La oligarquía financiera trasnacional mandante en la Banca privada y en los mecanismos conexos ha asumido cada vez con mayor descaro el papel que le corresponde en la desestabilización golpista de nuestro país.
A su protagonismo o participación en la especulación financiera y cambiaria, en el mal manejo de las divisas preferenciales, los bancos "venezolanos" han añadido la instrumentación de otra serie de medidas "culpa del gobierno" tendentes a crear molestias entre la población que hoy en día hace cola frente a las puertas y dentro de sus instalaciones, entre ellas, antes el secuestro de los billetes de a 100 y ahora una versión local del "corralito" argentino.
Han desactivado la mitad de las taquillas y centros de atención al cliente y han limitado el monto de los cheques a cobrar el efectivo a retirar de cuentas propias. Entregan discriminadamente billetes de muy alta o de muy baja denominación; reducen en la práctica el efectivo retirable de los cajeros automáticos e inhabilitan muchos de ellos los fines de semana. Se paralizan por "caídas" del sistema, dificultan el uso de las tarjetas de débito y, lo último, cancelan parcialmente el monto de las pensiones. Temas que, supongo yo, logran justificar astutamente ante una pasiva SUDEBAN
Mas este "corralito" no es un fenómeno aislado ni una iniciativa particular de la Banca, sino que forma parte del conjunto de "corralitos" – alimentos, medicinas, transporte, vialidad, etc.- planificados para agredir directamente a la población con el único objeto de volverla en contra del proceso bolivariano.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tiene que atacar todos los corralitos que nos han impuesto, desde uno tan sofisticado como el educativo hasta el más pedestre –el de la basura- teniendo presente que éstos y los "corrales fronterizos y regionales" derivan del "corral mayor" urdido por el imperio para acabar con nuestra Patria.
Por ello los constituyentistas deben evitar a toda costa la conformación de "corralitos constitucionales" que entorpecería inmensamente sus tareas y afectarían sus resultados. Así, en paralelo a tomar las medidas inmediatas para acabar con la impunidad y el terrorismo, deben dedicarse en un primer momento a definir un marco de referencia común a los asuntos territoriales y sectoriales que se trabajarán luego.
Ello facilitará inmensamente las consultas y la formulación de propuestas afines a ser integradas en una nueva Constitución intrínsecamente coherente que provea un norte jurídico a una práctica que como todos sabemos avanza, se desvía, retrocedo y vuelve a avanzar en función de factores de toda índole.
Mariadela Villanueva
