por ejemplo, los obispos de Patagonia-Comahue denunciaron que frecuentemente las empresas multinacionales, como las que ya están interviniendo en el AMO, lo hacen aquí porque no se les permite en países desarrollados. Al cesar sus actividades "dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener" (Mensaje de Navidad, 2009, Nº 2), como ha ocurrido en la reserva de Ticoporo del estado Barinas, luego de culminar las concesiones a empresas madereras durante el siglo pasado.

El gran propósito del AMO consiste en la explotación de los minerales de bauxita, coltan, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del rio Orinoco, dividida en cuatro áreas bajo control militar para sancionar y aplicar "acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades" productivas a quienes se atrevan a ejercer derechos laborales vinculados con la libre asociación, reunión, manifestación pacífica y huelga (Art. 25 del mencionado decreto).

Nos encontramos en una especie de suspensión de garantías para interponer los derechos del estado sobre los derechos individuales y colectivos, contraviniendo el procedimiento establecido en la Constitución de la República para la declaratoria del estado de excepción y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, el pueblo venezolano y, particularmente, los pueblos indígenas afectados, se encuentran desamparados ante el silencio que guarda el Poder Moral.

Por otra parte, se afecta considerablemente el hábitat y la cultura de los pueblos originarios Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, que reúne una población superior a los 54.000 habitantes y a quienes nunca se les consultó previa y libremente como establece el Convenio 169 suscrito con la OIT y cuya voz actual de protesta es desatendida por los órganos gubernamentales competentes.

No es la primera vez que el gobierno bolivariano haya marginado a los indígenas para imponer su voluntad disfrazándola con el discurso de democracia participativa y protagónica. En los primeros años de la administración de Hugo Chávez se continuó un tendido eléctrico para surtir energía eléctrica a Brasil, iniciado por el gobierno de Rafael Caldera. Los indígenas rechazaron esta construcción por amenazar la desaparición de las culturas centenarias instaladas en esos espacios desde mucho antes que llegaran los blancos y mestizos que hoy gobiernan sobre ellos. El Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar recursos de amparo constitucional y el tendido eléctrico se inauguró en agosto de 2001 con altos costos ambientales.

Asimismo, la tardanza de la decisión del alto tribunal acerca de los diputados electos en Amazonas en los comicios parlamentarios realizados en diciembre de 2015, refleja el trato de desprecio hacia los pueblos indígenas. Mientras decide en menos de 48 horas conflictos de poder de blancos y mestizos, aspectos relativos a los derechos indígenas son desmeritados.

El gobierno nacional aprovecha la falta de organizaciones indígenas fuertes, que se han debilitado por las políticas populistas y por el retraso en la demarcación definitiva de sus territorios para acelerar decisiones políticas de extracción de minerales localizados en territorios ancestrales.

S.S. Francisco tiene sobrada razón cuando nos dice que "el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta" (LS,48). Es decir, los más pobres, los más débiles, los indígenas padecen con mayor rigor las consecuencias de las agresiones ambientales.

Por lo general, las disfunciones de la economía mundial y los modelos de crecimiento económico parecen incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente (Cfr. Benedicto XVI, Discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, 2007). Su interés principal es la recuperación del capital invertido y la obtención de plusvalía, aunque se maneje un discurso de dirigir ganancias para atender programas sociales, como ofrece el actual gobierno.

El mismo Patriarca Bartolomé nos explica que la velocidad de la intervención humana sobre el medio ambiente es superior a la lentitud de la evolución biológica. Esto se agrava si consideramos que los objetivos de ese cambio veloz no siempre se orientan hacia el bien común, ocasionando el deterioro del planeta y la degradación de la calidad de vida de la humanidad, especialmente de los más pobres, débiles y en condiciones de riesgo.

El Patriarca Bartolomé (citado en LS) expresa con gravedad que "un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios", porque forma parte de la complicada estructura social de pecado, ya que todo pecado afecta directa o indirectamente a todos los seres humanos.

El frágil medio ambiente, en esta estructura de pecado, se encuentra "indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta" (S.S. Francisco, Evangelii gaudium, 56). El estado venezolano ha decidido establecer reglas absolutas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional AMO, en la que la fuerza pública tiene un papel fundamental para evitar cualquier forma humana de defensa de la casa común y de los derechos humanos.

La ausencia de estudios para medir los impactos ambientales del AMO refleja el desinterés por escuchar la voz de la naturaleza y, por tanto, tampoco escucharán la voz de los grupos humanos afectados, particularmente los pueblos indígenas y los trabajadores al servicio de las empresas depredadoras. (Cfr. Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991, 37).

Los cristianos, como seres humanos, descubrimos nuestro cometido dentro de la creación, lo que nos conduce a cumplir deberes con la naturaleza y Dios Padre, porque forma parte de nuestra fe (LS,64). En tal sentido, reconocemos, a partir de la fe misma compromisos ecológicos ineludibles, como nos recuerda S.S. Juan Pablo II en Centesimus annus (1991, 31):" Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno".

La forma de actuación y de concebir esta intervención a la naturaleza mediante la manipulación de la información para justificar proyectos políticos o económicos nos conduce a la sospecha de la existencia de intereses particulares que prevalecen sobre el bien común.

Antes de concluir, cito textualmente: "El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros" (LS,95).

Ruego a Dios porque en la próxima Asamblea de la Conferencia Episcopal de Venezuela se apruebe un acuerdo al respecto. Asimismo, exhorto a las agrupaciones de apostolado que hacen vida en la Iglesia se hagan sentir con pronunciamientos y actividades educativas.

En Venezuela, 16 de agosto de 2016.