En el origen de la actual crisis económica mundial tiene una responsabilidad principal el sistema financiero. La especulación con los productos financieros, las llamadas subprime, el dinero barato que los bancos utilizaban sin apenas control, permitió a los bancos unos beneficios desproporcionados y a los banqueros unos sueldos estratosféricos.
Cuando estalló la crisis todo ese despilfarro lo ha tenido que pagar el pueblo. Miles y miles fueron desahuciados, otros vieron como se reducían sus ahorros y todos y todas hemos tenido que pagar la factura para "salvar" a los bancos. Factura que los gobiernos de turno han cargado sobre las espaldas del conjunto de la población. Como se dice, bien certeramente, los beneficios son privados y las pérdidas se socializan.
El capitalista Henry Ford dijo en una ocasión: "Es bueno que el pueblo no entienda el funcionamiento de nuestro sistema bancario, porque, si esto ocurriera, creo que explotaría una revolución antes de mañana por la mañana".
A finales de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció la ilegalidad de las cláusulas suelo de las hipotecas y la obligación de las entidades financieras de devolver lo cobrado ilegalmente. ¡Buena decisión! Pero, el gobierno del PP, en vez de obligar a los bancos a devolver inmediatamente el dinero se lava las manos y deja que los afectados tengan que negociar directamente con las entidades.
O sea, el Sr. Rajoy vuelve a proteger a los bancos y deja desprotegidos a los miles de afectados, a los que no les quedará otro remedio que acudir a despachos de abogados para exigir lo que les pertenece. Un gobierno del pueblo, un gobierno de izquierdas, lo haría de otra manera: "El Gobierno decide que se ejecute inmediatamente la decisión del Tribunal Superior europeo. Las entidades financieras estarán obligadas en un plazo determinado a devolver los importes cobrados de forma abusiva".
El saqueo organizado por la banca no acaba ahí. El Tribunal Supremo del Estado español también ha resuelto que eran abusivas las cláusulas que los bancos imponían a sus clientes por la formalización de una hipoteca, gastos notariales, de registro y el impuesto de actos jurídicos documentados. El Tribunal considera que debe pagarlos el banco o, en todo caso, compartirlos. Muchos jueces están decidiendo que los bancos devuelvan lo cobrado de más.
Así funciona el sistema financiero. Así roban al pueblo los banqueros, evidentemente no los trabajadores y trabajadoras del sistema financiero. A ver si se extiende como funciona el sistema y le hacemos caso al Sr. Ford.
Lo que si parece necesario es que en la agenda política de las izquierdas vuelva a plantearse la necesidad de exigentes medidas públicas de control sobre el sistema financiero y, mejor aún, la exigencia de una banca pública para que el dinero sirva para la economía productiva y las necesidades de la población.
